2019: ‘Annus horribilis’ para la inmigración

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Es lo que corrobora el anuario Inmigración, elecciones y comportamiento político del CIDOB a través de artículos e investigaciones en los que destaca la situación de las mujeres migrantes y refugiadas, de los menores extranjeros no acompañados, y de las víctimas de trata. La «era de la deportación» se impone mientras se comprueba que los derechos humanos están siendo definitivamente subordinados a la seguridad.

«Podemos resumir el anuario de 2020 del CIDOB en dos hechos contrastados: el endurecimiento en el trato hacia las personas migrantes y la hiperpolitización de las migraciones en las sociedades», apuntó Pol Morillas, director del centro de investigación que ayer presentó en Madrid su anuario de la inmigración, poniendo el foco en el auge y consolidación de la extrema derecha radical populista, sus efectos y los elevados costes que tiene a nivel humano. 

El catedrático Joaquín Arango, que forma parte del equipo directivo que elabora el informe, se mostró contundente. «Podemos decir que 2019 ha sido un annus horribilis para la inmigración a ambos lados del Atlántico, y especialmente en Estados Unidos con la llegada de Trump». Incluso citó al sociólogo Alejandro Portes para anunciar que estamos ante el «fin de la compasión», en un momento de la historia donde se aplica la deportación de forma general, como una medida normalizada y habitual, cuando implica unas consecuencias humanas devastadoras para las personas. 

Poco antes de que los expertos tomasen la palabra, Hana Jalloul, nueva secretaria de Estado de Migraciones, aseguraba que el Gobierno va a trabajar para que «se entienda lo que es la inclusión», diferenciándolo de la integración. Mediante apuntes algo difusos –y sin entrar en cifras– aseguró que en sus primeros contactos con la realidad migratoria que llega de forma irregular a España, en concreto un viaje a Canarias, «hay historias muy duras de mujeres (…) que han llevado a la construcción de un centro para madres en Tenerife para que puedan vivir con dignidad». Defendió que el Ejecutivo español «siempre acude a salvar a todo el mundo» cuando llegan avisos de embarcaciones en el Mediterráneo y el Atlántico, así como las «garantías jurídicas» de las personas que se acogen al programa de retorno voluntario. Jalloul también abogó por el necesario cambio de la ley europea de asilo. 

Pero, como señala el anuario del CIDOB, es necesario que aumenten las medidas para que no se ejecuten deportaciones sin intervención judicial y que se revisen los permisos de residencia de personas en riesgo vital. En Estados Unidos las cifras de asilo han caído de los 110.000 admitidos en la época de Obama a los actuales 18.000. Trump, además, pretende reducir a la mitad el número de personas migrantes residentes en EE.UU. También se confirman los devastadores efectos de la externalización del control migratorio, como ha ocurrido en México y Guatemala, pero también en Grecia, donde se ha pasado de 850.000 (en 2016) llegadas a 120.000 (el año pasado), permaneciendo hacinadas en campamentos sin que la UE sea capaz de dar una solución.

Blanca Garcés, investigadora sénior del área de Migraciones y coordinadora de investigación del CIDOB, también se mostró muy pesimista ante la gestión de las solicitudes de asilo en España. «Hay una grieta en el sistema de acogida e integración que obliga a plantearse una reforma, la cuestión es cómo hacerla. En 2019 se ha duplicado el número de solicitudes de asilo, pero es que en 2018 se triplicaron en relación a las del año anterior, y la pregunta es: ¿a ese número de solicitudes se está dando la misma acogida que antes?». 

Reconocer el «colapso» del sistema y empezar a plantearse la acogida como un sistema de protección internacional personalizado, para que las personas más vulnerables no queden difuminadas, y plantear la situación no como un proceso sino como algo estructural, son algunas de las recomendaciones que recoge el anuario. Es el mismo colapso que, según Garcés, se registra en las personas que son víctimas de trata. «Fallan los mecanismos de identificación, muchas de las que solicitan asilo se convierten en historias estereotipadas y hay unas necesidades de acogida básicas que no se están asumiendo». 

En la presentación se destacó el papel que juegan las entidades sociales, a las que se debería involucrar de forma más amplia, no solo a través de convocatorias anuales que pueden limitar y poner en peligro su trabajo, así como el protagonismo que deben tener los ayuntamientos al gestionar de forma directa la acogida de las personas migrantes. 

La economía, como explicó Ramón Mahía, profesor de Economía Eplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, también obliga a centrar la atención en el efecto de las migraciones en España. «La última encuesta del INE apunta que de los 47 millones de ciudadanos que hay en España el crecimiento registrado se debe exclusivamente a la inmigración, porque siete de cada 10 nuevos habitantes son inmigrantes, y 1 de cada 5 nacimientos son de madres extranjeras».

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