Así somos

Radiografía de las migraciones africanas en España

Por Nicolás Castellano

El continente vecino es el que más población aporta, después de Europa, a España. El 75 % del millón de personas inmigrantes nacidas en África e instaladas en España proceden de Marruecos. Argelia, Senegal y Malí crecen como países de origen entre quienes se han quedado en nuestro país en los últimos 25 años. Este es el perfil de los africanos que viven en España.

Marroquí, hombre y de unos 35 años. Este es el perfil mayoritario del africano que vive en España. La población africana que tiene fijada su residencia en nuestro país asciende a 1.091.449 personas, según el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, el 18,82 % (casi 1 de cada 6) de los extranjeros que habitan nuestras ciudades y pueblos procede del vecino continente. Según el último dato publicado en el registro de «Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor», a 31 de diciembre de 2020, en nuestro país vivían 5.800.468 inmigrantes, de los que más de 3,5 millones procedían de otros países de la Unión Europea (UE).

Desde 1995, España es uno de los países más diversos del mundo gracias a la aportación de esta riqueza social procedente de tantos rincones del planeta, y especialmente desde nuestra vecina África.

Ahora bien, los datos dejan claro que la mayoría de las personas extranjeras que viven en España ­procede de otros países de la UE, que su primera nacionalidad es la rumana (1.079.726 residentes) y que de las 15 nacionalidades más numerosas solo una es africana, la marroquí, que ocupa el segundo puesto en esta estadística con algo más de 811.000 habitantes.

Esas 15 nacionalidades con más residentes suman el 75 % del total, ocho de ellas proceden de la UE, con Rumanía, Reino Unido, Italia, Bulgaria o Alemania como mayoritarias. Tres nacionalidades son originarias de América: Ecuador, Colombia y Venezuela; dos de Asia: China (que es la quinta nacionalidad en número, con 227.415) y Pakistán; y una, Ucrania, está encuadrada en lo que el Ministerio denomina «Resto de Europa» al no estar dentro de la Unión. Los grupos más importantes de residentes de fuera de la UE son de Marruecos, China, Ecuador, Colombia y Venezuela, todos por encima de los 135.000 residentes. Salvo los ecuatorianos, el resto de nacionalidades sigue en alza desde 2018, según la estadística oficial española.

¿De dónde proceden?

Sin embargo, si solo nos fijamos en las 2.264.504 personas extracomunitarias instaladas en España, ahí aparece con fuerza África, situándose como el continente que más inmigración está aportando. El 44 % de residentes de fuera de Europa ­procede de África, como ya hemos indicado con más de un millón de ciudadanos. Le siguen las personas procedentes de América Central y del Sur, con 642.265 residentes en este Régimen General –el que hace referencia a los no europeos–, lo que supone algo más del 28 % –con un incremento considerable por la regularización de la situación de los venezolanos, que casi han duplicado su población–, y después Asia, con 438.378 personas, que suponen el 19,37 % de los no ­europeos.

Sin embargo, hay matices a tener en cuenta. Por ejemplo, en España hay otras 338.827 personas procedentes de América Latina que ya no aparecen en la estadística de ­extracomunitarios porque han obtenido alguna nacionalidad europea.

Pero, ¿de qué países concretos proceden nuestros nuevos vecinos y vecinas extracomunitarios? De los 10 países no europeos con mayor número de residentes en España, encabeza la lista Marruecos, cuya población instalada en España ha crecido especialmente desde el año 1995. Hay que irse ya a los puestos noveno y décimo de ese top ten para volver a encontrar países africanos, siendo Senegal y Argelia, con cifras mucho más reducidas en comparación con Marruecos, 66.560 y 56.536, respectivamente. Nigeria, con 33.044, y Malí, con 26.731, son otros dos países africanos cuya ­presencia ha crecido especialmente en este siglo. En el registro de residentes en España aparecen 47 nacionalidades africanas. En resumen, la aportación de la inmigración marroquí a España es la que realza la presencia africana. Sin estos, por mucho que sumáramos al resto de africanos, el peso de la inmigración de África en España sería muy ­modesto.

La importancia de Marruecos

Un dato más que refleja la importancia del colectivo marroquí en España es que supone el 33 % del total de extracomunitarios. Es, de manera destacada, la primera nacionalidad, muy por encima de otras como la china, que aparece en el segundo lugar y que representa el 9,7 %. Teniendo en cuenta al conjunto de los extranjeros residentes a 31 de diciembre de 2020 en Régimen General, con marroquíes y chinos al frente, hay 15 nacionalidades que suponen el 80,3% del total. Para completar la clasificación de los cinco primeros, nos tenemos que fijar en Ecuador, Venezuela –la que más ha crecido en los últimos cinco años– y Ucrania. Y sí, insistimos, en estas 15 nacionalidades extracomunitarias mayoritarias solo tres son africanas: marroquí, argelina y senegalesa.

La primera está repartida por todo el país y, salvo en Cantabria, son el colectivo mayoritario en todas las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. La distribución geográfica por provincias de los residentes en Régimen General muestra que la población de Marruecos se ha instalado por todas las provincias, pero de manera más numerosa en Barcelona, Murcia y Madrid, por este orden. No obstante, los polos económicos acogen a la mayor parte de la inmigración extracomunitaria: Barcelona y Madrid suponen en conjunto el 36,3 % del total de residentes en Régimen General. Con Murcia, Alicante y Valencia suman algo más de la mitad de los residentes en este régimen (52,5 %). En la otra cara de la moneda, en 30 provincias y en las dos ciudades autónomas vive menos del 1 % de extranjeros residentes en Régimen General.

Los africanos y africanas que residen en España están contribuyendo a compensar la curva de envejecimiento de la población. La edad media de las personas no comunitarias es de 35 años, frente a los 44 de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística. Y es que quienes están llegando a España son jóvenes en edad laboral y fértil, con una media de reproducción muy superior al 1,1 hijos por mujer que nace en España, una de las tasas de natalidad más bajas del mundo.

Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, más de 420.000 extranjeros del Régimen General que viven en España tienen menos de 16 años, y de ellos el 58,7 % es marroquí o chino. Pero hay otro dato revelador, de todos estos menores, el 67,3 %, 283.000 niños y niñas, no llegan a los 10 años, es decir, gran parte ha nacido en España.

La realidad no oficial

Después de desmenuzar la estadística oficial más fiable para saber el perfil de la población extranjera instalada en España huelga decir, pero es necesario, que no hay ningún registro administrativo en este país que refleje la cifra real de todas las personas que se han instalado aquí en los últimos años. Más allá de estimaciones, más o menos atrevidas, cruzando datos del padrón o del número de tarjetas sanitarias, entre otras fuentes, no hay manera de saber cuántas personas siguen en situación irregular o han caído en ella –en lo que se denomina «irregularidad sobrevenida»– por no poder renovar sus permisos de residencia, entre otros muchos motivos.

Por ejemplo, la práctica totalidad de los 3.000 trabajadores del campo que viven en asentamientos de chabolas en Huelva para hacer cada año la temporada de la fresa y los frutos rojos son seres invisibles en la estadística, porque la práctica totalidad está en situación irregular en España. Otro ejemplo: de los 35.000 temporeros que llegan a partir de la primavera a regiones frutícolas como Lleida, muchos lo hacen sin el permiso de residencia. Todos ellos –y otros muchos– habitan en nuestro país sin derechos, porque el muro burocrático levantado para que consigan sus permisos se convierte en toda una carrera de obstáculos. En este sector de población excluida es más difícil aun conocer su país de procedencia, aunque sabemos que buena parte son de Marruecos, Malí y Senegal, pero también de Ecuador, Pakistán y China.

Otra forma de no estar en la estadística oficial de población extranjera residente en España es el acceso a la nacionalidad española. Cada año, miles de personas, en muchos casos después de años de largos trámites, la consiguen. A nadie le sorprende que la gran mayoría sean de Latinoamérica ni que sus condiciones de acceso sean más favorables desde el año 2000. Desde 2013 a 2019, un total de 953.194 extranjeros obtuvieron el pasaporte español, más del 65 % de América Latina, y un 26,9 % de África –en concreto 256.414 personas–, con Marruecos de nuevo a la cabeza. De las 98.954 personas que obtuvieron la nacionalidad en 2019, la última estadística publicada a este respecto por el INE, 39.263 procedían de Sudamérica y 13.570 de Centro América y Caribe. Pero también en este parámetro, la comunidad africana va ganando terreno: en 2019, 31.630 obtuvieron la nacionalidad española, siendo 24.527 de Marruecos.

Los efectos de la pandemia

El último anuario del CIDOB señala que el frenazo a la movilidad humana causado por la COVID-19 ha influido en los movimientos migratorios como solo lo hizo el efecto de las dos guerras mundiales. En el caso de España, el crecimiento de la ­inmigración en 2020 fue el más bajo en muchos años: solo creció un 1,6 % (36.190 personas). De ­hecho, en el segundo semestre de 2020 el crecimiento fue negativo, algo que no ocurría desde 2016. Frente a esto, la llegada de inmigrantes europeos sigue subiendo de manera sostenida. En cualquier caso, es pronto para saber de qué manera afectará al mapa demográfico español a medio plazo. Solo la reactivación de la peligrosa ruta del Atlántico hacia las islas Canarias destacó en medio del desplome a niveles desconocidos de las llegadas por los aeropuertos que, recordemos, son la puerta de entrada del 99 % de las personas que han migrado a nuestro país desde inicios de los años 90.

Personas de usar y tirar

La pandemia –y los cierres de fronteras con ella como excusa– ­serán un freno temporal al derecho a la movilidad. Sin embargo, no hay restricciones ni discursos racistas que puedan con la inevitable necesidad de que sigan llegando jóvenes a los países ricos como España para mantener nuestro mercado laboral, seguir sosteniendo la seguridad social y, sobre todo, seguir enriqueciéndonos como sociedad. Visualizar la realidad de las migraciones solo desde un punto de vista de masa laboral es contribuir al uso del tópico de personas de usar y tirar, de aquellas que necesitamos para los cuidados o los servicios y a los que algunos obtusos tienen la tentación de invitar a volver a sus países cuando llega la crisis económica de turno.
Entrar a España o Europa sigue siendo muy difícil para la gran mayoría de quienes lo hacen, y hay quienes estrellan sus vidas contra el muro legal que hemos construido para complicarlo aun más, condicionando que los últimos entre los últimos puedan morir buscando una vía de acceso. Lo que tampoco tiene una explicación asumible es la exigua cifra de personas africanas que consiguen llegar a España para pedir asilo, y mucho menos el ínfimo porcentaje que finalmente obtiene la protección.

La pandemia ha dejado en evidencia también la efervescencia de la toma de conciencia con la situación de una parte importante de la clase trabajadora migrante, esenciales y visualizados como tales en medios de comunicación en pleno confinamiento estricto, pero de nuevo olvidados pasado el pico mediático. No hay duda de que es una muestra más de la hipocresía y el cinismo con «los esclavos de nuestra ensalada», como The Guardian denominó a los temporeros inmigrantes del sureste de España en un reportaje. Recogieron nuestros alimentos en tiempos de confinamiento, pero no les dimos la posibilidad de regularizarse, como sí hicieron, en distinta medida, los Gobiernos de Italia o Portugal.
Salvo en discretas manifestaciones públicas, los partidos políticos carecen de la sensibilidad necesaria para incluir en sus agendas el acceso a estos derechos fundamentales. Pero, ¿cómo crear políticas para quienes no existen?

En un sistema que invisibiliza a las personas migrantes, en el que las estadísticas no recogen información alguna sobre miles de personas, en el que es imposible saber cuántos africanos hay en España o cuál es su perfil, mucho más complicado será conocer sus necesidades, sus problemas y darles respuesta.

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