Atreverse a dialogar

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Las presidenciales y legislativas plantean una continuidad que no puede permitirse Burkina Faso.

Contra todo pronóstico, las elecciones presidenciales y legislativas de Burkina Faso tuvieron lugar el pasado 22 de noviembre para demostrar que no todo está perdido en un país a la deriva por la grave inestabilidad política y social en la que está sumido desde hace un lustro.
Los comicios excluyeron a una quinta parte del territorio –fuera del control estatal– en el que el Centro Electoral Nacional Independiente no fue capaz de presentar las listas electorales por la violencia de grupos yihadistas. El hecho de que más de un millón de personas sean desplazados internos, según el ACNUR, supone que el 30 % de los 6,5 millones de electores que estaban convocados a las urnas carecen de un documento de identidad.

La inseguridad generalizada, que durante 2019 provocó manifestaciones por el precario nivel de vida y la corrupción, es la que ha consolidado la frustración en la población. «Si las autoridades no logran frenar la inseguridad que afecta a las periferias es probable que se sumen otros motivos que alimentarán el malestar social en la capital», explicaba Internacional Crisis Group en un informe anterior a los comicios, apuntando la principal dificultad con la que se enfrentará la nueva Administración: «Al provocar la exclusión de las poblaciones de las zonas insurgentes, la inseguridad reforzará la brecha entre el centro y la periferia rural, un fenómeno que ya ha contribuido al desarrollo de las insurgencias».

Sin esperar al resultado definitivo, que se conoció el 18 de diciembre, todo el mundo daba por segura la victoria de Roch Marc Christian Kaboré, presidente del país desde que el alzamiento popular de 2014 provocara la caída de Blaise ­Compaoré. El escrutinio provisional mantuvo durante días que Kaboré había obtenido casi el 58 % de los votos, muy por delante de Eddie Komboïgo, con el 15,48 % de los sufragios, por lo que no ha sido necesaria una segunda vuelta. Pero estas elecciones, donde se ha abierto el espacio político a la oposición y se presentaron 13 candidaturas a la presidencia, han sido contestadas por la oposición que al conocerse los resultados, pocas horas después de que se cerraran los colegios electorales, se organizó en el movimiento Alianza contra Kaboré para denunciar que las elecciones fueron una «farsa» plagada de irregularidades como la modificación de sedes electorales, de los horarios de apertura o el traslado de votos.

La elección de Kaboré significa potenciar la respuesta securitaria –a la que el país ya destina una cuarta parte del presupuesto nacional– para contener la expansión yihadista. En cambio, cada vez de una forma más unitaria y sólida, desde la sociedad civil y las fuerzas políticas se pide un diálogo con los grupos armados, una reconciliación que ofrezca futuro a una población en la que 3,3 millones de burkineses padecen inseguridad alimentaria y que este año ha sufrido más de 2.250 asesinatos. «Las Fuerzas de Seguridad han matado en 2020 a más gente incluso que los grupos yihadistas (…). Hay fuerzas estatales que están matando a civiles», señaló José Luengo, analista de la Organización Internacional de las Migraciones en un encuentro sobre seguridad en el Sahel organizado por Casa África en noviembre.


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