De Malí en peor: los retos de un país en crisis

A Tuareg man waves the flag of the National Movement for the Liberation of Azawad (MLNA) during a demonstration in support of the MLNA on July 28, 2013 in Kidal, northern Mali. Malians defied Islamist death threats to vote on July 28 for a president expected to usher in a new dawn of peace and stability in the conflict-scarred nation. Voters have a choice of 27 candidates in the first election since last year's military coup upended one of the region's most stable democracies as Islamist militants hijacked a separatist uprising to seize a vast swathe in the desert north of the country. Clashes between Tuaregs and black Africans in the run-up to the election left four people dead. And gunmen thought to be from the MNLA kidnapped five polling officials 200 kilometres (125 miles) north of Kidal. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD (Photo credit should read KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images)

en |

 

 

Tres años después de la Operación Serval, las cosas no van bien en Malí: el yihadismo se extiende hacia el sur del país y el norte sigue siendo escenario de una pugna sorda entre grupos armados. 

El 20 de noviembre, Malí volvía a las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo por un ataque terrorista en el hotel Radison Blu, de Bamako, que se cobraba 22 víctimas mortales, entre ellas las de los dos atacantes. La proximidad en el tiempo de los atentados de París, una semana antes, y la presencia de decenas de occidentales en el establecimiento hotelero dieron relevancia mediática a la acción. Sin embargo, este país africano lleva años sufriendo los embates violentos de radicales y grupos rebeldes. La intervención militar francesa de 2013, denominada Operación Serval, y la posterior llegada de una misión de paz de Naciones Unidas (MINUSMA) no solo no han logrado eliminar la amenaza terrorista, sino que la misma se ha extendido hacia el sur, mientras el norte sigue siendo el escenario de una pugna sorda entre grupos armados que los Acuerdos de Paz firmados en 2015 apenas han logrado apaciguar.

En Tombuctú, el general burkinés Sidiki Traoré se mesa el cabello con un gesto de hastío. “El escenario es complejo”, asegura. A la derecha de su mesa de despacho, un enorme mapa de Malí con puntos rojos. “Casi todos los días nos estalla una mina o nos lanzan algún proyectil”. Traoré es el responsable militar del sector oeste de la Misión Multidimensional Integrada de Naciones Unidas para Malí y sabe bien de lo que habla. “En julio pasado perdimos a cinco soldados en una emboscada”. Dos días después de esta conversación, un policía de la ONU moría tras la explosión de una mina y, a finales de noviembre, varios hombres armados, supuestamente miembros del grupo radical Ansar Dine, lanzaron cinco proyectiles contra la base de la ONU en Kidal, matando a tres personas e hiriendo a otras 20. Quien dijo que la guerra terminó en el norte de Malí es porque hace tiempo que no lo visita.

 

Fotografía: Getty Images

Fotografía: Getty Images

 

Los orígenes del conflicto

Para entender lo que ocurre en este país hay que remontarse a enero de 2012, momento en el que una alianza de intereses entre el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA, compuesto por rebeldes tuaregs que aspiraban a la creación de un Estado independiente en el norte de Malí) y tres grupos yihadistas (Al Qaeda en el Magreb Islámico –AQMI–, Ansar Dine y el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental –MUYAO–) provoca una rebelión en el norte que pone contra las cuerdas al Ejército, sin medios y desmoralizado. El imparable y violento avance de los rebeldes provoca, en marzo, un golpe de Estado que descabalga del poder a un debilitado Amadou Toumani Touré, pone fin a más de 20 años de democracia en Malí y sitúa en la jefatura del Estado al oportunista capitán Amadou Haya Sanogo. Apenas una semana después, todo el norte del país cae en manos de estos grupos armados, que aprovechan el desconcierto que impera en un Ejército que se da, literalmente, a la fuga.

Tras nueve meses de ocupación yihadista del norte (el MNLA fue derrotado y expulsado por sus aliados radicales) y el intento fallido de armar una coalición africana para expulsarlos, el inexorable avance hacia el sur de los yihadistas provoca la intervención militar francesa a petición del propio presidente interino del país, Dioncounda Traoré. El 11 de enero de 2013, los primeros helicópteros galos venidos de la cercana Burkina Faso comienzan a hostigar a los terroristas en Konna; apenas tres semanas después, las ciudades de Gao y Tombuctú estaban ya en manos de franceses y malienses. En los meses siguientes, el Ejército de Papá Hollande –como fue rebautizado aquellos días– persigue a los yihadistas hasta sus últimos escondites en una ofensiva sin precedentes, que llegó a sumar hasta 4.500 soldados galos que contaron con el apoyo, sobre todo, del Ejército chadiano.

Sin embargo, la Operación Serval no alcanzó algunos objetivos: los grandes capos del terror, como Mojtar Belmojtar o Iyad Ag Ghali, siguen vivos y coleando; y, lo que es aún peor, la integridad territorial de Malí no fue restablecida. Salvo Gao y Tombuctú, el norte de Malí sigue fuera del control estatal. La MINUSMA, que se inauguró en julio de 2013 y cuenta con más de 11.000 elementos uniformados, entre soldados y policías, no tiene en su mandato combatir a ningún grupo armado salvo que sea necesario para proteger a los civiles o en defensa propia. El bandidismo prolifera en los principales ejes del norte, mientras buena parte de la población sufre las consecuencias. Las agencias humanitarias y ONG apenas operan en el norte, y si lo hacen tienen los movimientos muy restringidos debido a la falta de seguridad. En 2015, por primera vez, Tombuctú se convirtió en la región del país con más niños malnutridos graves, alcanzando la preocupante cifra del 17 por ciento.

Hay una enorme cantidad de armas circulando, casi todas en manos de una miríada de grupos que han ido surgiendo en los últimos años y que se enfrentan entre sí. A vista de pájaro, dos bandos: de un lado, la Coordinadora de Movimientos del Azawad (CMA), que agrupa a todos aquellos que quieren la independencia del norte, entre ellos el histórico MNLA que desencadenó la actual crisis que vive el país; de otro, la Plataforma, en la que se alinean los fieles a Bamako, con una destacada participación del Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA), financiado y respaldado por el Gobierno.

Los históricos enfrentamientos entre tribus tuaregs, como los ifoghas y los imghades, o entre comunidades árabes, la pugna por las rutas del tráfico de drogas o por el control de zonas de pasto, las rivalidades personales, los viejos agravios. Todo se mezcla y todo cabe a la hora de justificar la violencia.

 

El presidente del país, Ibrahim Boubacar Keita, atiende a los medios tras el ataque al Radisson Blu / Fotografía: Getty Images

El presidente del país, Ibrahim Boubacar Keita, atiende a los medios tras el ataque al Radisson Blu / Fotografía: Getty Images

 

Soluciones transitorias

En noviembre pasado, la localidad de Ber, a 60 kilómetros de Tombuctú, era el escenario, una vez más, de intercambio de disparos y proyectiles entre distintas facciones. Mientras los líderes rebeldes y el Gobierno discuten en Bamako los Acuerdos de Paz de Argel –suscritos en mayo de 2015 y ratificados por la CMA– sus chicos, cansados de esperar, frustrados, ansiosos de una salida, se siguen enfrentando a tiros en el norte. “Estamos poniendo una tirita en la herida”, dice Ricardo Maia, máximo responsable de la MINUSMA en Tombuctú, “nos movemos en un escenario de tensiones intercomunitarias que existen desde hace mucho tiempo y creo que no comprendemos el contexto. Va a ser difícil que las cosas mejoren a corto plazo”.

Sin embargo, es aún peor. Durante el último año la inseguridad y los actos de terrorismo han dejado de ser patrimonio exclusivo del norte. Durante 2015 se han producido dos atentados en Bamako (en el local de copas La Terrasse, en marzo, y el ataque al Radisson Blu de noviembre, con 27 muertos en total), uno en Sevaré (en el hotel Byblos, con una docena de muertos) y varias escaramuzas entre agentes del orden y hombres armados en la frontera de Burkina Faso y Costa de Marfil, en el sur del país. En este caso, la violencia lleva el sello del terrorismo de corte radical. A los grupos ya citados que ocupaban el norte del país durante 2012 se han unido otros de reciente creación, como Al Morabitún, de Mojtar Belmojtar, y el Frente de Liberación de Macina, liderado por el predicador peul Amadou Kouffa, próximo a Iyad Ag Ghali (Ansar Dine). Ambos grupos reivindicaron el ataque al Radisson Blu.

La mayor parte de la población rechaza y condena esta violencia extremista. Sin embargo, hay señales alarmantes que hablan de una extensión del radicalismo entre la población. Que la máxima autoridad islámica en Malí, el presidente del Alto Consejo Islámico, sea Mahmoud Dicko, un wahabita declarado, no ayuda a mostrar una imagen firme de rechazo a la violencia. Tras el ataque al Radisson, este imán nacido en Goundam (cerca de Tombuctú) mostró una calculada ambigüedad condenando los hechos, pero asegurando al mismo tiempo que Occidente tenía mucha culpa en esta ola de violencia. Su discurso, lleno de referencias a la homosexualidad como uno de los grandes males de este mundo, a los que caricaturizan a Dios (Charlie Hebdo) o al terrorismo como una suerte de castigo divino, apunta en otra dirección.

En Magnanbougu, uno de los barrios más populares de Bamako, una mezquita financiada por la secta radical dawa se llena de fieles cada viernes. “Venimos a rezar, no queremos saber nada de esos locos que matan a otros seres humanos. Eso es lo contrario de ser un buen musulmán”, asegura Omar Sidibé, un creyente. Sin embargo, los gestos, la forma de vestir, la manera de rezar, la interpretación radical del Islam, todo apunta a que estamos ante una religiosidad diferente, más estricta. No se puede asegurar que de aquí salgan terroristas, pero esta mentalidad es el caldo de cultivo de quienes practican la violencia. Y se extiende por Malí y por otros países del Sahel como una mancha de aceite.

 

Fotografía: Archivo Mundo Negro

Fotografía: Getty Images

 

La debilidad del Estado

Para erigirse en autoridad moral, grupos y líderes religiosos financiados abierta o secretamente por las monarquías del Golfo se aprovechan de la debilidad de un Estado intervenido militarmente (los franceses con la Operación Barkhane –que tomó el relevo en julio de 2014 a la Serval– y sus 1.000 efectivos en Malí; la MINUSMA, servicios de inteligencia de medio mundo…), con escasos recursos económicos y cuyo presidente ha mostrado una limitada capacidad de tomar decisiones. Ibrahim Boubacar Keita (IBK), salido de las urnas en el verano de 2013, fue elegido porque en su etapa de primer ministro exhibió una notable mano dura contra los rebeldes del norte. Hoy en día, sin embargo, esas mismas manos las tiene atadas. Pero además IBK está empezando a lograr algo hasta hace unos meses impensable, que su gestión se perciba casi tan pésima como la del depuesto Amadou Toumani Touré. Que una de sus primeras decisiones fuera comprar un avión de 40 millones de dólares para sus viajes al extranjero no fue acogido como el mejor de los signos.

La personalidad política designada por los votos para hacer frente a la inacción o los errores del Gobierno de IBK es Soumaila Cissé, quien llegó hasta la segunda vuelta en los comicios de 2013. Sin embargo, el jefe de la oposición ha sido recompensado por IBK con un trato distinguido que incluye un salario muy por encima de la media y otras prebendas. Su voz apenas se escucha. Frente a él, quien martillea constantemente al Ejecutivo es el exministro de Asuntos Exteriores, candidato con poco éxito a las presidenciales y uno de los arquitectos del proceso de paz de Uagadugú, Tiebilé Dramé. El problema, una vez más, es que la clase política en su conjunto es percibida en Malí como fuente y origen de todo tipo de corruptelas, lo que merma sus capacidades y deja el campo libre a otros actores sociales y líderes religiosos.

El año 2016 será decisivo. Aunque el Estado Islámico no parece haber extendido sus tentáculos en este país, el escenario global de lucha contra el terrorismo islámico sitúa de nuevo a Malí en el centro del mapa del interés mundial. La más que posible llegada de nuevas tropas extranjeras para apoyar a Barkhane (Alemania ya ha comprometido 650 hombres y España se lo estaba pensando antes de las elecciones del 20 de diciembre) y la necesidad de frenar la extensión del radicalismo están sobre la mesa.

Por otra parte, habrá que evaluar si los Acuerdos de Paz caminan en la dirección correcta. Muchos grupos armados tienen altas expectativas respecto a la integración de sus miembros en servicios del Estado como Ejército, Policía y Aduanas, así como de cara a la concesión de una amplia autonomía para el norte y una lluvia de millones de francos CFA en forma de inversiones y ayudas. Que medio año después los avances hayan sido escasos habla de la enorme complejidad de su aplicación real. En 2013, la propia existencia de Malí como Estado estaba seriamente amenazada. Una intervención quirúrgica de urgencia ha permitido que hoy el país no esté al borde de la muerte, pero el mal que le acosaba sigue estando ahí. Las heridas siguen sangrando.

 

Mercado callejero en tombuctú / Fotografía: Archivo Mundo Negro

Mercado callejero en tombuctú / Fotografía: Archivo Mundo Negro

Colabora con Mundo Negro