Después de la revolución, ¿qué?

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Avances y desafíos del proceso de transición política



Por María Ángeles Alaminos Hervás
Prof. RR.II. Universidad Loyola Andalucía. Investigadora de UNISCI

Sudán ha experimentado un cambio tan drástico e inesperado que muchos son los interrogantes que surgen todavía acerca de la Revolución de diciembre, que acabó con casi 30 años de mandato férreo de Omar Hassan al Bashir. Ahora, sobre el tapete político sudanés, se juega una partida que puede deparar nuevas sorpresas. 

En diciembre de 2018 comenzó en Sudán un movimiento pacífico de protesta a lo largo de todo el país, que culminó con la formación de un Gobierno de transición en agosto de 2019. Si bien las primeras manifestaciones tuvieron como detonante la escasez de productos básicos y el aumento de los precios de la comida, el combustible o las medicinas, rápidamente se exacerbó el malestar social y se hizo patente la demanda de un cambio político, con el consiguiente desafío al régimen de Omar Hassan Al Bashir, que fue finalmente derrocado el 11 de abril de 2019, después de casi 30 años en el poder. La denominada Revolución de diciembre constituye el tercer momento histórico de transición política pacífica hacia un gobierno civil en Sudán, junto con las revueltas populares de octubre de 1964 y abril de 1985.

Un adolescente cerca del cuartel general de las Fuerzas Armadas en Jartum. Fotografía: Ozan Kose / Getty

Factores para un levantamiento

Las protestas pacíficas masivas estallaron el 19 de diciembre de 2018 en Atbara (estado del Nilo), y se extendieron rápidamente a otras ciudades, particularmente en la parte central del país. El factor desencadenante fue la retirada del subsidio gubernamental y la triplicación del precio del pan, medidas que se enmarcaron en los planes de reforma económica de las autoridades sudanesas, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), y que fueron mal acogidas por la sociedad sudanesa. De hecho, el temor al descontento social hizo que el Gobierno comenzara a aplicar las medidas de austeridad en regiones fuera de la capital, para poder evaluar el grado de malestar social que pudieran generar, antes de decidir su implementación en el área metropolitana de Jartum. 

Esta última ola de protestas se enmarca en un contexto económico condicionado por la grave crisis que lleva sufriendo el país desde la secesión, en julio de 2011, de Sudán del Sur, donde se concentra hasta el 75 % de las reservas de crudo anteriormente compartidas, mientras que Sudán controla los oleoductos necesarios para la exportación internacional. Por el momento, Sudán no ha conseguido compensar la pérdida de las rentas del petróleo, que constituían el principal generador de ingresos para el país, lo cual ha derivado en una coyuntura económica extremadamente desfavorable, con efectos devastadores para la población (ver análisis económico, pp. 22-26). 

El éxito de las últimas manifestaciones en Sudán se cimenta sobre la base de un largo período de movilización popular y resistencia. De manera particular, en 2012 y 2013 ya se habían producido protestas multitudinarias en respuesta a la imposición de medidas de austeridad y el aumento de los precios de los productos básicos, mostrando así el descontento creciente de la población ante las difíciles condiciones de vida, aunque el Gobierno había sido capaz de apagar las revueltas mediante la violencia y la represión. 

Al igual que en años anteriores, las manifestaciones derivaron rápidamente en reclamaciones políticas y de índole social, y contaron con una importante participación de las mujeres en las distintas acciones de protesta colectiva. La contestación ciudadana refleja la oposición de gran parte de la sociedad civil a las prácticas de corrupción y clientelismo del Gobierno de Al Bashir. Es fundamental comprender el movimiento de protesta desde la perspectiva política, así como la severa crisis de gobernabilidad que arrastra el país desde hace décadas, lo cual se refleja en el complejo proceso de construcción del Estado sudanés. En este sentido, podemos distinguir dos dinámicas. Por un lado, el despliegue de la movilización popular en las áreas centrales del país, como respuesta a las difíciles condiciones de vida de la población; y, por otro, una dinámica centro-periferia según la cual estas últimas regiones son marginadas del acceso y disfrute de los recursos económicos y políticos del país. Esto ha constituido, a lo largo de la historia sudanesa, el germen de los enfrentamientos y conflictos armados recurrentes que han surgido en las periferias sudanesas contra el centro del país. 



Hameidti, hombre fuerte del CMT. Fotografía: Ashraf Shazly / Getty


De la caída de Al Bashir al Gobierno de transición

El punto álgido de las movilizaciones para terminar pacíficamente con el régimen imperante en Sudán se alcanzó el 11 de abril de 2019, con el derrocamiento de Al Bashir. La oposición popular, liderada por la Asociación de Profesionales Sudaneses (APS), junto con otros grupos de la sociedad civil y las principales fuerzas de oposición política –signatarios en el mes de enero de la Declaración de la libertad y el -cambio– habían conseguido dar un paso fundamental en el largo camino hacia la transición política. El segundo reto inmediato para las denominadas Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC, por sus siglas en inglés), era concluir lo antes posible el proceso de transición hacia un sistema de gobierno democrático.

Un hombre armado vigilaba el pasado 17 de diciembre el reparto de ayuda humanitaria en Yabus (Nilo Azul). Fotografía: Mahmoud Hjaj /Getty



No obstante, después del golpe de Estado que depuso a Al Bashir, las medidas políticas no fueron alentadoras, y se puso de manifiesto la continuidad, con una nueva apariencia, del régimen anterior. La creación de un consejo militar para administrar el país, y la permanencia de los hombres fuertes del régimen a la cabeza del Consejo Militar de Transición (CMT) provocaron el rechazo frontal de las FFC, que llamaron a nuevas movilizaciones para exigir la entrega del poder a un gobierno civil. 

Aunque el CMT decidió sacrificar a algunos aliados de Al Bashir, las tensiones entre el régimen todavía vigente y los manifestantes continuaron, y se recrudeció la represión de las protestas. La peor masacre se produjo el 3 de junio de 2019, cuando las fuerzas de seguridad, en particular las Fuerzas de Apoyo Rápido (paramilitares), abrieron fuego contra la población congregada fuera del cuartel general de las Fuerzas Armadas, enclave emblemático de las revueltas, provocando cientos de muertos y heridos. La reacción de la comunidad internacional fue la condena de la represión, y la Unión Africana (UA) suspendió a Sudán del organismo hasta el establecimiento de una autoridad civil para el período de transición. 

Después de complejas negociaciones entre el CMT y la coalición opositora (FFC), con la mediación de la UA y Etiopía, las partes firmaron un acuerdo político el 17 de julio, aceptando la creación de una estructura para el período transitorio, ratificada con la firma de un acuerdo constitucional el 4 de agosto, formalizado en Jartum 13 días después. 

Las principales medidas para compartir el poder en este tiempo, de 39 meses de duración, tienen como objetivo allanar el camino para la conformación de un Gobierno civil. Se estableció un Consejo Soberano, compuesto por seis civiles y cinco militares, que se alternarán en la presidencia del mismo (los primeros 21 meses lo dirigirá un militar, y los 18 siguientes un civil), que de momento asumió el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del CMT. El Gobierno está liderado por un primer ministro, nominado por las FFC y confirmado por el Consejo Soberano, nombramiento que recayó en el reputado economista -Abdallah -Hamdok el 21 de agosto, indicio inequívoco de la prioridad que se desea otorgar a poner solución a la grave situación económica. Este ha sido el encargado de nombrar a los ministros de su gabinete, a excepción de los responsables de Defensa e Interior, elegidos por los militares del Consejo Soberano. Asimismo, se estipula la formación de un Consejo Legislativo de Transición, compuesto por no más de 300 miembros, el cual debe incluir al menos un 40 % de mujeres. Con el objetivo de ser representativo de los principales grupos de la sociedad civil, se dispone que el 67 % de los miembros sean elegidos por las FFC, y el 33 % por otras fuerzas no firmantes de la Declaración de la libertad y el cambio.  

A pesar del optimismo generado por las medidas adoptadas para el período transitorio, persiste la preocupación de que no se lleven a cabo verdaderas reformas políticas y económicas, y que este tiempo sirva, en realidad, para reciclar el régimen, bajo la batuta de Mohamed Hamdan Daglo, Hameidti, antiguo estrecho aliado de Al Bashir. De hecho, expertos como Alex de Waal consideran que Hameidti, y las temidas Fuerzas de Apoyo Rápido bajo su mando, ostentan en la actualidad el verdadero poder en Sudán, dominando la economía política del país por encima de las frágiles instituciones de transición.

Dos seguidores de Al Bashir le muestran su apoyo tras ser condenado por corrupción. Fotografía: Ebrahim Hamid / Getty


Darfur y las Dos Áreas

Muchos son los retos a corto y a largo plazo que le quedan por delante al Gobierno de transición. Una de las prioridades es reanudar los esfuerzos para alcanzar la paz en los escenarios internos de conflicto, de manera fundamental en Darfur y las Dos Áreas (los estados de Nilo Azul y Kordofán del Sur, regiones fronterizas entre Sudán y Sudán del Sur). 

La explotación de los recursos humanos y materiales de las periferias sudanesas por parte del centro ha sido constante a lo largo de la historia. Una de las manifestaciones del patrón generalizado de marginación de esas regiones periféricas lo constituye el estallido y escalada de violencia desde 2002-2003 en la región occidental sudanesa de Darfur. Asimismo, la situación en las denominadas Dos Áreas sigue enquistada desde los intentos fallidos de resolución de conflictos en el momento de la firma del Acuerdo Global de Paz en 2005 y en años posteriores. 

Hamdok ha revitalizado las conversaciones de paz con diferentes grupos rebeldes que llevan años luchando contra el Gobierno de Jartum, incluyendo a líderes rebeldes de Darfur y las Dos Áreas. Las primeras conversaciones para preparar la negociación y fomentar la confianza entre el Gobierno y los distintos grupos armados tuvieron lugar en Yuba, la capital de Sudán del Sur, el pasado mes de septiembre. El resultado fue la firma conjunta, el día 11 de ese mes, de una declaración de principios, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de paz y conseguir el fin de los distintos focos de conflicto civil. Poco después, el 14 de octubre, se inició de manera formal el proceso de paz con la primera ronda de negociaciones celebrada también en Yuba.  

En diciembre se adoptó una hoja de ruta para abordar las cuestiones esenciales del proceso de paz, incluyendo el fin de la violencia, el regreso de los refugiados y los desplazados internos, o la integración de los grupos rebeldes en las Fuerzas Armadas sudanesas. De manera más significativa, se plantearon cuestiones de reparto de poder y de resolución de las causas profundas de los conflictos, lo cual supone una novedad respecto a negociaciones previas basadas en beneficios particulares y resultados a corto plazo. A día de hoy, después de las rondas de conversaciones de los meses de enero y febrero, parece que la nueva Administración está intentando encarar el proceso de forma más comprehensiva, abriendo el debate a cuestiones de gobernabilidad, descentralización y reparto de los recursos económicos, aunque no se ha llegado todavía a ningún acuerdo de paz.  

Aunque es pronto para evaluar los resultados del diálogo político, el comienzo del proceso de paz –que ha incluido un alto el fuego pactado por las partes– ha sido bien acogido tanto por los grupos rebeldes y la población sudanesa, como por los expertos y observadores internacionales, que ven con esperanza las nuevas iniciativas para conseguir una paz duradera y la reconciliación nacional. 

No obstante, siguen dándose episodios violentos en Darfur, Nilo Azul, Kordofán del Sur y, en menor medida, en otras regiones periféricas de Sudán, como la parte oriental del país. También hay reticencias de los grupos rebeldes, en particular en Darfur, ante la posición de poder de Hameidti, uno de los principales líderes yanyauid responsables de la represión violenta de Darfur. Esta desconfianza, junto con la reducción progresiva de la operación híbrida de la UA y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) –en el terreno desde 2007– deja la zona en una posición muy vulnerable en términos de seguridad. De hecho, la completa retirada de las fuerzas de paz estaba prevista para junio de 2020, pero el nuevo Gobierno ha pedido una extensión del mandato, hasta octubre de 2020, para poder avanzar en las conversaciones de paz y garantizar una mínima seguridad en la región, todavía marcada por la inestabilidad. 

19 de diciembre de 2019: un año después del estallido de la revolución, los sudaneses celebran su triunfo subidos al tren que une Atbara con Jartum. Fotografía: Ashraf Shazly / Getty
Escenarios posibles

La Revolución de diciembre y la formación del nuevo Gobierno de transición han traído consigo la esperanza de que se produzca un cambio pacífico hacia la democracia en Sudán. Se han producido algunas transformaciones históricas como el derrocamiento de Al Bashir, la disolución del Partido del Congreso Nacional, la voluntad de entregar al expresidente al Tribunal Penal Internacional –el 11 de febrero, Hamdok confirmó que Al Bashir será entregado al TPI. Sin embargo, Al-Burham en una entrevista concecida a Asharq Al Ausat advirtió de que su comparecencia ante la corte internacional «no tiene que implicar necesariamente su presencia en La Haya– o la formación de un Gobierno de transición político-militar antes de convocar elecciones dentro de tres años. 

No obstante, el nuevo Ejecutivo debe afrontar desafíos de notable importancia en los ámbitos económico, político y de seguridad. En primer lugar, resulta urgente adoptar medidas para atajar la crisis económica y dar respuesta a las necesidades de la población. En segundo lugar, después de 30 años con un régimen militar-islamista, las fuerzas del cambio desconfían de las instituciones del Estado, caracterizadas por las prácticas clientelares y patrimoniales. Si bien los cambios realizados hasta ahora han sido acogidos con optimismo, hay que profundizar en las reformas para desmantelar la arquitectura del antiguo régimen. En este sentido, es fundamental reformar las Fuerzas de Seguridad del Estado, fragmentadas en distintas facciones, las cuales podrían llegar a enfrentarse. En tercer lugar, la transformación democrática de Sudán requiere avanzar en la superación de las dinámicas centro-periferia y promover iniciativas contundentes de construcción de la paz en el país, para terminar con los episodios de tensión y violencia en las regiones periféricas, dadas las consecuencias humanas y los riesgos de desestabilización que conllevan. 

Asimismo, el apoyo regional e internacional, tanto político como económico, resulta esencial para que el proceso de transición desemboque en un gobierno civil estable y en una situación de paz duradera. El momento actual es de extrema fragilidad, y los acontecimientos pueden desembocar tanto en una inestabilidad peligrosa como en una transformación integral del país.   



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