«El Gobierno está propiciando la estigmatización de los migrantes»

en |

Ana González-Páramo, investigadora senior de Fundación PorCausa



Ya no se trata de Lesbos ni de Lampedusa. Ahora le toca el turno a Canarias. 14 años después de la crisis de los cayucos, el archipiélago vuelve a ser el punto de llegada de personas migrantes que emprendieron una travesía muy peligrosa en su afán por llegar a Europa. La aplicación de políticas erráticas, una descoordinación evidente y un alto grado de oscurantismo han protagonizado la respuesta del Gobierno. Mientras, los populismos xenófobos y de extrema derecha azuzan el falso debate de la migración como problema. De todo ello, y del Pacto de Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea, preguntamos a Ana González-Páramo, investigadora senior de Fundación PorCausa. Nos responde por correo electrónico desde La Haya.



¿Cuál es su opinión sobre la situación que está viviendo Canarias en las últimas semanas?

La situación en Canarias es una clara crisis de acogida y de descoordinación. En ningún caso es una crisis migratoria. El número de personas retenidas es perfectamente asumible por el sistema de acogida español si se les permitiera acceder a la península, como ocurrió en 2006 durante la crisis de los cayucos. Ya se preveía un aumento de llegadas por parte de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y de Frontex, pero ni hay recursos policiales suficientes para hacer identificaciones, ni personal sanitario para hacer controles de salud o asistir a personas vulnerables, ni infraestructuras y equipamiento de acogida apropiados. Además de incumplir como Estado de derecho, el Gobierno está propiciando la estigmatización de los migrantes y su utilización como carburante para la xenofobia. En tiempos de COVID-19, de crisis económica feroz en un archipiélago que vivía del turismo, arriesgar la paz social es muy peligroso.


¿Es la gestión de la migración un arma poderosa para el crecimiento de los populismos xenófobos y la extrema derecha?

Mas que la gestión, que es el eje más desatendido de las actuales políticas migratorias, el control migratorio y el blindaje de fronteras es hoy la excusa y el acicate de los populismos antimigracion. La agitación del miedo al otro, al desconocido, al extranjero, es un arma muy poderosa. Se propaga rápidamente y obtiene réditos electorales seguros.


Ana González-Páramo, investigadora senior de la Fundación PorCausa. Fotografía de apertura: Médicos Sin Fronteras.

Vuelvo sobre Canarias. Se está comparando al archipiélago con Lampedusa o Lesbos.

El enfoque de puntos críticos (hotspot) implica una recepción organizada con apoyo de las agencias europeas de asilo (EASO), Frontex, Europol y Eurojust. Esto no es garantía de funcionamiento y de respeto de derechos, como vimos en Moria. Aunque tan solo Italia y Grecia se acogieron a este sistema, en lo que sí se parece Canarias a Lampedusa o Lesbos es en ser zonas de retención o contención geográfica donde se produce un limbo legal, al no darse un verdadero acceso al territorio, y una excepcionalidad poco garantista. Frontex prepara ya una operación conjunta cerca de Senegal a partir del próximo año y están ya en el terreno ayudando a la identificación de personas. Las deportaciones ya están en marcha amparadas por un acuerdo de readmisión de 2003 que permite incluso expulsar a Senegal a nacionales de terceros países en caso de que transitaran por el país con destino a España.


¿No es esto un fracaso «normalizado» más de la UE?

El gran fracaso es que cinco años después de la crisis de acogida y de solidaridad de 2015, el reciente Pacto de Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea perpetúe el mismo sistema reactivo de blindaje y contención de emergencia. Se ha cedido a las demandas de los Estados miembros más insolidarios al renunciar a la reubicación obligatoria y se ha propuesto un sistema de «insolidaridad a la carta» que augura aún más complicaciones operativas, legales y administrativas. El caso de Canarias no será el último.


Comisión Europea. Fotografía Pixabay.


¿Qué responsabilidad tienen Grecia, Italia o España en esta realidad?

Su condición de frontera sur debería darles la fuerza de negociar con Bruselas un pacto más justo, con un reparto solidario de la acogida más creíble que el propuesto en el Pacto migratorio. La desproporción en la carga de la presión fronteriza de estos países no ha sido aliviada con el Pacto, y se ha añadido aún más incertidumbre al dejar al arbitrio de cada país su grado de implicación.


¿Se enfrentan en el nuevo Pacto europeo los derechos de las personas migrantes y el miedo de los países con frontera exterior de la UE?

Esto no debería ser así. No es una decisión o elección entre derechos o seguridad. Esta falacia propicia dinámicas muy peligrosas. El enfoque securitario estigmatiza y llega a criminalizar al migrante. El sistema, las leyes, las políticas y el relato público excluyen a las personas migrantes y las deshumanizan.


¿Es ahora más complejo el fenómeno migratorio que hace décadas?

Sin duda, desde que vivimos en un mundo globalizado, todo es más complicado, pero también todo está más conectado. La globalización y la migración son hoy actores internacionales. La movilidad y el desplazamiento han sido el motor de la humanidad. Hoy capitales y mercancías viajan libremente, mientras las personas encuentran cada vez más fronteras. El repliegue soberanista de los últimos años debería ceder ante la evidencia de la necesidad de las migraciones. No solo por el aporte demográfico sino al mercado laboral y a las cuentas públicas. Cuanto antes se aborde ese debate mejor preparados llegaremos al futuro.


Si es mucho mayor la migración regular, incluyendo a demandantes de asilo, que la derivada de la migración irregular, ¿por qué es necesario reformar la política migratoria?

Aun no se ha abordado seriamente la gestión de la migración regular. En primer lugar, hay que desandar el camino del relato sobre la migración, muy contaminado por los populismos xenófobos. La Comisión Europea ha hecho un esfuerzo últimamente, pero falta acompañar el envoltorio con un contenido creíble. El hecho de haber pospuesto el plan de inclusión y el debate sobre la migración regular dice mucho de la inmadurez de estas políticas.

La pandemia ha hecho visible la necesaria presencia de trabajadores migrantes en sectores que forman el engranaje básico de la cadena de producción, funcionamiento y cuidado de nuestras sociedades. Ha sido una oportunidad para añadir argumentos económicos, fiscales y sanitarios en favor de la aportación de la migración en nuestras sociedades. Mientras Portugal e Italia se atrevieron con regularizaciones extraordinarias de carácter temporal o sectorial, España, sin apenas publicidad y de manera parcial, adoptaba tímidas medidas en el sector agrícola que garantizaban la extensión temporal de sus permisos de trabajo y apoyaba a jóvenes extranjeros extutelados, entre los 18 y los 21 años, para que se incorporasen al sector y no quedaran desamparados en medio de esta crisis. Reconocer y facilitar a las personas migrantes contribuir en nuestras sociedades no solo es una cuestión social o ética, es también económica. Según el informe de Fundación por Causa y la Universidad Carlos III una regularización de migrantes supondría para las arcas públicas más de 1.500 millones al año. Si en lugar de estar centrado en el control, el sistema fuera más flexible, los flujos migrantes se adaptarían más naturalmente a las necesidades y la complementariedad de los mercados.  


El tratamiento de la migración como problema y desde el enfoque de la seguridad ¿está justificado?

Claro que no. La migración trae muchos beneficios. También desafíos como la inclusión o la presión temporal sobre determinados recursos o servicios sociales. Pero el balance es siempre positivo, no solo porque necesitamos aporte de población y de mano de obra en países envejecidos, sino como contribuyentes, profesionales, empresarios, cuidadores, sanitarios… En el contexto de la COVID-19, esa necesaria contribución se ha hecho más visible en sectores esenciales y es un momento perfecto para reconocerlo y facilitar vías legales de entrada, reconocer sus títulos y calificaciones y hacerles partícipes de la vida ciudadana y política como miembros de la sociedad.



Trabajador migrante repara una acera. Fotografía Pixabay.



¿Hasta qué punto está detrás de la financiación europea de fronteras el negocio de la seguridad?

El negocio de la seguridad ha estado detrás del propio diseño de esas políticas securitarias. Tal y como desgrana el informe de Fundación porCausa sobre la Industria del Control Migratorio, los beneficios e influencia del sector de la seguridad en torno al negocio de las fronteras es cada vez más amplio, consolidado y diversificado.


El cambio de retórica en el Pacto, ¿obedece más a una preocupación por las apariencias que por un verdadero interés por las personas migrantes?

Creo que hay un verdadero interés en cambiar la narrativa migratoria, sobre todo por el interés de las sociedades europeas. El problema es que este cambio de lenguaje, muy esperanzador, envuelve un Pacto de contenido básicamente securitario.


Mientras en la Unión Europea las palabras hablan de humanización de las migraciones y de incremento de la cooperación, en paralelo se refuerza el control fronterizo. ¿Esto existe también en España?

España es frontera exterior y la única terrestre entre Europa y África. Los intereses de España han ido transformándose a medida que el país también se convertía en país de tránsito y destino migratorio. Pero además, España tiene frontera y vecindad bilateral con Marruecos, además de un pasado colonial en común. Lo mismo pasa con Italia o Francia respecto a Libia o Argelia respectivamente, por ejemplo. Los acuerdos bilaterales entre Estados miembros y terceros países ya existían antes de que la UE empezara a superponer los acuerdos regionales y su política de externalización migratoria.


¿Podemos hablar de chantaje en la actitud de Marruecos en la política migratoria?

Marruecos juega muy bien la baza de país de tránsito y socio meridional preferente, con las relaciones más desarrolladas del vecindario europeo. Es destinatario de cuantiosos fondos e instrumentos financieros europeos para el control migratorio como el Instrumento de Vecindad o el Fondo Fiduciario para África y sabe forzar sus negociaciones para hacer avanzar su agenda nacional.


¿Que le parece que la UE externalice el control fronterizo a países sin garantías democráticas como Turquía, Marruecos o Mauritania?

Es muy grave. No solo estamos deslocalizando y subrogando el control de fronteras, sino que estamos incumpliendo obligaciones legales internacionales arrojando, en el caso de Libia, a seres humanos a la tortura, la extorsión y la muerte. Europa pierde además sus valores y su marca como cumplidor ejemplar y garante de derechos. Cuando se habla de buscar las causas raíces de las migraciones, la UE debería también analizar sus acuerdos y políticas comerciales con terceros Estados. Si esos acuerdos comerciales impiden a la población local seguir ganándose la vida con la pesca, por ejemplo, no queda más alternativa que la migración.


¿Qué efecto tendrá la reciente sentencia del Tribunal Constitucional español que respalda las devoluciones en caliente?

Las devoluciones en caliente son contrarias a la Convención de Ginebra de 1951. Se llamen como se llamen es una violación de derecho internacional, que impide la correcta identificación de personas necesitadas de protección internacional. La línea iniciada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en febrero, y consolidada por el Tribunal Constitucional en noviembre, se mantiene en relegar el enfoque de derechos a un segundo plano tras el omnipresente enfoque securitario. El Gobierno español puede desviarse de este enfoque, aplicar el acervo legal vinculante y dejar una impronta valiente en esta materia.



Concentración en Canarias contra las políticas fronterizas de la Unión Europea. Fotografía cedida por Antonio Vieira.


¿A qué espera la Unión Europea para abordar el gran debate sobre la migración laboral?

En último lugar de la larga lista de propuestas del Pacto, la Comisión anunció que promoverá la migración legal a través de medidas anunciadas para 2021: un paquete sobre capacidades y talentos, la revisión de la directiva sobre los residentes de larga duración y de la de permiso único, acabar la negociación legislativa de la directiva sobre Tarjeta Azul, etcétera.  También está abierta una consulta pública en relación con la atracción de capacidades y talentos, lo que demuestra que aún hay muchas cosas por definir.

Lo positivo es que, al menos, hay un esfuerzo pedagógico por parte de la Comisión para limpiar la narrativa de las migraciones. Estamos a años luz de países como Canadá, que acaba de anunciar, como objetivo, atraer a más de 1,2 millones de migrantes durante 3 años con el fin de cubrir la escasez de mano de obra en sectores determinados e impulsar su economía. Tímidamente, Europa empieza a comunicar de manera positiva las migraciones y se publican informes oficiales sobre los beneficios económicos y fiscales de los trabajadores extracomunitarios. Pero queda mucho por hacer.


Cuando la comisaria Johansson dijo que el Pacto no iba a gustar a nadie, ¿cree que se refería a los Estados miembros de la UE o también a terceros países?

Hay que reconocer que encontrar un espacio de consenso en la UE más allá del blindaje fronterizo, la externalización y la deportación es tarea ardua viendo la discordia y la falta de solidaridad entre Estados miembros. Pero, incluso con todos los obstáculos, el Pacto ha sido decepcionante para todos, no solo para los Estados miembros, sino para las organizaciones de la sociedad civil. Ha sido una oportunidad perdida.


¿Qué opinión le merece el Plan de Acción, Integración e Inclusión presentado por la UE?

Para compensar el inmovilismo del Pacto, este Plan de acción despliega de nuevo un relato mucho más positivo de las migraciones. Aunque ensancha su ámbito de aplicación de ciudadanos extracomunitarios a aquellos ya naturalizados y a los nacidos en Europa de padres migrantes, no deja de ser un conjunto de buenos propósitos no vinculantes.

En cualquier caso, el plan propone buenas ideas –educación y formación, reconocimiento de títulos y habilidades, acceso a la vivienda, a los servicios sociales y sanitarios–, probablemente acompañadas de una generosa financiación, así como su compromiso para fomentar acuerdos entre todos los actores políticos, sociales, económicos, empleadores y de los propios migrantes, siendo esto último una novedad. También es un acierto el enfoque en combatir la discriminación, mejorando los datos, realizando encuestas y, en definitiva, haciendo una foto real de los retos y obstáculos a la inclusión.

Si miramos a uno de los modelos de integración global como es Canadá, cualquier plan o política de integración eficaz debería ir acompañada de un compromiso político por cambiar la percepción de la ciudadanía sobre la migración. Ese esfuerzo público en asociar el progreso del país a la migración, sería una garantía de éxito para la integración.




Colabora con Mundo Negro