El TPI investigará las atrocidades cometidas en Nigeria

A man reacts as he reunites with his son who was among those who were kidnapped upon their release in Katsina, on December 18, 2020. - Exhausted and dishevelled, several hundred Nigerian schoolboys seized in a mass abduction claimed by Boko Haram experienced their first full day of freedom on December 18, 2020 after a nearly week-long ordeal. (Photo by Kola Sulaimon / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

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El Tribunal Penal Internacional (TPI) ya dispone de pruebas suficientes para iniciar una investigación a la que seguirán unas acusaciones y un juicio por los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos tanto por Boko Haram como por las Fuerzas de Seguridad nigerianas.

Diez años ha necesitado la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para ordenar la apertura de una investigación completa que haga justicia a las víctimas que llevan más de una década sufriendo violencia en Nigeria, y que en la actualidad viven en zonas del país donde la inestabilidad y el caos impiden que impere la ley.

El anuncio coincidió con la liberación de los menores secuestros el pasado 11 de diciembre y cuya autoría reclamó Boko Haram. Un total de 344 alumnos de una escuela del estado de Katsina fueron sustraídos a la fuerza mientras decenas de niños huían. Aminu Bello Masari, gobernador del lugar, reconoció que no había sido capaces de recuperarlos a todos y desmintió que se hubiera producido alguna muerte, algo que no coincide con el testimonio de un menor –difundido en un vídeo por el grupo extremista– en el que asegura que varios niños fallecieron durante el ataque de los aviones del Ejército nigeriano. El secuestro de Katsina recordó, inevitablemente, al de las 300 niñas de Chibok –en 2014– que permanecieron retenidas durante años y que aún hoy sufren secuelas de su cautiverio.

Apenas unos días después, el 20 de diciembre, las autoridades abortaron un nuevo secuestro de 84 niños en la misma zona. «Según el relato de las autoridades y de testigos, fueron raptados por un grupo de delincuentes armados que emboscaron a los alumnos cuando salían de una celebración musulmana en la localidad de Dandume (estado de Katsina)», informó la televisión France 24, explicando que Boko Haram está en contra de que reciban educación que consideran no islámica.

La luz en la alarmante situación que se vive en varias regiones de Nigeria la pone el TPI, que se ha convertido en una esperanza, a pesar de que el proceso será muy largo. «Es una investigación preliminar que pasa a ser considerada investigación por parte del TPI por haber encontrado una base para defender los indicios de crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos por Boko Haram y por otros grupos armados, a la vez que, y esto es lo más destacable, también existen pruebas para investigar actuaciones de las Fuerzas Armadas nigerianas vinculadas a desapariciones o traslado forzoso de la población… Respecto a Boko Haram, era previsible que la decisión fuera en esta línea: son atrocidades conocidas, pero es un paso que obliga a investigar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en graves violaciones de los derechos humanos», explica a MUNDO NEGRO Josep María Royo Aspa, investigador de la Escola de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona. A lo que añade que será difícil que el grupo Boko Haram y sus escisiones varíen su modus operandi por estar siendo acusados, pero «el reto es que en los Cuerpos y Fuerzas de seguridad nigerianos, que se deben al imperio de la ley, sí se puede provocar un respeto por los derechos humanos en su actuación».

El legado de Bensouda


Fatou Bensouda, fiscal del TPI que dejará su cargo a mediados de 2021, presentará una petición a los jueces de este organismo para que decidan la apertura de una investigación formal. Su intención es que la investigación haya arrancado antes de que concluya su mandato para que, como asegura Royo Aspa, se demuestre que la institución avanza, «que el caso de Nigeria está en fase 3, con una investigación admitida y la seguridad de que se iniciará un procedimiento para que puedan ser juzgados».


Fatou Bensouda, actual fiscal general del Tribunal Penal Internacional, que comenzó a trabajar en la institución en 2004. FOTO: TPI



Aplicándose en el caso de Nigeria, el TPI también tiene la oportunidad de demostrar que no «se le hace el juego» a algunos regímenes autoritarios que ejercen abuso de poder al centrar el foco únicamente en los grupos armados no estatales; algo de lo que ya se le acusó en el caso de República Democrática de Congo.

«La región en la que se centrará la investigación es la del nordeste del país, donde se han recogido los datos que demuestran que está sumida en una situación de caos y violencia, de desplazamientos en los que la población teme más al grupo armado que a las acciones que pueden cometer los grupos de seguridad. Son los estados de Borno, Yobe y Adamawa, en los que actúan las facciones de Boko Haram: ISWAP (Estado Islámico en África Occidental) y la que lidera Abubakar  Shekau. Tienen un control absoluto del territorio, imponen tasas e impiden la libre circulación de los transportistas. Es un estado dentro del Estado que está destrozando al original. Y la población civil está rindiendo pleitesía, cumpliendo con estos deberes, como si fueran la autoridad», analiza Royo Aspa para más tarde señalar que en las Fuerzas Armadas también se actúa con una estructura similar, manteniéndose al margen del propio Estado.


Los estados de Borno, Yobe y Adawana son los más afectados por la presencia de Boko Haram y otros grupos armados, que empiezan a extenderse a poblaciones fronterizas de Níger, Chan y Camerún. En el estado de Katsina se han producido dos secuestros de estudiantes en el último mes. MAPA: José Luis Silván/MN


La investigación formal y el juicio tendrán que superar dificultades como la recolección de pruebas que acusen a Boko Haram cuando la persecución, amenazas e incluso ejecuciones están a la orden del día. «En el territorio hay un clima de silencio y miedo mayor hacia Boko Haram que hacia los grupos de seguridad, que a duras penas consiguen controlar las grandes localidades como la capital de Borno. En el mundo rural de los tres estados, igual que en las regiones vecinas de Chad, Níger y Camerún, Boko Haram y sus facciones han establecido un clima de terror… Por ejemplo, en febrero los combatientes vinculados a ISWAP ejecutaron a sus propios líderes por considerar que se habían ablandado por haber decidido introducir una nueva ordenanza en el funcionamiento del grupo que impedía ejecutar a soldados en retirada o capturados en combate. Aquí también influyen decisiones que llegan desde Iraq y Siria. ISIS intenta liderar la acción de este grupo armado en Nigeria».

Dar ejemplo


Nigeria fue uno de los primeros países en firmar y ratificar –lo hizo en 2001– el Estatuto de Roma por el que se rige el TPI, razón por la cual es previsible que a nivel político se coopere durante la investigación. Lo interesante será comprobar si se analizan «los múltiples casos de corrupción, de dejación de responsabilidades en el contexto de Boko Haram, además de las posibles atrocidades cometidas por las tropas o los desplazamientos de recursos destinados a la tarea contrainsurgente y que han sido desviados a líderes militares o sectores vinculados con la industria militar».

Es probable que igual que ocurrió en otros países investigados por el TPI, como Kenia, se desarrolle una lucha interna entre la transparencia, el respeto de los derechos humanos y la posibilidad de hacer una limpia entre altos cargos. «Una cosa es una información recogida, y otra es que se presente en un juicio y el testigo se mantenga y lo defienda. A menudo las amenazas o el miedo a represalias hacen que se retiren los testigos. Las presiones que ejerce un Estado son muy diferentes a las que puede realizar un grupo armado. Es más complicado que la gente dé la cara y señale a las Fuerzas Armadas que a Boko Haram. Los hilos del poder pueden llegar muy lejos», añade Royo Aspa.

La decisión del TPI de investigar lo ocurrido en Nigeria es un primer paso para luchar contra la impunidad de los que siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en el país, igual que el hecho de que vaya a realizarse al margen de la voluntad de Estados u organizaciones internacionales. Como recordaba Royo Aspa, el mero inicio de esta investigación «puede provocar cambios antes incluso de que se lleve a cabo el proceso, puede haber casos de depuración, aplicación de nuevas normativas…, porque la presión indirecta que ejerce una investigación como esta no es estéril. Cuando los Estados se ven señalados por vulneraciones graves de derechos humanos responden, cuestionan, niegan, desmienten, intentan invisibilizar… reaccionan».

Lo interesante es que gracias a la visibilización que ejercerá la investigación y posterior juicio del TPI sobre lo ocurrido y lo que sigue sucediendo en Nigeria, es probable que se modifiquen conductas y mejore el respeto hacia los derechos humanos.

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