Empeora la situación para los temporeros extranjeros

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Por Viviane Ogou, desde Lepe (Huelva)

En Lepe, decenas de jornaleros de la fruta, en su mayoría africanos y africanas, acampan frente al Ayuntamiento de Lepe a la espera de que se les ofrezca respuesta ante los incendios que calcinaron dos asentamientos chabolistas a mediados de junio.

Lepe es una ciudad pequeña y típica del sur: casas bajas y blancas, abuelos sentados en la calle charlando y niños jugando al balón. Sin embargo, estas semanas se puede ver algo inusual: un grupo de temporeros africanos acampa delante del consistorio tras perder sus chabolas en dos incendios consecutivos durante el pasado mes de julio. Con dos manifestaciones y varias reuniones, además de la propia acampada, estos jornaleros de la fruta buscan una reacción política que les salve del abandono en el que viven desde hace dos décadas.

El desamparo se ha hecho visible con la pandemia. Durante el confinamiento se hizo una llamada a estudiantes y parados para recoger la fruta. Se temía que las restricciones fronterizas dejaran el campo desprovisto de mano de obra. Sin embargo, acudieron muy pocos españoles. Los que sí lo hicieron, como cada año, fueron inmigrantes sin trabajo o indocumentados, al igual que todos los demás años.

En localidades agrícolas como Lérida o Lepe (Huelva), los africanos tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda. Los prejuicios y la discriminación son una barrera a la hora de alquilar. Pero también lo es, desde luego, la situación de irregularidad en la que viven.

Seydou Diop trasladando la información de la reunión con el Ayuntamiento. Por Jesús Minchón

Discriminación institucional

Tras el incendio del pasado 13 de julio, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, dedicada al apoyo legal y social de los temporeros, solicitó al cabildo un alojamiento provisional para las más de 250 personas que se habían quedado sin techo.

Las construcciones, hechas de palés y plástico, ardieron junto a ropas, documentos y otros enseres. También se quemó el dinero, pues aquellos que no tienen papeles tampoco tienen una cuenta bancaria donde guardarlo. Demba Matar, jornalero, dijo a MUNDO NEGRO: «llevamos trabajando seis meses y se ha perdido todo el dinero en un día». Desde 2018 se han registrado 12 incendios en asentamientos, solo en esta localidad.

El consistorio los emplazó a esperar una semana para encontrarse y ofrecerles una respuesta. Las organizaciones en representación de los jornaleros, por su parte, convocaron una manifestación el viernes 17 de julio ante la urgencia de la situación y por considerar que las soluciones no se habría demorado tanto ante un incendio en otro tipo de vivienda y con otros ocupantes. El mismo día de la manifestación se produjo un segundo incendio en otro asentamiento. Las sospechas de intencionalidad parecen fundadas.

La alcaldía finalmente ofreció alojamiento y provisiones básicas para 75 temporeros durante cinco días. Los jornaleros no aceptaron el trato. Seydou Diop, portavoz de los jornaleros, cuestionó la respuesta: «¿Qué hacemos? ¿Escogemos a dedo los que durante cinco días van a dormir en hostales y les decimos a los demás qué sigan en la calle? ¿Y después de este tiempo?». Una asociada de las organizaciones implicadas afirmó que una trabajadora del ayuntamiento les había dicho que lo que deberían hacer tras esos cinco días era «buscarse la vida como habían hecho siempre».

Días más tarde, el Ministerio de Defensa envió a la Unidad Militar de Emergencia para montar un campamento. Sin embargo, el terreno que les proporcionó el Ayuntamiento no era adecuado por el calor, con temperaturas máximas de 50º durante el día. Los militares se retiraron manifestando su disposición a regresar si se les proporcionaban un espacio en condiciones. Los jornaleros se quejan de la desprotección en la que viven: «En todo el tiempo de confinamiento, cuando los españoles estaban en su casa, somos nosotros los que hemos trabajado y afrontado la enfermedad que hay en el mundo. Quieren utilizarnos como un trapo, pero cuando tenemos un problema no quieren mirarnos».

Restos del asentamiento incendiado la madrugada del 17 de julio. Por Viviane Ogou.

Contradiscurso

Al mismo tiempo, algunos ciudadanos de Lepe mostraron a MUNDO NEGRO su sorpresa por la respuesta de los temporeros. «No entiendo por qué (protestan). Ellos tienen sus salarios y viven así porque quieren», dijo una persona que responde a las iniciales M.M.C.R y que considera que la situación se utiliza políticamente.

El Ayuntamiento Lepero ha interpuesto una demanda por los delitos de desorden público, amenazas y coacciones. Según el consistorio, trabaja en la cuestión desde hace años y promete dejarla resuelta antes de que finalice la legislatura. El Ayuntamiento se plantea la cesión de solares públicos para que se puedan instalar módulos habitables, a falta comprobar si se pueden realizar las instalaciones de luz y de agua pertinentes en estos espacios.

Una cuestión europea

El sector agrícola de los Estados miembros de la Unión Europea se sostiene en buena parte por trabajadores migrantes. En los años 80, debido al éxodo rural y al auge del sector de los servicios, nuestra economía necesitó del apoyo foráneo para sobrevivir. Sin embargo, los planes encaminados a la protección de estos trabajadores y a su inclusión no han sido suficientes y han quedado desprotegidas miles de personas en cuestiones de acceso a la vivienda, derechos laborales, protección contra la trata o igualdad de trato. 

Por tanto, la situación no es exclusiva de la localidad de Lepe y su gestión no concierne únicamente a la administración local. La discriminación en el alquiler de alojamientos, recogida en la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, es un problema generalizado para la población afrodescendiente en Europa. En los últimos meses se han reproducido situaciones similares en Lérida y Albacete.

Además de las dificultades en los alojamientos, la falta de protección es una temática recurrente en el ámbito europeo. Portugal e Italia, en el contexto de la pandemia, abordaron parcialmente esta situación de manera parecida a como lo hizo España en 2005.

Portugal inició una regularización masiva de aquellos inmigrantes que habían solicitado un permiso de residencia. Asimismo, Italia emprendió una regularización de las personas trabajadoras en el campo o en tareas domésticas. El Parlamento Europeo incidió también, durante la pandemia, sobre la necesidad de garantizar las medidas de protección para los temporeros.

«Si no tienes papeles, no tienes cuenta bancaria y los jefes se aprovechan de nosotros. Nosotros queremos pagar impuestos y tener una casa como todos», dijo en Lepe un jornalero que pidió no dar su nombre por miedo a represalias.

En los últimos años, y a raíz de la crisis de los refugiados, se está produciendo un replanteamiento de las políticas fronterizas comunitarias. La tendencia a reducir los flujos irregulares y potenciar la integración de los que ya están está en auge. Mientras, la sociedad civil se divide entre los que están a favor y en contra de responder a las demandas de esta parte de la población: los trabajadores extranjeros de temporada.

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