¿Está el principio del final del TPI en África?

Por Gonzalo Gómez

En la imagen (Getty Images), Fatou Bensouda, gambiana fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional. Su propio país ha anunciado la salida del TPI. Según ella, aquellos que critican diciendo que el TPI va contra los africanos, se olvidan de que las víctimas de esos casos son también africanas.

Malos tiempos para la lucha contra la impunidad. Entre el oportunismo y la búsqueda del interés propio, los Gobiernos de tres países –Sudáfrica, Gambia y Burundi– han anunciado formalmente que abandonarán el Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2017. Será la primera vez que alguno de sus 124 miembros abandone su jurisdicción desde su creación a principios de siglo. A su vez, ­Kenia, Uganda y Namibia, muy críticos con el TPI, con sede en La ­Haya, valoran también su salida. En los últimos años, especialmente desde la imputación del actual presidente keniano, Uhuru Kenyatta –cuyo caso fue finalmente suspendido por falta de pruebas–, ha crecido un malestar entre dirigentes y buena parte de la opinión pública africana que acusan al TPI de perseguir solo a ellos. En la propia Unión Africana (UA) se ha debatido la salida en masa de sus miembros a petición de Kenia y Sudán, pero hasta el momento no ha sido aceptada por un buen número de países.

Para muchos comentaristas, los recientes anuncios de salida podrían galvanizar la supuesta desafección africana por el Tribunal y desencadenar su implosión por la vía de los hechos. Sin embargo, mientras este punto está lejos de ser demostrado ya que países como Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, ­Túnez o Botsuana, entre otros, defienden la permanencia, tampoco cabe atribuir solo a los africanos un eventual fracaso de la institución pues otros como Rusia, China y Estados Unidos, nunca llegaron a unirse, debilitando, de partida, a un organismo que debería garantizar el fin de la impunidad a las víctimas de los más graves crímenes.

Por poner números a la denunciada animadversión del TPI por los africanos, hay actualmente diez casos en examen preliminar; de los que cuatro se refieren a países africanos. En relación con las investigaciones abiertas, hay ocho casos africanos de un total de diez. Eso sí, de los casos en fase de juicio, el cien por cien –seis–, son africanos. Cabe matizar que la mayoría de las situaciones que llegaron al TPI nacieron a petición de los propios Gobiernos africanos y no de oficio. En todo caso, aunque los líderes partidarios de la salida lleven a un terreno nacionalista, o incluso racial, la teórica parcialidad del Tribunal contra África, gran parte de sus críticos, también desde el propio continente, lo son motivados más bien por la ineficacia del TPI a la hora de hacer colaborar a Gobiernos en sus investigaciones, o porque ha fracasado puntualmente en tareas clave como la protección de víctimas y testigos a su cargo.

Volviendo a los países que han anunciado que abandonan el Estatuto de Roma, sin duda el paso dado por Sudáfrica es el más relevante en términos de debilidad o fortaleza de la institución; Burundi y Gambia no dejan de ser países con Gobiernos bajo sospecha –habrá que estar especialmente atentos a un posible giro en Gambia tras la victoria de Adama Barrow y la aceptación del resultado por parte de Yahya Jammeh–. El paso dado por Sudáfrica, que fue uno de los primeros firmantes e impulsores del TPI bajo la presidencia de ­Mandela, podría estar ligado a la débil situación interna que atraviesa su presidente, Jacob Zuma. Este, rechazado incluso por sectores de su partido y tras haber recibido varios varapalos judiciales, podría acabar su mandato antes de tiempo, con lo que la decisión de retirarse del TPI aún es incierta. Tampoco es descartable que los jueces sudafricanos revoquen la salida, que podría ser inconstitucional al no haber sido sometida a la aprobación del Parlamento.