Justicia para las víctimas de las multinacionales

mina
Por: Chema Caballero - 15/02/2018

[Fotografía: 123RF]

En un hecho sin precedentes, un juez británico se desplazó a finales de enero a Sierra Leona para escuchar de primera mano a un grupo de 142 ciudadanos sierraleoneses que presentaron una demanda contra la compañía Tonkolili Iron Ore Ltd, antigua subsidiaria de African Minerals Ltd (AML), que tenía su sede central en Londres, en la que se le acusa de ser cómplice de actividades de la policía sierraleonesa entre las que se incluyen detención ilegal, asalto, tortura y violación durante dos incidentes que tuvieron lugar en 2010 y 2012.

En 2010, los habitantes de varias aldeas próximas a la mina que el Gobierno sierraleonés concedió a Tonkolili Iron Ore Ltd cerca de la localidad de Bumbuna, en el norte del país, protestaron alegando que la compañía se había apropiado de sus tierras sin compensación alguna a cambio. Dos años más tarde, el 16 de abril de 2012, trabajadores de la empresa organizaron una huelga para protestar sobre las condiciones laborales a las que estaban sometidos.

Los trabajadores, frustrados por lo que consideraban discriminaciones y maltrato, como la prohibición impuesta por la empresa y refrendada por el Ejecutivo sierraleonés de formar un sindicato, rehusaron ir a trabajar y pidieron a empleados de algunas de las concesionarias que operaban en el lugar que se unieran a ellos. Entre ellos, los que abastecían de combustible a la mina.

La policía de Bumbuna, alarmada por la envergadura de la protesta social, pidió refuerzos y el cuartel regional envió unos 200 agentes al día siguiente. Los manifestantes empezaron a marchar por la calle central del pueblo y las fuerzas de seguridad abrieron fuego en la zona del mercado y el centro de la ciudad. Como consecuencia, una mujer de 24 años murió y otros ocho ciudadanos resultaron heridos. También, al menos 29 personas fueron arrestadas y permanecieron en los calabozos de la comisaría un día entero antes de ser liberadas sin cargos. A su salida alegaron haber sido golpeadas durante su arresto e incluso que se habían producido algunas violaciones. Tres policías también resultaron heridos. La situación, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona, que investigó el incidente, se asemejaba a una ‘zona de guerra’.

AML llegó a ser, antes de la crisis del ébola (2014-2016), el mayor empleador de un país que intentaba recuperarse de los estragos de una cruenta guerra (1991-2002). Opera en Sierra Leona desde 1996, en el distrito de Tonkolili que tiene un depósito estimado de mineral de hierro de 12.800 toneladas, uno de los más grandes de África. En los últimos años, debido a la caída del precio de la materia prima ha disminuido su actividad y emplea a muchos menos trabajadores. Eso no impide que desde un primer momento haya contado con la protección y complicidad del Gobierno y las autoridades locales. Quizás esto explique la supuesta connivencia entre los responsables de la compañía, la policía y otras personas responsables de la seguridad. Desde 2015, el mayor accionista de la compañía es chino y también es China el principal destinatario de las exportaciones de este mineral.

En su momento, Human Rights Watch (HRW) también denunció la complicidad entre el Gobierno y los responsables de la compañía, lo que provocó que el primero no supervisara adecuadamente las actividades de AML y que, por tanto, no prestara atención a las quejas de las comunidades locales afectadas por la mina. Igualmente afirma que no se informó de manera adecuada y precisa a los residentes sobre los planes que afectaban directamente a sus hogares y medios de subsistencia y que no investigó los presuntos abusos de la policía.

HRW concluye que “como resultado de los esfuerzos de la compañía para extraer mineral de hierro, se impidieron los derechos de los pobladores locales a la tierra, el agua y el sustento”. Con el apoyo del Gobierno y las autoridades locales, AML adquirió tierras en la zona y reubicó forzosamente a sus habitantes en un lugar árido cerca de una cantera donde es prácticamente imposible vivir de la agricultura. Esta reubicación ha tenido un impacto negativo en la seguridad alimentaria y en los medios de subsistencia de los residentes.

Por otra parte, los derechos laborales de los trabajadores empleados por AML fueron violados por la supuesta falta de cumplimiento de la ley laboral de Sierra Leona, sobre todo en lo referente a las condiciones de empleo, despido y beneficios. El Gobierno también negó a los trabajadores la posibilidad de formar un  nuevo sindicato propio para impugnar las prácticas de la compañía que consideraban punitivas, discriminatorias o, simplemente, ilegales.

Tanto trabajadores como aldeanos no encontraron justicia en Sierra Leona por lo que decidieron presentar una denuncia ante los tribunales británicos, y esta fue aceptada.

En octubre de 2017, en la Corte Suprema de Londres comenzó el juicio contra AML. Las víctimas están representadas por el despacho de abogados británico Leigh Day que pidió que sus clientes pudiesen declaran ante el tribunal. Ante la denegación de los visados para que los sierraleoneses se trasladasen a Londres por parte del Gobierno británico, el juez Turner decidió acceder a la petición del abogado defensor y viajar hasta Freetown para oír en primera persona estos testimonios durante un plazo de seis semanas, que comenzaron el 29 de enero. Se ha pedido que se mantenga el anonimato de las personas que testifiquen ante el magistrado.

Desde un primer momento, la compañía minera negó las acusaciones y se ha refutado realizar cualquier comentario sobre el proceso abierto contra ella. Sin embargo, a pesar de que el veredicto no se ha producido todavía, este caso sirve para demostrar que al menos la Justicia británica se toma en serio la violación de derechos humanos por parte de las compañías de Reino Unido que operan en el extranjero, aunque sea en lugares remotos, rurales y aislados, como es el caso de AML en Sierra Leona; y que estas tienen que rendir cuentas cuando se enfrentan a serias denuncias de abusos contra los derechos de los ciudadanos de esos países.

No es la primera vez que un tribunal británico toma este tipo de medidas. En 2009, la petrolera Shell aceptó pagar 9.6 millones de libras al pueblo Ogoni del sureste de Nigeria después de que una demanda llegara a los tribunales acusando a la multinacional de violaciones de derechos humanos cometidas en el Delta del Níger. En aquella ocasión, el caso fue también defendido por Leigh Day.

Igualmente, en varios países europeos ha habido movimientos en este sentido. Es el caso del empresario maderero holandés Guus Kouwenhoven que en mayo pasado fue condenado por el Tribunal de Apelaciones de Holanda por cometer crímenes de guerra y contrabando de armas durante la guerra de Liberia. Dos años antes, Bélgica inició un proceso penal contra Michael Desaedeleer por tráfico de diamantes de sangre durante la guerra sierraleonesa, pero este murió en prisión antes de que se abriese juicio oral.

Quizás se trate de pequeños pasos, pero significan mucho para las víctimas que, como mínimo, ven reconocido su sufrimiento y humillación. Es importante que poco a poco este tipo de acciones se multipliquen y puedan poner un freno a los abusos de multinacionales y empresarios sin escrúpulos que gracias a la connivencia de gobiernos y autoridades locales se aprovechan de la falta de información de las personas que habitan en rincones lejanos y aislados del planeta.