Entre la estabilidad y la impunidad

A propósito del exilio de Yahya Jammeh

 

Por Iván Navarro Milián

 

[Fotografía superior: Getty Images]

 

El reciente exilio del expresi­dente gambiano Yahya Jammeh –en la imagen, en el aeropuerto, dispuesto a salir del país– a Guinea Ecuatorial, consumado gracias a la mediación y el salvocon­ducto facilitado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), así como por la Unión Africana (UA) y Naciones Unidas (ONU), ha reabierto el debate sobre cómo se debe poner fin a las dictaduras en África, y si esta vía debe seguir siendo una opción válida en el siglo XXI.

En el continente africano, a la par que en otros contextos, el exilio ha sido una herramienta política frecuentemente empleada por muchos países para deshacerse de líderes impopulares y facilitar, de este modo, la apertura a procesos de transición política y cambios de régimen, reduciendo a su vez el riesgo de confrontación violenta. Pero, por otro lado, si bien facilitaba transiciones, el exilio ha sido sinónimo de retiro paradisiaco e impunidad para muchos autócratas con historial de violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, tal y como lo disfrutaron tiranos de la talla del ugandés Idi Amin Dada (1971-1979) o el entonces zaireño Mobutu Sese Seko (1965-1997). Ambos, que sin lugar a dudas ilustran dos de los peores déspotas que ha padecido la historia contemporánea africana, acabaron sus días plácidamente y sin rendir cuentas.

Sin embargo, hoy en día la naturaleza del exilio ha cambiado y ya no representa una opción tan viable, confortable y segura. Y ha cambiado porque, por un lado, el marco político global ya no es el escenario bipolar de la Guerra Fría, que incentivaba a muchos países a ofrecer asilo a dictadores caídos de países amigos, siendo hoy el territorio disponible para el retiro cada vez más limitado. Y por otro, porque la creación en 1998 del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha supuesto una nueva herramienta para la persecución y la búsqueda de la justicia universal, que dificulta enormemente ese retiro dorado y su impunidad asociada. Con el nacimiento del TPI se envió un mensaje que ha buscado disuadir a los gobernantes de cometer violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, ya que ello disminuirá sus opciones futuras de retiro una vez se vean obligados a abandonar el poder.

Estos cambios se han observado claramente en el caso del exilio de Jammeh –cuya caída ha significado el final del último representante de África occidental que había accedido al poder mediante un golpe de Estado, algo muy significativo y que ilustra otros cambios en el continente–. El expresidente gambiano eligió refugiarse bajo el régimen dictatorial de la Guinea Ecuatorial presidida por Teodoro Obiang, país no firmante del TPI y ejemplo de uno de los peores regímenes autocráticos en África, porqué ahí se siente seguro, fuera del alcance de la justicia internacional. Jammeh declinó la invitación de Nigeria, país cuyo Parlamento le había ofrecido asilo, al ser este miembro del TPI y un ejemplo de consolidación democrática, con la rendición de cuentas que ello implica. Nigeria además posee otro precedente que no pasó por alto el gambiano, y es que allí se exilió en 2003 el liberiano Charles Taylor, siendo poste­riormente detenido por las autoridades nigerianas, entregado a la justicia internacional y condenado en 2012 a 50 años de cárcel por crímenes de guerra y contra la humanidad. Como decíamos, el exilio está lejos de ser el paraíso de antaño.

Otro que lo ha podido comprobar ha sido el exdictador chadiano ­Hissene Habré, quien después de exiliarse y vivir cómodamente en Senegal desde 1990 –cuando aún era una autocracia–, con la llegada de la democracia al país en el año 2000 se le acabó la impunidad, siendo posteriormente arrestado y puesto a disposición de un tribunal especial africano. En otros casos también hemos visto cómo el exilio ha venido acompañado por medidas judiciales nacionales o internacionales que han tratado de romper la impunidad. Marc Ravalomanana (2002-2009), quien desde su natal Madagascar se exilió en Sudáfrica, en 2010 fue condenado en ausencia en su país a cadena perpetua y trabajos forzados por el asesinato de cientos de opositores en las revueltas de 2009. El tunecino Ben Ali (1987-2011), exiliado en Arabia Saudí, fue también condenado en ausencia por un tribunal tunecino a 35 años de prisión por lavado de dinero. Blaise Compaoré (1987-2014), tras 27 años ostentando el poder en Burkina Faso, fue obligado a exiliarse en la vecina Costa de Marfil tras las movilizaciones ciudadanas de octubre de 2014. Sobre él hay una orden de busca y captura emitida por tribunales burkineses. Para todos ellos las posibilidades de movimiento se reducen.

En todos los casos anteriores, el exilio de sus déspotas abrió la puerta a una transición política más ordenada y menos violenta, logrando consolidar estructuras democráticas y activar medidas judiciales paralelas. Sin embargo, cuando el exilio no ha sido una opción viable para los autócratas, al no encontrar estos un salvoconducto que garantice su protección de manera creíble, el resultado suele ser la necesidad de enrocarse en el poder y la confrontación violenta. Muchos analistas coinciden en señalar cómo las guerras civiles en Libia y Siria derivaron del bloqueo de las posibilidades de asilo para Gadafi y al Assad. En Libia, la persecución internacional que el TPI inició contra Gadafi y su círculo más cercano apenas dos semanas antes de iniciarse los bombardeos de la OTAN dejó al régimen en un callejón sin salida, envolviendo al pueblo libio en una cruenta guerra civil que en febrero de 2017 acaba de cumplir 6 años, generando además otros efectos colaterales, como la desestabilización de la región del Sahel.

Muy posiblemente lo sucedido en Libia, así como las consecuencias catastróficas generadas en el traspaso de poder en Costa de Marfil entre Gbagbo y Ouattara, influyeron en la decisión de la CEDEAO y la UA de apostar por la resolución pacífica de la crisis en Gambia para evitar una escalada de violencia y la desestabilización del país. Pero también, a través de esta resolución, la UA ha enviado un mensaje, sabedora de que tarde o temprano se encontrará con nuevos casos con los que lidiar, y ninguno de ellos será fácil. Y es que Jammeh, tras 22 años en el poder, se encontraba en la posición número 7 de la clasificación de líderes africanos con mayor tiempo en el trono, lo cual significa que al menos otras seis naciones se encuentran gobernadas por figuras similares. Países como la propia Guinea Ecuatorial (Teodoro Obiang, 37 años en el poder), Angola (Dos Santos, 37 años), Zimbabue (Robert Mugabe, 36 años), Camerún (Paul Biya, 33 años), Congo (Denis Sassou-Nguesso, 32 años en dos períodos), Uganda (Yoweri Museveni, 31 años), Sudán (El-Beshir, 27 años), Chad (Idriss Déby, 26 años), Ruanda (Paul Kagamé, 22 años), o RDC (Josep Kabila, 16 años), más pronto que tarde vivirán sus propias transiciones y tendrán que decidir de qué forma las afrontarán. Ninguno de los posibles escenarios de salida representará la panacea, ni para los dirigentes, ni para sus países. En cada caso habrá que perfilar la solución teniendo en cuenta las particularidades propias, sabiendo de antemano que en la disyuntiva entre estabilidad e impunidad, ninguno de los caminos generará un consenso universal.