La UA se atrinchera contra el TPI

La 26ª reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA) concluía hace unas semanas en Adís Abeba (Etiopía) con un titular contundente: el compromiso de crear una hoja de ruta para salir del Tribunal Penal Internacional (TPI). La cita se cerró de una manera incierta, con demasiados flecos sueltos, que han puesto en cuarentena la justicia internacional y en tela de juicio la actitud del máximo organismo político del continente africano, la UA.

La propuesta encabezada por el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y su vicepresidente, William Ruto –ambos acusados por crímenes de lesa humanidad por la violencia poselectoral de 2008–, ha polarizado prácticamente todos los debates de la cumbre africana. Aunque el proceso contra Kenyatta se cerró por falta de pruebas, y el que se sigue contra Ruto va camino de seguir la misma estela, han sido numerosas las ocasiones en las que el presidente de este país del oriente africano y otros líderes, como el máximo dirigente sudanés, Omar El-Beshir –también acusado de crímenes de lesa humanidad–, han criticado una posible mirada inquisidora hacia África por parte del TPI. Uno de los últimos pronunciamientos sudaneses al respecto tuvo lugar el pasado mes de octubre, en Naciones Unidas, donde su ministro de Exteriores, Ibrahim Ghandour dijo que el TPI se había convertido en una herramienta política para atacar a los líderes africanos. También Sudáfrica amenazaba con salir del organismo el pasado mes de junio de 2015 tras una solicitud para procesar a su presidente, Jacob Zuma.

La propuesta liderada por Kenyatta ha tomado forma física días después de que comenzara el juicio contra el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y el exlíder de los Jóvenes Patriotas, Charles Blé Goudé, en la sede del TPI en La Haya, una vista cuya retransmisión televisiva, por cierto, ha sido prohibida en Guinea Ecuatorial. Ambos han tenido que declarar por una supuesta campaña de violaciones y asesinatos que estuvo destinada a retener el poder de Gbagbo durante la violencia poselectoral que tuvo lugar entre finales de 2010 y 2011, y en el que al menos 3.000 personas murieron. Al marfileño, de 70 años, que se ha convertido en el político de más alto rango que ha sido juzgado en el TPI desde que se creara hace 13 años, podría caerle la pena máxima de cadena perpetua.

Debido a las críticas sobre el posicionamiento instrumentalizado del TPI, organismo creado tras la firma del Estatuto de Roma en 1998 –que países como Estados Unidos o China siguen sin ratificar–, la fiscal general del mismo, la gambiana Fatou Bensouda, se ha comprometido “a no dejar piedra sin remover en la investigación de los presuntos crímenes incluyendo al bando del actual presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara”, manifestaba.

Tanto Gbagbo como Goudé se declararon en la primera ronda no culpables de los cuatro cargos de crímenes contra la humanidad en un juicio que podría tener una duración de hasta cuatro años. No obstante, la pompa mediática de presenciar cómo un africano se sienta en el banquillo de La Haya ha nublado un hecho objetivo: el vencedor de los comicios de 2010 fue oficialmente Gbagbo, según confirmó el Tribunal Constitucional de Costa de Marfil. La historia no oficial sería que el otro candidato y rival, Alassane Ouattara, habría usurpado el poder con el apoyo de la ONU y Francia, la antigua metrópoli.

Pero parece haber un plan B. El mecanismo africano de respuesta al TPI veía de forma oficial la luz el octubre pasado. Hissène Habré, el depuesto líder de Chad, era el primer acusado en ser juzgado por la Sala Africana Extraordinaria (SAE) de Dakar, un tribunal especial creado por la Unión Africana (UA) para enjuiciar al antiguo dictador.

Habré, de 72 años, quien huyó a Senegal después de haber sido derrocado hace 25 años por el actual presidente chadiano, Idriss Déby, fue detenido en junio de 2013. Se le acusa de ser el cerebro de las torturas y los asesinatos de decenas de miles de personas (se estima que unas 40.000) en gran parte, por una unidad de la policía secreta, llamada Dirección de la Documentación y la Seguridad (DDS, por sus siglas en francés). Los documentos desclasificados en 2001 mostraban la crueldad con la que el séquito de Habré –y bajo su supervisión– enfangó a la población en un régimen de terror y represión asombroso. El fiscal del caso, Mbacke Fall, pedía el pasado 10 de febrero la cadena perpetua ante la impasibilidad del dictador, ataviado de blanco, turbante y unas impenetrables gafas de sol. Está previsto que la sentencia sea hecha pública el próximo 30 de mayo.

El juicio contra Habré ha puesto de manifiesto el papel de las víctimas y su valentía a la hora de dar visibilidad y valor a los testimonios. Reed Brody, abogado de la organización Human Rights Watch (HRW), y quien ha trabajado con las víctimas desde 1999, subrayaba que “las ruedas de la justicia están funcionando”. En la misma línea, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón –viajó en octubre a Senegal invitado por HRW– manifestaba que “el proceso contra Hissène Habré es histórico. Tras muchas dificultades procesales, las víctimas, por fin, están siendo reparadas en este juicio”.

Relevo en la presidencia continental

El nuevo presidente de turno de la Unión Africana, Idriss Déby, el presidente de Chad. Foto: Getty Images.

El orden del día de la última reunión ordinaria de la Unión Africana incluía el relevo en la presidencia del organismo continental. El cargo lo ha abandonado el actual presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, el más longevo del continente y que el 21 de febrero cumplía 92 años. Se despedía con un más que previsible órdago contra los homosexuales, contra el presidente Obama así como contra el papel de la cooperación que desempeñan muchas ONG en el continente. Por la rotación geográfica que históricamente acompaña a este cargo, después del presidente de un país austral le tocaba el turno al corazón africano. Así, el testigo de Mugabe lo recogía el máximo mandatario de Chad, Idriss Déby, que el próximo abril se presentará a unas elecciones en las que presumiblemente saldrá vencedor. En el poder desde diciembre de 1990, Déby clausuraba la reunión resumiendo el sentir de muchos países miembros de la UA: “Saldremos del Tribunal Penal Internacional porque únicamente busca procesar a los líderes africanos”.

La decisión de la UA de apartarse del organismo judicial se ha visto acompañada por un movimiento en falso en Burundi. La UA, que había planeado enviar un contingente de 5.000 soldados y policías para asegurar la paz y la estabilidad en el país, abandonaba hace unas semanas esta opción en vista de las amenazas del presidente del país, Pierre Nkurunziza, reelegido en un inconstitucional tercer mandato el pasado agosto. Ni siquiera una visita de observadores del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que hicieron hincapié en la urgencia de abordar la situación en el país, ha podido hacer cambiar de opinión a Nkurunziza. Al menos 439 personas han muerto y unas 240.000 se encontrarían refugiadas en los países vecinos desde que se iniciara la crisis en el país centroafricano el pasado mes de abril.

(Artículo publicado en la sección Actualidad del número 615 de la revista Mundo Negro)