La Unión Europea y los minerales de sangre

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Chema Caballero        Por Chema Caballero

 

El miércoles 15 de marzo, el Parlamento Europeo debatió una iniciativa que quiere imponer controles obligatorios en la cadena de suministro de los minerales procedentes de países en conflicto a partir de enero de 2021.

Esta medida llega después de largas negociaciones marcadas por la defensa acérrima por parte de los grupos empresariales, que se benefician de la falta de regulación que en el momento presente existe sobre este aspecto, de sus propios intereses.

Ahora, las nuevas normas de la Unión Europea (UE) obligarán a los importadores de cuatro minerales —estaño, oro, tungsteno y tantalio— a que garanticen que sus materias primas no provienen de zonas donde existan conflictos y que no se utilizan para financiar esos conflictos armados.

La ley que llega al Parlamento para su ratificación es fruto de un acuerdo alcanzado el pasado 22 de noviembre y tiene como objetivo demandar una mayor transparencia a los importadores europeos de minerales.

Esta industria ha sido acusada, en reiteradas ocasiones, de estar ligada a violaciones de derechos humanos y a la financiación de conflictos armados en diversas partes del mundo como puede ser en África el caso de la región de los Grandes Lagos o, más específicamente, el este de la República Democrática de Congo.

La negociación para llegar a este acuerdo, como indicábamos anteriormente, ha sido muy dura. En un primer momento, la Comisión Europea propuso un sistema de control voluntario, incentivado por un sistema de certificados. Sin embargo, la presión ejercida por diversos parlamentarios europeos, que se puso de manifiesto en una votación que tuvo lugar en la eurocámara el 20 de abril de 2016, forzó al ejecutivo europeo a repensar su plan y, finalmente, proponer un sistema obligatorio.

No cabe duda de que nos encontramos ante un gran avance por parte de la UE en lo que respecta a los llamados minerales de sangre. Sin embargo, esta regulación se centra solo en las materias primas, no en los productos acabados. Por lo que las empresas que manufacturen sus productos fuera de la UE podrán importar minerales de sangre si ya son parte de ese artículo acabado, como teléfonos móviles, por ejemplo. En este caso, la cantidad de minerales procedentes de países en conflicto que entre en la UE será desconocida. Es una laguna que ayudará a seguir financiando conflictos armados. La Comisión Europea ha prometido que “presionará a los grandes fabricantes para que revelen detalles de los productos que podrían contener minerales procedentes de países en conflicto”. Pero está por ver la eficacia de esta declaración de buenas intenciones.

Otro punto débil de este acuerdo que va a ser sometido a la ratificación del Parlamento es que ofrece una exención a los pequeños importadores, como dentistas o joyeros. Estos profesionales no estarán obligados a trazar el origen de los materiales que introduzcan en la EU, ya que el coste administrativo de esta actividad se considera demasiado alto.

Este punto en particular está siendo muy discutido por las ONG. “Estos umbrales de volumen que eximen a las empresas de cumplir con la legislación son peligrosas lagunas. Podrían dejar entrar minerales por valor de millones de euros en la Unión Europea libres de cualquier escrutinio”, ha declarado Nele Mayer, de Amnistía Internacional.

Por su parte, Michael Gibb, de Global Witness, piensa que “este reglamento es un paso adelante. Pero mientras la UE ha enviado una fuerte señal a un pequeño grupo de compañías, en última instancia ha confiado en que muchas más se autorregularán. Ahora corresponde a estas empresas demostrar que esta confianza está bien situada y bien ganada, y esperamos que nuestros legisladores actúen si no es así”.

Otras excepciones consagradas en la nueva ley se refieren a productos especialmente difíciles de localizar, como metales reciclados y otros productos manufacturados.

Estos puntos demuestran que el alcance de la nueva legislación será bastante corto al excluir gran número de empresas y artículos. Es por esto que las organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo advirtiendo de que estas medidas no son suficientes y de que no basta con fiscalizar solo las materias primas, sino que hay que ir mucho más allá.

Estas mismas organizaciones son de la opinión de que para cubrir estas lagunas, el ejecutivo de la UE debe poner en marcha un sistema de regulaciones voluntarias para las importaciones de productos manufacturados, como primer paso.

La ley también ha sido criticada por referirse solo a cuatro minerales (estaño, oro, tungsteno y tantalio), dejando fuera las importaciones de otros materiales que también está probado que financian conflictos armados: esmeraldas, carbón, cobre, jade, rubíes…

Cabe criticar además el plazo que la propia ley, a petición de los países miembros de la UE, se da para entrar en vigor: 1 de enero de 2021. Esta moratoria significa que por cuatro años más las víctimas de la violencia fruto de los conflictos armados, especialmente mujeres y niños, muchos de ellos utilizados como soldados u obligados a trabajar en las minas, seguirán sufriendo debido a la lentitud de la burocracia europea.

No podemos olvidar que los minerales de sangre son minerales conseguidos como consecuencia de conflictos armados y graves violaciones de derechos humanos. En las últimas décadas hemos conocido los diamantes de sangre, por ejemplo, y en la actualidad seguimos hablando del coltán extraído en el este de la RDC (donde se calcula que los señores de la guerra tienen a unos 40.000 niños trabajando en las minas). Estos minerales financian a los grupos armados y perpetúan los conflictos.

Además del coltán, en el este de la RDC se extraen casiterita, wolframio (también llamado tungsteno) y oro. Estos minerales pasan por varios intermediarios antes de ser comprados por las grandes multinacionales del sector de la electrónica.

Desde 2003, la Comisión Europea ha sido uno de los grandes donantes de la RDC, y el este del país ha recibido el grueso de estas aportaciones. El Documento de estrategia de país para RDC (2008-2013), bajo el 10 Fondo de desarrollo europeo, destinó 583 millones de euros para este país. La tendencia sigue en el actual Programa indicativo nacional para la RDC (2014-2020).Todo ello a través de ECHO, el organismo de ayuda humanitaria y protección civil de la UE.

A esto hay que añadir los fondos del presupuesto general de la UE que bajo la partida de Cooperación al Desarrollo son destinados a este país y los que liberan otros organismos europeos.

Nunca ha estado claro este apoyo y su conexión con la prolongación del conflicto. Este ejemplo se podría aplicar a otras partes del mundo donde también se dan minerales de sangre.

No cabe duda de que la ley que se lleva al Parlamento Europeo para su ratificación supone un gran paso adelante en la lucha contra los minerales procedentes de países que sufren conflictos armados. Pero no podemos olvidar que su objetivo es muy limitado. Por eso podemos tomarla como el inicio de un proceso y no como su culminación. Ahora le toca a las compañías demostrar que están preparadas para asumir responsabilidades como demandaba el representante de Global Witness. Los estados miembros de la UE también tienen que demostrar que son serios a la hora de aplicar esta ley. De igual manera, la UE debe tener el coraje necesario para promover una legislación que apoye a los minerales procedentes de fuentes limpias y sostenibles y castigar a los que no.

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