La violencia, dueña de RCA

Por José Carlos Rodríguez Soto / Bangui (RCA)

[Fotografía superior: Getty]

Con mal pie ha comenzado 2018 República Centroafricana (RCA). La situación más grave estalló el pasado 27 de diciembre, en la ciudad de Paoua y sus alrededores –en el noroeste del país– donde se produjeron enfrentamientos entre milicianos de Revolución y Justicia y el Movimiento de la Liberación de la República Centroafricana, un grupo disidente de la Seleka, de mayoría musulmana. Más de 60.000 personas viven desde entonces refugiadas en la ciudad y al menos otros 5.000 han cruzado a Chad. Pueblos reducidos a cenizas, asesinatos y secuestros de civiles están a la orden del día. Médicos Sin Fronteras, que trabaja en la zona, ha hecho varios llamamientos en los que lamenta que los desplazados se vean privados de acceso suficiente a agua, alimentos y cuidados médicos.

Los enfrentamientos de Paoua recuerdan que en RCA el comienzo de la estación seca es propicio para un aumento de la violencia, en parte debido a la trashumancia de pastores peúles que van armados. Pero hay otras explicaciones. En un país en el que existen 13 grupos rebeldes cuyos jefes pugnan por dominar zonas ricas en minerales, el menor incidente –a menudo intracomunitario entre musulmanes y cristianos– hace saltar la chispa que provoca un enorme incendio. Además de Paoua, la lista de lugares donde ha habido choques armados a principios de año es larga: Bria, en el este, es desde hace meses una ciudad semidesierta que conoce luchas interminables entre la Seleka y las milicias anti Balaka. Más al sur, en ­Bangassou, cerca de 2.000 musulmanes viven refugiados en los edificios de la diócesis católica –al frente de la cual está el obispo español Juan José Aguirre– amenazados por los ataques de los anti Balaka desde que estos destruyeron sus casas a mediados de mayo. Algunos jóvenes radicales de entre los desplazados han atacado varias veces los locales de la misión católica, a pesar de que esta les acoge y ofrece protección. La tensión aumentó después de que el pasado 5 de enero el sacerdote Alain Bissialo, presidente del Comité de Mediación, fuera asaltado y herido en su parroquia por hombres desconocidos.
El odio llegó también a Alindao y Kembé, donde el 5 y 6 de enero hubo combates muy violentos con muertos por ambas partes. En esta zona, los selekas –de origen peul– liderados por el general Ali ­Darassa imponen su ley desde el año pasado, lo que ha provocado la reacción de grupos de ­autodefensa que se vengan atacando a poblaciones musulmanas. Según el obispo de Alindao, Nestor-Cyr ­Yapaupa, más de 21.000 personas viven refugiadas en el recinto de la diócesis.

La consecuencia más dramática es el aumento del número de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Según las oenegés, más de 630.000 personas viven desplazadas en el interior del país, y alrededor de 545.000 más han buscado refugio en países vecinos. Son los números más altos desde que empezó la guerra a finales de 2012. Se trata de una cuarta parte de los cuatro millones y medio de centroafricanos.

Hace cuatro años, el entonces presidente y líder de la Seleka, Michel Djotodia, dimitió y abandonó el país bajo fuerte presión internacional. Sus temidos milicianos, que habían tomado el poder por la fuerza en marzo de 2013, se retiraron de Bangui y se instalaron en el este y norte de RCA esperando la evolución de los acontecimientos. Dos años después, unas elecciones democráticas bastante justas auparon al poder a Faustin Archange ­Touadera. Los 2.000 militares franceses de la Operación Sangaris y los 11.000 cascos azules de la MINUSCA parecían garantizar entonces una cierta estabilidad. Pero no pasaron muchos meses antes de que el país se hundiera de nuevo en oleada tras oleada de violencia provocada por los grupos armados, a menudo alimentada por la desconfianza y el odio entre comunidades cristianas y musulmanas.

Un grupo de mujeres que huían de Betoko se encuentra con otras mujeres que se dirigían a Paoua el pasado 27 de diciembre. Fotografía: Alexis Huguet/MSF

El año 2017 ha sido el más violento desde que comenzó la crisis, y actualmente el presidente Touadera solo controla la capital, Bangui, y algunas zonas del sur y el oeste del país. Touadera ha perdido gran parte de su popularidad y parece caer en algunos de los vicios de sus predecesores. A principios de enero, Jeune Afrique publicaba una lista con ocho de los más íntimos colaboradores que detentan el poder de su Gobierno, la mayor parte de los cuales son familiares suyos.

Además, los intentos del Gobierno de empezar a desplegar los dos nuevos batallones (unos 1.300 soldados) del Ejército centroafricano, adiestrados por una misión militar de la Unión Europea en la que participa España, han provocado la reacción furibunda del jefe de la Seleka más poderoso, el antiguo número dos de Djotodia, Noureddine Adam, el cual, en declaraciones a France Press desde su feudo de Birao, amenazó con lanzar una ofensiva contra Bangui si Touadera «cruzaba la línea roja». Desde hace meses, en las zonas controladas por sus hombres, en Birao y Ndele, se observan movimientos preocupantes de armas y mercenarios que llegan desde el vecino Sudán. Rusia, por su parte, ha prometido asistencia armamentística al Ejército centroafricano, que hasta la fecha estaba bajo un embargo internacional de armamento.

La MINUSCA, que ha perdido 17 cascos azules en 2017 y goza de poca confianza por parte de la población –un tribunal francés archivó el 15 de enero la causa contra varios soldados franceses, acusados de abusar sexualmente de varios niños a cambio de comida en un campamento de refugiados de Bangui–, se prepara para recibir refuerzos en los próximos meses. Está previsto que lleguen 700 soldados brasileños y 200 ruandeses. La ONU intenta también reforzar la autoridad del Estado, sobre todo apoyando la presencia en el interior del país de los nuevos prefectos, algunos de los cuales han sido rechazados por la Seleka.

Por su parte, los obispos católicos, el pasado 13 de enero, al termino de la asamblea de la Conferencia Episcopal, volvieron a denunciar una vez más la situación, lamentaron la falta de acción por parte de la MINUSCA para proteger a la población civil e hicieron un llamamiento a los grupos armados a cesar los actos de violencia contra la población e involucrarse en un proceso serio de desarme, algo que hasta la fecha avanza con muchos trompicones y una lentitud exasperante.