Lavando trapos sucios

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La Fiscalía investiga al expresidente Abdelaziz



La Justicia toma la palabra en Mauritania. Y, sin duda, el pasado mes de agosto, al cumplirse un año de su salida del poder, será difícil de olvidar para el expresidente Mohamed Ould Abdelaziz, detenido el 18 de agosto en su domicilio después de que se negase a declarar ante la Policía de Delitos Económicos de la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN), y liberado una semana después bajo libertad provisional, sin pasaporte y con la orden de no salir de la capital.

El pasado 30 de enero se puso en marcha, con el beneplácito del presidente mauritano, Mohamed Ould El Ghazouani, sucesor de Abdelaziz, una inédita Comisión Parlamentaria de Investigación (CEP, por sus siglas en francés), compuesta por nueve diputados, que el 26 de julio entregó un informe de 900 páginas a la Asamblea Nacional en el que detallaba al menos 12 casos de presunta corrupción y fraude generalizado cometidos entre 2008 y 2019, cuando Abdelaziz estaba al mando del país. El expresidente se negó a declarar ante esta comisión, pero al llegar el dosier a la Fiscalía y esta decidir interrogarle, la situación dio un giro que se convirtió en decisivo. A la espera de que sea imputado por alguno de los delitos de corrupción que corrobora el informe parlamentario, Abdelaziz se encuentra recluido en su casa de Nuakchot después de haber sido interrogado por la Policía, según confirmó su abogado, quien consideró que Abellaziz fue sometido a «una detención fuera de la ley» por no haberle permitido acceder a asistencia jurídica. Además, desde mediados de agosto la Policía registró varios locales vinculados con el exdirigente, requisado más de un centenar de vehículos a su nombre y congelado cuentas bancarias relacionadas con el entorno familiar y de amistad de Abdelaziz.

La Fiscalía actúa

Mediante la apertura de la investigación de la Fiscalía, se hicieron públicos los nombres del primer ministro y de otros tres ministros del Ejecutivo que aparecen en el informe. Fue en ese momento cuando todo se aceleró: el 6 de agosto el presidente mauritano anunció un cambio de Gobierno y reemplazó al jefe del Ejecutivo, Ismail Ould Cheij Sidiya, siendo la primera vez que reconocía la vinculación de lo ocurrido con la gestión de su antecesor. Mohamed Ould Abdel Vettah y Nany Ould Chrougha, exministros de Petróleo y Pesca, respectivamente, presentaron su dimisión, a la que poco después se sumó la del exministro de la Presidencia, Mohamed Salem Ould Bachir. Renunciaron al cargo por presuntas acusaciones de corrupción y mala gestión.

Tres días después, Adama Bocar Soko, secretario general de la Presidencia, dio una rueda de prensa en la que anunciaba una remodelación gubernamental que dejó un Ejecutivo prácticamente similar al saliente, con 18 de las carteras ocupadas por ministros del antiguo Gobierno, aunque al fusionarse algunas de ellas el número de ministerios se redujo a 22. En esa comparecencia también explicó que quedaban a la espera de que se esclarecieran los hechos y de que los exmiembros del Ejecutivo inculpados pudieran demostrar su inocencia.

Fuentes del Parlamento mauritano señalan que el manejo de ingresos de petróleo, el uso irregular de propiedades estatales –entre las que figura el supuesto intento del jefe del Estado de regalar la isla Tidra, del Parque Nacional de Banco de Arguin, al entonces emir de Catar–, la liquidación de empresas estatales, irregularidades en la concesión de contratos –como la que se otorgó a la empresa Arise Mauritania para la construcción y gestión de contenedores del puerto de la capital–, y los acuerdos firmados con otros países –como el que se llevó a cabo en 2010 con la sociedad china Poly-Hondong, que les autorizaba a pescar en aguas mauritanas durante 25 años a cambio de la construcción de una fábrica de procesamiento, otra de harina de pescado y un muelle de reparación de barcos artesanales, así como la creación de 2.500 empleos– son delitos presuntamente cometidos. Todas estas gestiones no pasaron por la Comisión Nacional de Control de Contratos Públicos, ni fueron supervisadas o se pidieron cuentas sobre las mismas.

El informe de la CEP señala que el 90 % de los 968 millones de euros repartidos en los 109 contratos públicos investigados se otorgaron mediante procedimientos directos, sin pasar por los mecanismos de control y transparencia que establece la ley mauritana. Y, de hecho, la CEP ni siquiera llegó a examinar la calidad de ejecución de los mismos.

El presidente mauritano, Mohamed Ould El Ghazouani (izq.), con sus homólogos de Níger, Malí y Chad en una cumbre del G5 Sahel celebrada en Pau (Francia) el pasado 13 de enero (Fotografía: Georges Gobe / Getty). En la imagen de arriba, el expresidente mauritano Mohamed Ould Abdelaziz, en la toma de posesión de El Ghazouani, en agosto de 2019 (Fotografía: Seyllou / Getty)
Le salió rana

El general Mohamed Ould El Ghazouani accedió a la presidencia del país tras las elecciones de junio de 2019, a las que concurrieron otros cinco candidatos. Ingresó en las Fuerzas Armadas en 1978, cuando el país se sumió en una sucesión de golpes de Estado y regímenes castrenses. Durante su formación en la Real Academia Militar de Meknés (Marruecos) conoció a Abdelaziz, con el que entabló amistad, y al que tres décadas después, en 2008, acompañaría en el golpe militar que terminó con un breve experimento democrático en el país, tras el cual Abdelaziz asumió el poder y creó un nuevo régimen de gobierno constitucional. Convertido en su mano derecha, fue jefe del Estado mayor del Ejército y, a partir de las elecciones legislativas de 2018, en las que el partido oficialista UPR aumentó su mayoría absoluta aprovechando la atomización de sus oponentes, Ghazouani entró en la política al mando del Ministerio de Defensa.

El sucesor de Abdelaziz se concentró desde 2010 en impedir la infiltración del terrorismo yihadista en el país, con una estrategia de contención y prevención, y -reactivó la implicación del país tanto en el G5 Sahel como en la fuerza multinacional francosaheliana que complementa a la Operación Barkhane. «Al sentar Abdelaziz a su amigo y colaborador en el Gobierno envió la señal de que era su candidato a las presidenciales», explica el CIDOB en un artículo donde se percibe que las prioridades del sucesor iban más allá de «consolidar los logros de la democracia», queriendo ejecutar «mejoras educativas y proteger a la mujer mauritana». Ganó con el 52 % de los votos, lejos del 81 % de Abdelaziz, una forma de empezar a gobernar, sin duda, diferente. Lo que más tarde se transformó en un clima político distendido y mano tendida a la oposición.

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