Mozambique quiere privatizar la lucha contra los islamistas

Por: Chema Caballero - 17/12/2018
Parecía que la insurgencia islamista en Cabo Delgado, la provincia más al norte de Mozambique, se había calmado. Pero el pasado 23 de noviembre la aldea de Nagulué, en el distrito de Maomia, sufrió un ataque. El jefe del pueblo fue decapitado y mutilado, varios aldeanos resultaron heridos  y 18 casas fueron quemadas. Esto demuestra que Maputo está lejos de controlar esta crisis.

En agosto, el Ejército mozambiqueño había intensificado su ofensiva contra los terroristas de al-Shabaab (que significa los jóvenes y que no tendría nada que ver con el grupo somalí del mismo nombre), o Ansar al-Sunnah o Ahlu Sunnah Wal Jamo (nadie está seguro de cómo llamar a los atacantes). Las primeras acciones de este grupo se remontan a octubre de 2017. Pero en mayo de 2018, sus intervenciones subieron de intensidad. Desde un primer momento, la respuesta del Gobierno mozambiqueño ha sido la militar. Las últimas campañas de la armada parecían haber acallado a los terroristas, pero ahora todo apunta a que se han reagrupado, lo que augura ataques más vigorosos en un futuro próximo. Desde el 5 de octubre de 2017, fecha del primer ataque, hasta mediados de diciembre, se contabilizan alrededor de 50 acciones de al-Shabaab. La cifra de muertos se calcula en unos 288, la mitad de los cuales serían civiles.

Ante el aparente fracaso del Ejército, se rumorea que el Gobierno del presidente Filipe Jacinto Nyussi está a punto de contratar a una empresa de seguridad privada para poner fin a la insurgencia. Todo apunta a que la beneficiada sería L6G, propiedad de Erik Prince, fundador de la famosa Blackwater. Esto se haría a cambio de una porción importante de los ingresos del petróleo y el gas cuando las grandes reservas que se encuentran en la zona entren en funcionamiento, posiblemente a partir de 2023. Parece que la también polémica compañía de seguridad privada rusa Wagner ha hecho una contraoferta a la propuesta de L6G. De esta forma, la privatización de las guerras se haría realidad en suelo africano, impulsada por un gobierno local por primera vez.

Maputo tiene prisa por terminar con esta rebelión para poner a salvo sus hidrocarburos y las inversiones que las compañías extranjeras han realizado y tienen prometido realizar en el futuro. Es posible que la entrada en juego de compañías de seguridad privada y el uso de la fuerza pongan fin a este movimiento y restauren una paz aparente en la zona, pero no terminará con el problema que está en la base de todo esto: el descontento de la población, especialmente de los jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades y que ven cómo toda la riqueza que almacena el subsuelo de su región sale de ella sin dejar nada a cambio. Es más, la ofensiva militar puede favorecer nuevas adhesiones al movimiento rebelde.

Son cuestiones económicas, religiosas y de seguridad las que están detrás del surgimiento de al-Shabaab. La provincia de Cabo Delgado cuenta con 2,3 millones de personas, el 58% de las cuales son musulmanas. En la última década, se descubrieron en ella enormes depósitos de petróleo y gas (de hecho, las mayores reservas de gas al sur del Sáhara), que han sido cedidos para su explotación a compañías extranjeras que dejan pocos beneficios en la zona.

Los miembros de al-Shabaab son en su origen jóvenes marginados, prácticamente sin educación ni empleo. A ellos se han unido jóvenes migrantes que buscan una oportunidad en la vida, líderes religiosos educados fuera del país (especialmente en mezquitas wahabitas de Arabia Saudí y Sudán) y otras personas. Varios analistas políticos indican que el surgimiento de este grupo es muy similar al de Boko Haram en el noreste de Nigeria. Empezó como una secta religiosa para luego transformarse en un grupo armado. Al igual que los nigerianos, los islamistas mozambiqueños tienen como objetivo imponer la sharia, o ley islámica, de ahí sus constantes ataques a cualquier símbolo de la presencia del Gobierno (como pueden ser las escuelas, el sistema de salud o la ley), pero todavía no se conoce que hayan realizado ninguna reivindicación política.

Es este último aspecto el que hace que algunos expertos, al describir los ataques de Cabo Delgado, cuestionen que se esté ante una insurgencia islámica. Sin terminar de descartar esa opción, advierten de que diversas organizaciones criminales están bien asentadas en la zona, apoyadas por la fuerte frustración que muestra gran parte de la población. Otros sí que optan por la explicación del terrorismo islámico y establecen un vínculo entre los diferentes grupos que operan en la zona del Océano Índico, desde Somalia a Mozambique. Incluso insinúan que los combatientes mozambiqueños se han entrenado junto a otros grupos más al norte. Esta falta de unanimidad entre los analistas muestra lo poco que realmente se conoce de este grupo.

La hipótesis de grupo criminal no es de descartar porque no podemos olvidar que a través de Cabo Delgado se mueven grandes redes de tráfico de heroína, madera, rubíes y animales salvajes, que se sospecha que favorecen esta insurgencia y la financian, sea islamista o no.

De cualquier forma, mientras no se tenga en cuenta la realidad de la zona (pobreza, falta de oportunidades y frustración en una tierra de grandes riquezas), no se podrá  poner fin a la insurgencia ni al crimen organizado. La llegada de las compañías privadas de seguridad no resolverá el problema tampoco. Es posible que lo haga temporalmente, pero no lo erradicará.