Negocios con las necesidades de los más pobres

    Por Chema Caballero

Uganda ha ordenado el cierre de 63 escuelas primarias y guarderías operadas por Bridge International Academies (BIA), una controvertida cadena de colegios con fines lucrativos que ofrece educación estandarizada, basada en unos programas fijados en unas tabletas con acceso a internet que los profesores tienen que seguir al pie de la letra, en países en desarrollo.

Esta noticia no tendría una gran importancia para nosotros si no fuera porque esta compañía está implementándose poco a poco en diversos países africanos. Justo hace un mes, veíamos que Liberia había firmado un acuerdo con BIA por el que, durante el curso que está a punto de comenzar, esta gestionará 50 escuelas públicas en lo que es el primer paso hacia la privatización de la enseñanza en el país. El proyecto contempla que para 2020, el total de las escuelas primarias liberianas estén en manos de compañías privadas, siendo BIA la favorita para quedarse con la inmensa mayoría de ellas.

Según anuncia en su propia página, la compañía estadounidense tiene en la actualidad 100.000 alumnos en sus más de 400 escuelas, la mayoría de las cuales están en Kenia y Uganda. Pero su intención es llegar a los 10 millones de estudiantes en una docena de países en África y Asia para 2025 trabajando, principalmente, con familias de bajos ingresos. Siempre según la información que la compañía ofrece en su página, entre sus inversores se encuentran Bill Gates, Mark Zuckerburg, el Banco Mundial y los gobiernos de Estado Unidos y Reino Unido.

Bridge International Academies usa un modelo de escuelas low-cost que no necesita profesores formados ya que todo el material necesario está en las tabletas que utilizan los alumnos y basta con seguir, palabra por palabra, lo allí establecido. Las tabletas también sirven para controlar al profesorado y su actuación y rendimiento. Además, la compañía tiene su propio plan de estudios, que es distinto al que se suele seguir en los países en los que opera, y que está orientado más a recortar gastos que a proporcionar a los alumnos un entorno apropiado para el aprendizaje.

El pasado 17 de agosto, durante una comparecencia en el Parlamento, la Ministra de Educación ugandesa (y esposa del presidente de Uganda), Janet Museveni, confirmaba los rumores de que la inspección llevada a cabo en las escuelas de BIA revelaba graves carencias en las infraestructuras, la higiene y el saneamiento, lo que, según afirmó la ministra, “pone en peligro la vida y seguridad de los alumnos”. También anunció que solo una de las escuelas había llevado a cabo todos los trámites burocráticos necesarios para su aprobación por el gobierno.

Resulta muy curioso que los programas de Bridge International Academies hayan sido loados, en diversas ocasiones, como una solución audaz para llevar la educación a los niños y las niñas más pobres de África y Asia, por ejemplo por periódicos tan prestigiosos como el británico The Independent.

Pero también es verdad que sindicatos de profesores en los países afectados y otras instituciones han acusado a BIA de contratar a maestros no cualificados, a los que se les obliga a recitar cada página del programa según aparece en las tabletas, sin lugar a la iniciativa personal, y que reciben salarios mínimos (justo alegando la falta de cualificación). También han lanzado acusaciones sobre el uso de instalaciones de mala calidad para mantener los bajos costes de la educación low cost. Otros también critican que la compañía promueve la privatización y externalización de la educación. En línea con esto, el año pasado más de 100 organizaciones de Kenia y Uganda firmaron una declaración criticando el apoyo del Banco Mundial a Bridge International.

La respuesta de BIA ha sido de manual. En un comunicado, publicado nada más hacerse públicos los rumores sobre los malos resultados de las inspecciones llevadas a cabo en sus escuelas, declaró sentirse consternada por “la amenaza de forzar a a 12.000 alumnos a quedarse sin escuela y a 800 ugandeses sin trabajo”. Al mismo tiempo, anunciaba que estaba esperando a que se le permitiese revisar los informes de la inspección de los que hablaba la ministra Museveni.

Esta anunció que las escuelas serán cerradas al final del curso académico, en septiembre, y permanecerán cerradas hasta que cumplan con los requisitos demandados por su Ministerio.

Lo preocupante de esta noticia es que pone de relieve que el modelo de privatización que se está imponiendo en África, como todo negocio privado, busca los beneficios económicos y no el bien de los alumnos y las alumnas. Se juega con una necesidad básica de gran parte de la población más pobre del planeta.

Estamos ante un plan impulsado por los poderes económicos internacionales, liderados por el Banco Mundial y sus instituciones. Organismos contra los que es muy difícil luchar y que están empeñados en convertir en negocio cualquier servicio público. Esto pone de relieve el hecho, que llevamos tiempo denunciando en estas páginas, de que la educación se ha convertido en la última gran oportunidad para que el sector privado pueda producir dinero para sí mismo.

A medida que suben las tasas de escolarización en el continente africano, más apetecible se vuelve y más posibilidades de negocio se ven en este sector. En las últimas décadas muchos países africanos han logrado la plena escolarización de su población a nivel de educación primaria. Las cifras no son tan buenas en niveles secundarios o terciarios. Por eso, las empresas privadas se centran en este segmento de la educación y, por el momento, dejan de lado los otros.

Aquí también entra en juego la incapacidad de muchos países africanos para garantizar una plaza en la educación pública a todos los menores en edad escolar, dejando a la iniciativa privada llenar este vacío. Tampoco estos gobiernos están haciendo esfuerzos suficientes para que las enseñanzas recibidas por las alumnas y los alumnos sea de calidad.

Aunque las familias del continente parecen tener cada vez más claro que es necesario invertir en la educación de sus hijas e hijos, los gobiernos no están destinando recursos suficientes a este fin, por lo que a esas le resulta muy difícil cumplir con esta aspiración.

La falta de inversión en educación por parte de muchos de los gobiernos africanos es la que propicia la entrada de las empresas privadas en el sector que, como en el caso de BIA, están destinadas a los segmentos de población más pobres del país. Por una tasa de seis euros al mes se da la apariencia de estar consiguiendo una educación de calidad, cuando en realidad se recorta en la cualificación de los profesores y en las instalaciones, como ha puesto de relieve la inspección llevada a cabo por el Ministerio de Educación de Uganda, para conseguir ganancias, que, al fin de cuentas, es lo único que interesa a estas empresas.

En Uganda por el momento se han parado a estas empresas, aunque tendremos que estar pendientes de cómo evoluciona el caso, porque es fácil que se arregle “de forma privada” (con algún intercambio de dinero y algunas vagas promesas de mejoras). Pero con ello no se acaba el problema. Estos negocios crecen rápidamente en el continente sin encontrar, aparentemente, ningún obstáculo y con el beneplácito de los gobiernos, como vimos en el caso de Liberia, e impulsados por las instituciones internacionales.