«No es la paz, sino un camino hacia la paz»

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Primer aniversario del acuerdo político en RCA

Por Issa Zaguika desde Bangui (RCA)

República Centroafricana intenta dejar atrás un pasado de violencia. En el primer aniversario del acuerdo que terminó oficialmente con la guerra en el país, son muchos los interrogantes que quedan por resolver. Mientras tanto, miles de centroafricanos siguen viviendo fuera de sus hogares y buena parte de la población solo piensa en la supervivencia.

La ceremonia, hace un año, pasó desapercibi­da para la mayoría de los centroafricanos. El 6 de febrero de 2019 el presidente Faustin-Archange Touadéra y repre­sentantes de 14 grupos armados fir­maron en Bangui el Acuerdo Político de Paz y Reconciliación, previamente negociado en Jartum (Sudán) del 24 de enero al 4 de febrero. Los emba­jadores de la Unión Africana y de la CEEAC (Comunidad Económica de Estados de África Central), que du­rante un año y medio actuaron como mediadores, figuraron como garan­tes del acuerdo.

Muchos lo recibieron con escep­ticismo, recordando que se trataba del séptimo acuerdo de paz desde 2013. Pero hay diferencias notables. Detrás hubo un proceso largo que comenzó en julio de 2017, cuando la Unión Africana (UA) presentó su hoja de ruta por la paz. El cere­bro de esta operación fue su comi­sario para la Paz y la Seguridad, el argelino Ismail Chergui. Uno de sus logros fue una reunión de tres días, en agosto de 2018, en la ciudad de Bouar, con representantes de 14 gru­pos armados, los cuales presentaron sus reivindicaciones: 109, nada me­nos. Siguió un año de intensas idas y venidas del embajador de la UA en Bangui, el angoleño Bertino Maton­do, apoyado por el hábil diplomáti­co burundés Adolphe Nahayo como representante de la CEEAC. Muchos ven a este como el verdadero artífice del acuerdo. Tras la firma, Matondo y Nahayo han seguido acudiendo, como bomberos de urgencia, a apa­gar los fuegos de las múltiples crisis que han surgido después. La ONU, los países donantes y los vecinos de República Centroafricana (RCA) han apoyado también esta salida de la crisis, aunque unos más que otros.

El expresidente Bozizé, aclamado a su regreso a Bangui el pasado diciembre. Fotografía: Florent Vergnes / Getty


Además, ha sido la primera vez que un acuerdo de paz en RCA ha contado con instituciones sólidas para ponerlo en práctica. A las po­cas semanas de su firma ya estaba en marcha el Comité Nacional de Im­plementación, presidido por el pre­sidente Touadéra, así como la mayor parte de los comités prefectorales, reunidos periódicamente y que, en muchas ocasiones, han salvado cri­sis que parecían insuperables. En palabras del jefe de la MINUSCA, el senegalés Manqueur Ndiaye, «el acuerdo no es la paz, sino un camino hacia la paz».

Un año después, en el haber del acuerdo se destaca el hecho de que por primera vez se hayan sentado en la misma mesa todos los actores del conflicto. Algunos de los co­mités prefectorales han consegui­do logros que parecían imposibles: en Bossangoa, plaza fuerte de los anti-Balaka, los musulmanes co­menzaron a regresar a sus casas des­pués de casi seis años de que fueran expulsados. En Bria, donde desde 2014 la Seleka imponía su ley, el Co­mité facilitó la llegada de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (conoci­das como FACA por sus siglas en francés), y que los grupos armados desmantelaran las barreras ilegales. En la prefectura de Ouham Pende, en el noreste, dos grupos armados, el 3R (Retorno, Reclamación y Rehabilitación) y los anti-Balaka ter­minaron las hostilidades. Al cabo de un año, 1.300 combatientes han sido desmovilizados –casi todos en el oeste del país, de los grupos armados Révolu­tion et Justice, anti-Balaka y 3R–, muchos menos de los que deberían hacerlo, pero muchos más que antes del acuerdo.

El entonces presidente sudanés, Al Bashir, con su homólogo centroafricano, Touaderá, durante las conversaciones de paz celebradas en Jartum en febrero de 2019. Fotografía: Ashraf Shazly / Getty
Un camino lleno de sobresaltos

Pero no hay que olvidar que la lista del debe es lar­ga: el primer escollo que tuvo que superar la puesta en marcha del acuerdo fue el rechazo de los grupos armados al primer Gobierno inclusivo, anunciado a finales de febrero de 2019 por el nuevo primer mi­nistro, Firmin Ngrebada. La Unión Africana organizó una reunión de urgencia en Adís Abeba para salvar el acuerdo. El 3 de marzo se nombró un nuevo Go­bierno, de 36 ministros, en el que se incluyeron a más representantes de los rebeldes, hasta 15, aun­que ninguno de ellos obtuvo una cartera relevante como Justicia, Economía, Interior, Defensa o Exte­riores, todas ellas exclusivas de los incondicionales de Touadéra.

Cuando se firmó el acuerdo, el Gobierno hizo po­cos esfuerzos para explicarlo y ganarse a la opinión pública, que se mostró poco favorable al mismo. Por si fuera poco, los milicianos del 3R, uno de los fir­mantes, masacraron a 50 civiles en las proximida­des de Paoua, en el noroeste, el 21 de mayo. Su jefe, Abakar Sidiki, bajo presión de la MINUSCA, entregó a tres de sus comandantes como presuntos autores, aunque pocos creyeron que fueran ellos los verda­deros responsables. Por las mismas fechas, otro de los grupos rebeldes, el Frente Democrático del Pue­blo Centroafricano (FDPC), se retiró del acuerdo y empezó a tender emboscadas en las carreteras. Su jefe, Abdoulaye Miskine, fue detenido en Chad en noviembre del año pasado, pero pocos creen que el país vecino esté dispuesto a extraditarlo a Bangui, la capital centroafricana.

Si hay que juzgar el éxito del acuerdo por su ob­jetivo principal, reducir la amenaza de los grupos armados, aún queda mucho por hacer. Los rebeldes siguen presentes en el 70 % del país, y los grupos principales de la antigua Seleka (el UPC, el FPRC y el MPC) no muestran mucha voluntad de desaparecer ni de reducir la violencia. En su informe al Consejo de Seguridad, en junio de 2019, el jefe de la MINUSCA hablaba de entre 50 y 70 violaciones del acuerdo cada semana. El documento prevé un sistema de sanciones –recogidas en el artículo 35– para los que violen los compromisos, pero es muy difícil ponerlo en prác­tica. En algunos casos, la MINUSCA ha utilizado la fuerza, como ocurrió a finales de enero de este año, cuando expulsaron de la ciudad de Alindao al UPC de Ali Darassa, uno de los grupos más sanguinarios y que usa más combatientes extranjeros.

Varias mujeres caminan entre comercios delk mercado del barrio PK5, en Bangui, uno de los motores económicos del país. Fotografía: Florent Vergnes / Getty

Pero si la crisis centroafricana ha tenido fuertes tensiones intercomunitarias (musulmanes contra no musulmanes), durante 2019 el conflicto más cruel estalló entre grupos armados de combatientes musulmanes, escindidos de la Seleka. Lo peor ocurrió en la remota ciudad de Birao, en el noreste, en septiembre de 2019, cuando dos de esos grupos se enfrentaron a muerte: el MLCJ, compuesto por com­batientes de etnia kara, contra el FPRC, de mayoría runga. Hubo al menos 60 muertos. Hasta la fecha, la MINUSCA ha impedido nuevos combates, pero las tensiones entre karas y rungas se trasladaron a la ciudad de Bria, donde el pasado 25 de enero hubo nuevos enfrenta­mientos con al menos 54 muertos. La mayor parte de los habitantes de Bria, desde hace años, viven en campos de desplazados.

Grupos armados: no están todos los que son

Además, no todos los grupos armados participaron en el proceso de paz. Es el caso de las milicias de autodefensa del PK5, el barrio de Bangui de mayoría musulmana, pulmón económico del país por su fuerte actividad comercial. Surgidos a finales de 2013 para defenderse de los ataques de los anti-Balaka, durante los últimos años se han transformado en bandas mafiosas que obligan a los comerciantes a pagar mordidas. Hartos de estas exacciones, el año pasado los comer­ciantes –que también están armados– se enfrentaron a las milicias. La última ocasión, el día de Navidad, se saldó con 50 muertos. Duran­te el mes de enero, la capital ha conocido un período de calma, pero muchos se preguntan hasta cuándo.

La Justicia es otro de los puntos sensibles. En contra de lo que pe­dían los grupos rebeldes, el acuerdo no contempla una amnistía. El sistema judicial centroafricano es muy débil, y para reforzarlo se creó el Tribunal Penal Especial, un tribunal mixto con jueces internaciona­les y centroafricanos, aunque hasta la fecha no ha emitido aún nin­guna orden de detención. El acuerdo de paz prevé también una Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Reparación, que ya cuenta con un marco legal pero que no ha empezado sus trabajos. Quien sí ha entrado con fuerza es el Tribunal Penal Interna­cional, que a finales de 2018 logró la detención de dos de los principales líderes anti-Balaka: Alfred Yekatom, conocido como Rambo, y Edouard Ngaissona. Otros líderes de la Seleka bajo sanciones internacionales –y con órdenes de detención– como Abdoulaye Issene, del FPRC, se mue­ven con libertad e incluso han estado en Bangui para participar en reunio­nes, sin que nadie se haya atrevido a detenerles. El caso del antiguo pre­sidente, François Bozizé, él mismo con una orden de arresto, raya en lo estrambótico después de que volvie­ra por sorpresa al país en diciem­bre pasado, dejando al Gobierno en una situación embarazosa. A finales de este año están previstas eleccio­nes presidenciales y parlamentarias. Muchos piensan que si Bozizé decide presentarse aumentará la tensión.

La restauración de la autoridad del Estado va muy lenta, con solo el 60 % de los funcionarios en sus puestos, sobre todo fuera de la ca­pital. Y el despliegue del Ejército nacional, aún bajo un embargo in­ternacional de armas, sigue siendo una asignatura pendiente. Las FACA cuentan con unos 5.000 soldados operativos –1.500 fuera de Bangui–, formados por la Unión Europea y también por instructores rusos de la compañía de seguridad privada Wagner. La fuerte presencia de Rusia en el país, donde está presente desde 2018, ha disminuido el protagonis­mo de Francia, la antigua metrópoli, e inquieta a EE. UU. Ambos países no ocultan su disgusto.

Mientras tanto, de los cinco mi­llones de centroafricanos, un millón sigue viviendo lejos de sus hogares como desplazados internos o refu­giados en países vecinos, y según la OCHA dos millones y medio nece­sitan ayuda humanitaria. Los que vi­ven en sus casas, si tienen la suerte de residir en una de las zonas libres de conflicto, a menudo piensan solo en sobrevivir. No en vano RCA sigue siendo el país más pobre del mundo según la ONU. Para salir de la pobre­za hace falta vivir en paz. Una paz que el acuerdo de febrero del año pa­sado no termina de enraizar.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO DE PAZ?

Compromisos del Gobierno centroafricano

• Aceptar la transformación de los grupos armados en partidos políticos.

• Poner en marcha una política de descentralización.

• Nombrar un gabinete ministerial más inclusivo.

• Formar unidades especiales mixtas de seguridad (formadas por soldados gubernamentales y rebeldes, coordinados por la MINUSCA).

• Organizar elecciones presidenciales, parlamentarias y muni­cipales.

• Poner en marcha una Comisión de Verdad, Justicia, Reconci­liación y Reparación (CVJRR).

Compromisos de los 14 grupos armados

• Respetar la legitimidad del orden constitucional, de las insti­tuciones del Estado, de la integridad territorial y de la unidad de la nación.

• Observar un alto el fuego permanente.

• No utilizar la violencia para sostener sus objetivos políticos.

• No circular armados en lugares públicos.

• Abstenerse de lanzar ataques contra el Estado, la MINUSCA, las organizaciones humanitarias y la población civil.

• No oponerse al despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado en todo el territorio nacional.

• Participar en el programa de desarme, desmovilización y rein­tegración.

FECHAS CLAVE DE LA CRISIS

2013

24 marzo. La coalición Seleka, de mayoría mu­sulmana, entra violentamente en Bangui. Su jefe, Michel Djotodia, es proclamado presi­dente. François Bozizé, el presidente legítimo, huye del país.

5 diciembre. Las milicias anti-Balaka atacan Bangui. Los combates y venganzas causan más de un millar de muertos en tres días. Fran­cia envía 3.000 soldados al país.

2014

10 enero. Durante una reunión de los países de la zona en Yamena (Chad), el presidente Djo­todia es obligado a dimitir. La Seleka se retira de Bangui y durante los meses siguientes se escinde en varios grupos.

20 enero. El Parlamento provisional elige a Catherine Samba-Panza como presidenta de la Transición.

15 septiembre. Comienza el despliegue de 11.000 cascos azules bajo la MINUSCA.

2015

4-11 de mayo. Foro Nacional de Bangui, para consensuar una salida a la crisis.

29-30 noviembre. El Papa Francisco visita Bangui y hace un llamamiento a la paz.

30 diciembre. Primera vuelta de las eleccio­nes presidenciales y parlamentarias.

2016

20 febrero. Tras una segunda vuelta, Faustin-Archange Touadéra es proclamado presidente.

31 octubre. Francia retira sus tropas de RCA.

2017

Septiembre. Naciones Unidas alerta de que la violencia ha causado más de un millón de desplazados y refugiados, la cifra más alta desde que comenzó la crisis.

2018

1 mayo. Milicias de autodefensa de Bangui atacan la parroquia comboniana de Fátima durante la Misa, matando a 26 personas.

11 noviembre. El UPC, uno de los grupos escin­didos de la Seleka, ataca el campo de despla­zados de la misión católica en Alindao, cau­sando 112 muertos.

2019

6 febrero. El presidente Touadéra y represen­tantes de 14 grupos armados firman en Bangui un acuerdo político de paz.

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