¿Paz en Libia?

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El 21 de agosto se firmó un alto el fuego y pocos días despúes dimitió el primer ministro Fayez al Serraj



No hay foto de la firma del alto el fuego y solo se hizo público a través de dos comunicados. Uno desde el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés) ubicado en Trípoli, con Fayez al Serraj a la cabeza –hasta el pasado 16 de septiembre, cuando anunció su dimisión–; y el otro desde el Parlamento de Tobruk, cuya presidencia ejerce Aguila Saleh Issa. El acuerdo, rubricado el 21 de agosto, no incluye al tercer bando, encabezado por el mariscal Jalifa Haftar, al mando del Ejército Nacional Libio desde el este del país.

El complejo puzle de poder e injerencias extranjeras en el que se ha convertido el país magrebí desde la caída del régimen de Muammar el Gadafi en 2011 —gracias a la revuelta popular que apoyó una coalición militar formada por EE. UU., Francia y Gran Bretaña bajo el paraguas de la OTAN y con luz verde de la ONU— se convirtió, cuatro años después, en una guerra civil entre el GNA, reconocido por la ONU, y el poder militar de Haftar, respaldado por Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Desde hace 14 meses, con el control de Trípoli y Sirte como principales objetivos, se han intensificado los combates en el noroeste del país.

En sus primeras declaraciones, las partes han expresado cierto desacuerdo en algunos puntos, aunque sí que coinciden, al menos, en que se debe preservar «la soberanía de Libia, expulsar a los mercenarios y abrir una cuenta bancaria en el Banco Exterior Árabe Libio, un organismo en el extranjero donde se depositarían temporalmente los beneficios obtenidos de las exportaciones de hidrocarburos». 

Con este planteamiento se resolvería el espinoso tema de la renta que genera el petróleo, cuyos pozos se encuentran sobre todo en el este del país, y cuyos beneficios de explotación son, por el momento, ingresados en el Banco Central de Trípoli –en el oeste–. También se plantea el levantamiento del bloqueo a las exportaciones, que está sometiendo a restricciones de electricidad, escasez de gas natural, agua corriente y combustible a la población. Un par de días después de la firma del alto el fuego, ese malestar popular se transformó en manifestaciones de centenares de personas, tanto en la capital como en ciudades del este, para denunciar el grave deterioro de sus condiciones de vida. «Este alto el fuego tienen una dimensión económica extremadamente importante», aseguró Jalel Harchaoui, investigador del Instituto -Clingendael, a Jeune Afrique a finales de agosto. 

La dimensión militar y política del acuerdo también tiene un peso relevante porque plantea establecer «zonas desmilitarizadas» en Sirte —el feudo del exdictador y donde se asentó el Estado Islámico en 2016— y en Al Joufra, para impedir que Rusia instale las bases militares que está negociando con Haftar. Además, contempla la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en marzo de 2021 o de crear un nuevo Consejo presidencial en Sirte compuesto por representantes de las tres principales regiones del país: Tripolitania (oeste), Cirenaica (este) y Fezzan (sur). 

Esta última propuesta, que supondría un desplazamiento de las instituciones de poder político hacia el este del país, ya se presentó en El Cairo el pasado mes de junio, cuando las tropas de Haftar recuperaron el control de la región tripolitana.


Jóvenes libios bloquean las calles de Bengazi el pasado 12 de septiembre como protesta por la falta de servicios públicos y la escasez de recursos básicos. Fotografía: ABDULLAH DOMA/Getty. En la imagen superior Fayez al Serraj, primer ministro del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), dando un discurso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado mes de febrero. Fotografía: FABRICE COFFRINI/Getty



¿Una ocasión histórica?

«Es un golpe de efecto mediático. Turquía, tiene sus buques preparados para atacar Sirte y Al Joufra. La verdad es lo que pasa en el terreno, nuestras fuerzas armadas están preparadas para combatir al enemigo», declaró a Al-Wasat Libya el portavoz de Haftar, Ahmed al Mismari, tras conocer el acuerdo de alto el fuego alcanzado. En cambio, desde organismos internacionales se apresuraron a ver algo de luz al final del túnel. Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Extranjeros, habló de «un primer avance constructivo que muestra la determinación de los dirigentes libios para superar el impás actual», y Stephanie Williams, jefa adjunta de la misión de la ONU en Libia, habló de una «ocasión histórica».

Los medios árabes apuntan a Aguila Saleh, como el más beneficiado de este alto el fuego al adquirir protagonismo en la necesaria renovación de interlocutores que precisa el caso libio. Algo que ya ha señalado Emrullah Isler, el enviado de Erdogan en el conflicto, al asegurar que Turquía apoyaría que Saleh se convirtiera en el sustituto de Gadafi. 

Son las maniobras geopolíticas que, en parte, harán que este mes de octubre Al Serraj abandone el cargo que ocupaba en el GNA desde su creación en 2016. Se retira de un escenario en el que la UE y la ONU intentan recuperar el liderazgo de la negociación para que Libia deje de ser considerado un Estado fallido y, casi una década después, se concentre en la reconstrucción. La comunidad internacional confía en controlar los intereses de Rusia o Turquía, que han aumentado la rivalidad entre las facciones aprovechando la lucha por el poder de milicias tribales, yihadistas y mercenarios dirigidos desde el exterior; razón por cual el Consejo de Seguridad de la ONU renovó a mediados de septiembre el mandato de su misión en el país, la UNSMIL. 

Las divisiones se multiplican entre regiones y facciones de poder, por eso los analistas achacan la salida de Al Serraj a los enfrentamientos en el GNA y las consecuencias provocadas por el cese del ministro del Interior, Fathi Bashaga, al que se abrió le una investigación por la represión ejercida en las protestas.


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