Pulso de la población argelina al régimen

Decenas de miles de manifestantes salen a las calles en la primera protesta pacífica masiva desde la Guerra Civil para rechazar la candidatura a un quinto mandato de Abdellaziz Bouteflika.

 

«Es el momento de irse» o «Irse significa irse» son algunas de las proclamas con las que los argelinos están negándose a que el actual presidente opte a seguir en el poder, a pesar de su grave estado de salud, por el que está siendo tratado en una clínica de Suiza. La respuesta del régimen ha sido rápida, confusa y eficazmente cuestionada por los expertos: «El compromiso a convocar elecciones anticipadas a las que Buteflika no volverá a presentarse, en caso de que gane las elecciones del 18 de abril», aseguró este domingo Abdelghani Zalene, director de la campaña de Buteflika. Reducir la desigualdad social y trabajar en las reformas del sector energético son las principales preocupaciones de una sociedad que pide no solo la dimisión de Buteflika, sino un cambio en el sistema político.

 

Tensión máxima en las calles de Argel, Orán, Constantina, Blida, Sétif, y en capitales europeas como París, donde los argelinos han reunido suficiente coraje para volver a salir a las calles, dejar atrás el miedo de la Guerra Civil de los años 90 en la que murieron entre 150.000 y 200.000 personas, y expresar de forma pacífica su hartazgo ante el anuncio y el posterior registro oficial de la candiadtura del actual jefe del Estado para un quinto mandato consecutivo.

Un número sin precedentes de manifestantes, compuesto por todo tipo de gente, mujeres, jóvenes (más de la mitad de la población tiene menos de 35 años), familias enteras, héroes de la Revolución, empresarios, políticos de diferentes tendencias…, sin estar liderada por ninguna figura visible, es lo que, con prudencia, destacan los analistas regionales. Así como la determinación con la que comenzaron las protestas el 16 de febrero.

En abril, cuando se celebren las elecciones presidenciales, Buteflika (82 años) cumplirá dos décadas en el poder. En silla de ruedas desde que sufrió un derrame cerebral en 2013, anunció a través de una carta su candidatura para seguir ocupando el Palacio de El Muradia o, más bien, la residencia medicalizada de Zeralda, en la costa oeste del país.

Es una decisión orquestada por el régimen y autorizada por la familia del dirigente, en concreto por Said Buteflika, consejero especial de la Presidencia y hermano del dirigente argelino, que confirma la paralización del régimen.

«El quinto mandato es muy arriesgado porque va más allá de lo que la racionalidad aconseja. Desde todos los puntos de vista, el económico, el diplomático… Argelia se está quedando atrás en los encuentros internacionales y sus socios empiezan a cansarse de que se tarde tanto en reaccionar», explica Rafael Bustos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán (OPEMAM). «El régimen está formado por círculos concéntricos de clanes civiles y militares, con orígenes e intereses compartidos, pero cada vez más pequeños. La falta de oposición o de una sociedad civil activa es el resultado de décadas de políticas de infiltración, cooptación y división del régimen», añade Bustos, para el que solo será posible salir de la crisis actual permitiendo una gestión provisional de la situación por parte de la élite intermedia. «Si no se cuenta ahora con esta élite, el riesgo real de revueltas anómicas, en caso de que se produzcan, no encontrarán un interlocutor válido».

El sistema político argelino no se caracterizó nunca por la transparencia. Mantiene el enigma sobre la composición de las fuerzas de poder que conforman el régimen, y está especialmente abocado al «teatro en la sombra» que marca la gestión del país desde hace décadas. «El presidente difícilmente podrá aguantar otros cinco años en el cargo y, de hacerlo, generaría distorsiones importantes en su función de representación. (…) Hay dudas incluso de que Buteflika vaya a ser capaz de prestar juramento si resultara elegido», explicaban Gonzalo Escribano y Virginia Crespi de Valldaura, investigadores del Real Instituto El Cano, en un artículo publicado en enero por la revista Política Exterior, antes de que se confirmase su candidatura.

La situación económica preelectoral del país es buena por el aumento de los precios de los hidrocarburos y el incremento de la producción de gas que, como señalan Escribano y Crespi, «han permitido expandir el gasto social y relajar los modestos intentos de austeridad en los años de precios bajos del crudo».

En el presupuesto de 2019 se confirma el aumento del gasto público de alrededor de un 8%, con lo que se intentará contener el descontento social. Los expertos apuntan que las previsiones de producción de gas y petróleo muestran la urgencia de llevar a cabo reformas en el sector, porque la situación podría complicarse a partir de 2023, y existe la previsión de la desaparición de las exportaciones de gas en 2030.

Bustos apunta que el sistema argelino «toca fondo» al ser incapaz de resolver «sus propias contradicciones». La fractura de los poderes civiles y militares acompaña a la desmembración de la Asamblea Popular Nacional (ANP, el Parlamento argelino, por sus siglas en francés) que también ha afectado al Frente de Liberación Nacional (FLN). En una maniobra que el presidente de la ANP llegó a calificar de «humillante», la institución declaró «vacante» la presidencia que ocupaba Saïd Buhaya, y días después eligió a Muad Buchared, próximo al FLN. Un mes después, la tensión se desató en el propio ex partido único, cuando Buchared desplazó al secretario general, Yamal Uld Abbes, al disolver todas las instancias del partido «por orden de Buteflika». Algo que la webAlgeria Watch calificó como un «golpe de Estado en el FLN».

Tras la obsesión por saber si finalmente Buteflika se presentaría a un quinto mandato, y confirmar la peligrosa deriva en la que queda sumido el país, está por ver si se hará un esfuerzo por reconectar a una sociedad civil tradicionalmente crítica pero con muy poco margen de maniobra.

Frente a Buteflika, o al aparato del Estado, han presentado su candidatura el general retirado Ali Ghediri y Abderrazak Makri, líder del Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), el principal partido islamista argelino.

 

Tres centímetros más alto que Napoleón

Buteflika representa el fin de la generación que hizo la guerra de la Independencia. Es uno de los dirigentes que ha mantenido una relación más longeva y estrecha con Francia (se relacionó con Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d´Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande y Emmanuel Macron), la potencia que ocupó el territoro durante 132 años.

El fuerte carácter y la determinación de Buteflika se evidencian desde lo anecdótico –dando la vuelta a la importancia de su escasa estatura, apenas 158 centímetros, al destacar que Napoleón Bonaparte llegó donde llegó midiendo tres centímetros menos que él–, hasta su reconocida determinación y habilidad negociadoras. Aptitudes que han abandonado al político que vuelve a presentarse a las elecciones presidenciales.

Su última aparición en público fue el 1 de noviembre del año pasado, cuando participó en una ceremonia de homenaje a los mártires de la Revolución, por el 53 aniversario de la independencia, y se dirigió por última vez al pueblo en un discurso en mayo de 2012 en Setif. Desde 2013, solo ha viajado al extranjero para someterse a tratamientos médicos, permaneciendo ausente de las cumbres y encuentros internacionales en los que Argelia era un referente por ser uno de los principales países exportadores de gas y petróleo (suponen un 93,48 % de sus exportaciones y el 31 % del PIB).

Buteflika fue ministro de Asuntos Exteriores con el presidente -Houari Boumédiène, con el que colaboró en el golpe de Estado que en 1965 acabó con el Gobierno de Ahmed Ben Bella. Pero no pudo acceder al poder hasta 1999, después de pasar por una larga y autoimpuesta travesía del desierto, exiliándose a París y a países del Golfo, tras rechazar el puesto de ministro de Estado con escasas competencias que le asignó Chadli Bendjedid.

No son pocas las voces en Argelia que piden la aplicación del artículo 102 de la Constitución, que se refiere al «estado de vacío de poder por incapacidad del presidente para asumir sus funciones». De hecho, Buteflika no hará campaña electoral y será un candidato ausente que repetirá las mismas promesas de reformas que no ha cumplido durante los últimos cuatro años, sin escuchar las peticiones para que se reforme la Constitución, y la organización de una conferencia nacional inclusiva que Buteflika rechaza por considerar que «el país no está en crisis».

De estas elecciones debería surgir el diálogo y la concertación entre los partidos y la sociedad civil argelina, además del reconocimiento de que la actual crisis del país es fruto de la gestión de las últimas dos décadas.

Lejos o no de las revueltas que en 2011 terminaron con el mandato de Zine el Abidine Ben Ali (Túnez) y Hosni Mubarak (Egipto), y que provocaron la posterior caída de Muammar al Gaddafi (Libia) y Ali Abdullah Saleh (Yemen), los argelinos están viviendo ahora un impulso, una movilización sin precedentes que, si son capaces de mantener, podría desembocar en un nuevo escenario político que afectará a la región. La «tomadura de pelo» de un quinto mandato de Buteflika, como ha sido calificado en la prensa argelina, tiene que ver con el régimen militar que le impone seguir en el poder, pero también con los desafíos sociales y económicos, a los que cada vez se ofrecen menos soluciones por parte del Gobierno. Mientras, como también ocurrió en 2011, la comunidad internacional se limita a observar antes de posicionarse: hay demasiados intereses en juego (Argelia suministra el 15% del gas que consume la UE y el 60% que necesita España), y esperan a que los que están arriesgando sean capaces de mantener el pulso.

 

Todo en el aire en Libia

La Unión de Apoyo a la Misión en Libia de la ONU (UNSMIL) tiene la intención de organizar en 2019 una conferencia nacional a la que acudan todas las partes y facciones del país, y en la que se concrete la celebración de un referéndum constitucional y elecciones legislativas y presidenciales.

«Debería haber elecciones pero Ghazzan Salamé, el enviado de la ONU para Libia, tiene que lograr que antes se acuerden muchas cosas, y todo es bastante imprevisible. Salamé quiere que haya un consenso entre los actores libios antes de dar cualquier paso», explica Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exester (­Reino Unido).

Salamé intenta evitar caer en los errores del pasado y no repetir el fracaso del Acuerdo Skhirat (firmado en 2015 en Marruecos), que pretendía ser una hoja de ruta para alcanzar la paz en el país magrebí, pero que no logró implementarse porque las posturas estaban, en la realidad, muy alejadas, y por considerarse impuesto desde el exterior.

Haciendo gala del caos que reina en un país dividido y con dos gobiernos –al este, con sede en Bengazi, donde nació la revuelta que acabó con Muammar el Gaddafi, es el mariscal Jalifa Haftar, jefe del Ejército Nacional libio, quien dirige la Cirenáica; y al oeste es Fayez Al-Sarraj, jefe del Gobierno del Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli y reconocido por la comunidad internacional, el que controla la Tripolitania–; no está claro si tras la conferencia nacional, que debería celebrarse en julio, tendrá lugar un referéndum constitucional, o si se convocará antes a las urnas para las elecciones presidenciales y legislativas. Pero el borrador de la Constitución establece límites para los candidatos a presidente, como tener solo la nacionalidad libia (algo que no cumple Haftar por ser, además, estadounidense), y establecerá límites al posible acceso al poder de los herederos del creador del Libro Verde, razón por la que algunos mandatarios anteponen la necesidad de celebrar las elecciones.

Entre esos mandatarios está Seif el Islam Gaddafi, quien salió de la cárcel en junio de 2017 y en las últimas semanas ha buscado el respaldo de Francia para que apoye su posible candidatura a la presidencia de Libia.

Fernández-Molina insiste en diferenciar la imagen que desde el exterior se ofrece acerca de lo que ocurre en Libia con lo que trasladan sus protagonistas: «La división regional y posible fragmentación del país es algo exagerado desde el exterior. He tenido la ocasión de entrevistar a diplomáticos, miembros de la comunidad que trabajan sobre Libia y a los actores internos recientemente, y todos coinciden en que el espíritu nacionalista está por encima. Todos quieren una Libia unida».

La legitimación internacional a los gobiernos Trípoli (respaldado por Turquía, Catar y, durante un tiempo, Italia) y Bengazi (apoyado por Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Francia) acentuó la división después de la fractura militar que generó la revolución, y existen sensibilidades e identidades regionales distintas. Pero, como concluye Fernández-Molina, «todos los actores dicen querer preservar la integridad del Estado, nadie habla de secesión».

La clave será saber cuánto interés, interno y externo, habrá en mantener la inestabilidad y la actual violencia, porque las facciones siguen marcando el ritmo del país.

 

Cambio de caras en Mauritania

«Seguiré comprometido con Mauritania e involucrado en política. Estoy aquí y no me voy del país. Permaneceré en el mismo camino. Cuando la Constitución me permita volver a presentarme, lo haré. Si no puedo presentarme a un tercer mandato, me presentaré más tarde. La Constitución no me impide hacerlo», declaró Mohamed Ould Abdel Aziz a finales de noviembre.

Un mes antes, el presidente de Mauritania anunciaba que no se presentará a las elecciones presidenciales previstas para junio por la limitación constitucional a dos mandatos. Los analistas mauritanos aseguran que la decisión viene de la ofensiva que lanzó en mayo el Ejecutivo para que se realizara una reforma constitucional que se lo permitiera. Y las sospechas aumentaron cuando, en una entrevista en televisión, Abdel Aziz pidió la abolición del Senado, lo que la oposición interpretó como el intento de terminar con los obstáculos para volver a presentarse. El sucesor de Abdel Aziz lo ha designado él mismo. Mohamed uld el Ghazouani es hasta la fecha ministro de Defensa y ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Fueron compañeros en la carrera militar en la academia militar de Meknés (Marruecos), y ambos participaron en el golpe de Estado que derrocó en 2008 al expresidente Cheij ­Abdallahi. De esta forma se cumplen los pronósticos de la oposición cuando aseguraron que sería una figura leal al presidente saliente la que garantizaría la continuidad.

Por el momento, El Ghazouani, una persona muy discreta, no ha confirmado su candidatura. En cambio, sí que lo ha hecho Biram Ould Dah Ould Abeid, defensor de la campaña contra la esclavitud –que sigue existiendo en el país a pesar de haber sido abolida en 1981–, y que en las presidenciales de 2014 apenas alcanzó el 9% de los votos. El partido Tawassoul, segunda fuerza del país, no ha confirmado si presentará un candidato al desconfiar que sea posible competir con la figura afín al presidente saliente.