RDC, ¿fuera de control?

Por Pablo Moraga
Foto: ONU/Sylvain Liechti

El mandato de Joseph Kabila, el presidente de República Democrática de Congo (RDC), expiró oficialmente el pasado lunes a las 12 de la noche. Las elecciones generales deberían haberse celebrado el 27 de noviembre. Pero la comisión electoral insiste en que es necesario actualizar los censos y ha anunciado que las votaciones se pospondrán hasta abril de 2018.

En mayo el Tribunal Constitucional permitió a Kabila extender su mandato legalmente hasta las siguientes elecciones. Y en octubre unos pocos partidos de la oposición aceptaron esta decisión. Sin embargo, el principal bloque de la oposición ―Rassemblement― no está de acuerdo, y exige la dimisión inmediata del presidente.

Kabila ha perdido el apoyo del pueblo, y desde enero del 2015 su Gobierno ha llevado a cabo una campaña de represión brutal. Según una encuesta reciente, tan solo el 7,8 por ciento de los congoleños votarían otra vez a Kabila, y el 74 por ciento dijeron que debería dimitir a finales de diciembre, independientemente si se celebraran elecciones o no.

Líderes de la oposición, expertos y diplomáticos extranjeros advierten que el país está al borde de una guerra civil. El mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reconocido en varias ocasiones su preocupación por una posible «desestabilización del país».

«El pueblo va a tomar el control de la situación», dijo Etienne Tshisekedi, líder de la oposición. «Kabila realizó un golpe de Estado contra sí mismo cuando firmó ese acuerdo (el retraso de las elecciones)».

El valor del franco congoleño se ha depreciado un 25 por ciento con respecto al dólar, las embajadas extranjeras han repatriado a la mayoría sus trabajadores, y entre el 13 y el 20 de diciembre todos los vuelos internacionales que partían desde Kinshasa estaban llenos.

La MONUSCO ―la misión de estabilización de las Naciones Unidas en RDC― ha desplegado militares en casi todo el país y está preparada para «proporcionar ayuda humanitaria a los civiles que podrían ser desplazados por la violencia«.

RDC es un país inmenso: tiene más de 2,4 millones kilómetros cuadrados ―cuatro veces y medio la superficie de España―, 800.000 kilómetros cuadrados de tierras cultivables, 1.100 minerales y metales preciosos diferentes, la segunda selva tropical más extensa del mundo, un río que podría generar electricidad suficiente para iluminar todo el sur África, y 55,1 millones de personas que intentan sobrevivir con menos de 1,90 dólares por día.

La historia congoleña es muy sangrienta. Seis millones de personas han muerto desde 1996. Y en el este del país quedan más de 70 grupos rebeldes activos.

Según Human Rights Watch, algunos líderes rebeldes dijeron que el Ejército y la Policía congoleños ahora han perdido su «legitimidad». Muchos grupos han recuperado posiciones durante los últimos meses. Son fuertes, y podrían aprovechar la crisis del Gobierno para crecer más.

El 18 de diciembre un portavoz del Ejecutivo destacó la fortaleza y lealtad de las fuerzas de seguridad. Pero Human Rights Watch ha advertido que estas «podrían fragmentarse» si el presidente utiliza la violencia para mantenerse en el poder.

Muchos soldados son exrebeldes que apenas si han recibido formación militar, y en las provincias del este del país son conocidos por su falta de disciplina: algunas de las personas que he entrevistado tienen tanto miedo al Ejército como a los grupos rebeldes.

En una zona remota de Kivu Sur, en el este del RDC, conocí a dos soldados del Ejército. Se acercaron y me preguntaron qué demonios hacía allí. Sus uniformes militares, sus Kaláshnikov… Yo les mostré los papeles que había conseguido en las comisarías de la región: estaban en regla. Pero no hicieron demasiado caso a mis documentos.

―Tienes que darnos 500 francos a cada uno ―dijeron.

Después me explicaron que no habían recibido ningún sueldo desde hacía meses. Y claro, necesitaban dinero para la cena de esa noche.

En las carreteras del este del país, los militares y los policías construyen controles con troncos de bambú o simplemente con ramas secas y paran a todos los vehículos: si quieres pasar, tienes que pagar.

Los soldados y altos cargos del Ejército nacional han violado mujeres y niñas con total impunidad, y continúan reclutando a niños para luchar.

―Los soldados nos roban y nos atacan, y nadie nos protege ―me dijo una amiga.

Durante estos días la atención de los medios de comunicación se ha centrado en Kinshasa, la capital del país, en el extremo oeste. Es una megalópolis con 12 millones de personas, y muchas viven en suburbios.

En los slums no funcionan los hospitales, no hay alcantarillas ni retretes. Millones de jóvenes están empleados en el sector informal o no tienen ningún trabajo. En 2003 menos del cinco por ciento de los habitantes de Kinshasa tenía sueldos regulares. Y el 65 por ciento no comía suficiente. Para la mayoría, el Estado es un mero instrumento de represión.

Los políticos, las personas de negocios y los extranjeros, mientras tanto, se refugian en mansiones protegidas con todos los implementos imaginables.

El presidente Kabila también vive en Kinshasa. En un palacio en las orillas del río Congo. Tiene una colección de relojes caros, motos, un chimpancé y millones y millones de dólares. Bloomerang News ha publicado un mapa con la red de negocios de la familia de Kabila. Bancos, minas, líneas aéreas, granjas, una constructora de carreteras, una distribuidora farmacéutica: Kabila y su familia están involucrados en al menos 70 empresas, e intervienen en prácticamente todos los sectores de la economía del país. «Esta red de negocios puede ayudar a explicar por qué el presidente ignora las llamadas de la Unión Europea, los Estados Unidos y la mayor parte del pueblo congoleño para que abandone su cargo», escribieron los periodistas de Bloomerang.

Kabila asegura que su Gobierno está preparado para defenderse ante cualquier intento de conseguir el poder a la fuerza. Hay miles de policías y militares en las ciudades más importantes. Las fuerzas de seguridad han establecido puestos de control en puntos estratégicos de Kinshasa. «Cualquier reunión con más de diez personas es ilegal y será dispersada», dijo el portavoz de la Policía.

A mediados de septiembre, durante las últimas protestas masivas en contra de Kabila, las fuerzas de seguridad de Kinshasa dispararon a matar. Algunas víctimas recibieron balazos en la cabeza o en las partes superiores de sus cuerpos, incluida una niña con cinco años. Los manifestantes golpearon hasta la muerte a tres policías, y quemaron vivo a otro.

Los disturbios duraron dos días. El Gobierno bloqueó a los investigadores independientes y los periodistas, y más tarde reconoció la muerte de 32 personas. Las Naciones Unidas han confirmado los asesinatos de al menos 53 personas, y Human Rights Watch de 66.

Ahora, República Democrática de Congo contiene la respiración.

―De momento estamos bien, pero tenemos miedo. Esperamos todo y nada ―dicen mis amigos.

Según Jean-Marie Guehenno, el director del International Crisis Group, «nos estamos dirigiendo en cámara lenta hacia una gran crisis».