Sobre el genocidio de Ruanda: ‘Guerra sucia’ contra la justicia

El Gobierno de Paul Kagamé busca borrar las huellas del FPR en la barbarie que sufrió el país. Diversos colectivos insisten en destapar los hechos.

 

Por Federación de Comités de Solidaridad con África Negra

 

[Imagen superior: El juez Fernando Andreu / Fotografía: Fundación Internacional Baltasar Garzón]

 

En 1994, la mayoría de las personas y organizaciones que impulsaron la querella contra el Frente Patriótico Ruandés (FPR) creyeron la versión oficial de los hechos. Éramos diez organizaciones y una veintena de personalidades destacadas por la defensa de los derechos humanos, además de víctimas y familiares de víctimas. La versión oficial es la que los vencedores de esa guerra sucia –conocida como el genocidio de Ruanda– se inventaron y han impuesto al mundo para lavar su imagen y salir impunes de sus crímenes.

Fueron necesarios años de investigaciones judiciales y policiales, recogida de pruebas y evidencias a raíz del asesinato de nueve ciudadanos españoles en Ruanda y RDC entre 1994 y 2000; hicieron falta centenares de testimonios y declaraciones en sede judicial de testigos e implicados en los hechos, para destapar esa gran mentira. El auto emitido por el juez Fernando Andreu el 6 de febrero de 2008 expone, sin espacio para la duda, todos los hechos y sus evidencias. Se acusa a 40 altos cargos del FPR de Paul Kagamé del asesinato de 9 españoles, además de otros crímenes como pertenencia a grupo armado que cometió actos terroristas, pillaje o asesinatos masivos. Son 181 páginas que cualquiera puede leer en la web Veritas Rwanda Forum. Otros documentos, como el Informe Gersony (1994), o el Informe Mapping (2010), de la ONU han señalado a estos mismos responsables. Pero no hay voluntad política para hacer justicia y no hay presión popular para que aquella se dé.

No hacen falta más datos en el océano de informaciones sobre lo ocurrido en Ruanda en los años 90; sería un gesto ya inútil. Rebatir la versión oficial una y otra vez con evidencias y argumentos irrefutables, durante más de 20 años, para comprobar que su eco es el mismo que el de las mentiras –con lo cual el eco se anula, matemáticamente hablando– es agotador e ­innecesario.
Hemos aprendido que la batalla mediática agota una energía necesaria para otras actuaciones más decisivas. Si de argumentos se trata, la batalla de la información está ganada desde hace mucho tiempo, al menos desde que se emitió el auto del juez Andreu. Otra cosa es que quien menos razón tiene sea quien más grita. Solucionar eso no está en nuestra mano.

En España, los Gobiernos de PP y PSOE han actuado para acabar con la jurisdicción universal. Había 12 causas abiertas gracias a ella que han ido cerrándose poco a poco, hasta no quedar prácticamente ninguna. Esto se lleva a cabo con normativas internas que incumplen tratados de derecho internacional ratificados por España –y, por tanto, de obligado cumplimiento–, dejando en desamparo a las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, de crímenes de guerra y contra la humanidad. En el caso de Ruanda, a pesar de las presiones de EE. UU., que hemos comprobado por los cables de Wikileaks, todavía quedan resquicios gracias a los cuales se persigue oficialmente a 29 de los 40 altos cargos del FPR acusados al principio.

Los principales medios afirman erróneamente que la causa se cerró en febrero de 2015, repitiendo incuestionadamente informaciones de agencias ruandesas, asesoradas por las más prestigiosas empresas de relaciones públicas del mundo, como la de Tony Blair. Deberían haber preguntado a las partes interesadas: al abogado principal de las víctimas, Jordi Palou-Loverdos, o al propio juez Andreu, quien ha declarado que de todas las causas de justicia universal que se están cerrando, la que más le parte el corazón es la de Ruanda, por la clase de crímenes que se cometieron –con una impunidad escandalosa– y las graves consecuencias que desataron en la región, que perduran hoy en día.

La causa “está en coma, pero no está muerta”, afirma Palou-Loverdos. Solo hace falta cumplir los tratados y la legislación internacional, y todo podría reactivarse en un abrir y cerrar de ojos. El régimen ruandés lo sabe y no parará hasta sofocar la última posibilidad que tienen sus víctimas de obtener justicia. Esta es la razón por la que España es un objetivo caliente para la maquinaria propagandísitica del régimen del FPR.

Mientras tanto, el trabajo de los abogados de las víctimas e impulsores de la querella continúa sin distraerse con el debate mediático. Se ha llevado el caso ante el Tribunal Constitucional. Si no se admite a trámite o se desestima el recurso de amparo, acudirán al Tribunal ­Europeo de Derechos Humanos.

En mayo de 2016 se supo por la prensa ruandesa que el embajador español en aquel país, Felix ­Costales Artieda, visitó al ministro de Justicia de Ruanda “para trasladarle la decisión del Gobierno de España de enviar la documentación judicial a las autoridades ruandesas” para que investiguen allí este caso. El propio Gobierno de Kagamé confirmó haber recibido tal “expediente”. De ser cierto, esta actuación es muy grave, irresponsable y quebranta la legalidad y respeto por la justicia en general y por el sistema judicial español en particular, además de ser muestra de un total desconocimiento del funcionamiento del mismo. Según Palou-Loverdos, estando el caso en el Constitucional, esto significaría “que el actual Gobierno con una mano modifica la ley para acabar con la justicia universal y con la otra facilita documentación e información confidencial a personas próximas a los imputados en busca y captura internacional, con la intencionalidad de neutralizar la investigación española”.

Palou-Loverdos preguntó al Gobierno, pero no obtuvo respuesta. Entonces, mediante el diputado Carles Campuzano, planteó una pregunta al Congreso de los Diputados en enero de 2017 sobre la veracidad de la información. La respuesta del Ejecutivo es un clarísimo ejemplo de lo que Orwell denominó duck-speak (utilizar perífrasis y circunloquios para no decir nada). Se puede intuir –sin total certeza– que el Gobierno reconoce haber entregado documentación a las autoridades ruandesas, aunque es imposible que hayan podido entregar la documentación del juez Andreu, ya que este jamás lo ha facilitado.

España no es consciente de que tiene la última oportunidad de echar a rodar la rueda de la justicia para los millones de víctimas ruandesas, congoleñas y burundesas, además de los 9 españoles, defendiendo el cumplimiento de la legalidad internacional para juzgar a estos 29 acusados.

No somos conscientes porque se nos distrae con falacias, que si “para eso ya hay tribunales internacionales”, que si “para eso ya estuvo el Tribunal Penal Internacional para Ruanda”… Estos crímenes probados no se pueden juzgar en La Haya porque solo tiene jurisdicción a partir de 2002; no se pudieron juzgar en el tribunal ad hoc para Ruanda, ya concluido, porque no encajaron en la fecha y territorio para los que se estableció. Técnicamente, no hay otro tribunal que pueda juzgarlos.

Los africanos, víctimas a millones del brutal FPR, pusieron en este auto todas sus esperanzas en 2008, aunque ahora ven cómo la estrategia multimillonaria del régimen ruandés y sus poderosos padrinos las desbaratan lenta y sibilinamente. Pero la esperanza sigue ahí, como el trabajo de los abogados y de las personas y organizaciones que lo impulsaron.