¿Una nueva Constitución para Costa de Marfil?

ABIDJAN, IVORY COAST: A member of parliament looks at documents relating to reform of Article 35 of the constitution, 10 December 2004 in Abidjan. Ivory Coast's parliament voted Friday to set up an independent national electoral commission, as a committee began debating a contentious constitutional clause which restricts who can run for president. Reform of Article 35 being debated at committee level would mean altering the current requirement that both parents of candidates for the presidency are Ivorian-born. AFP PHOTO ISSOUF SANOGO (Photo credit should read ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images)

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La sociedad marfileña dividida ante la reforma que impulsa Alassane Ouattara

 

Por María Rodríguez

 

El presidente marfileño ha prometido que se celebrará un referéndum para cambiar la Ley Fundamental antes de que termine el año y poder así eliminar los “gérmenes conflictivos” que dieron lugar a la crisis en el país. No obstante, 23 partidos de la oposición no están de acuerdo ni con el fondo ni con la forma en que el proceso se quiere llevar a cabo. 

 

Tendremos una nueva Constitución desde el próximo año que someteré al veredicto de mis ciudadanos. Haremos un referéndum y este permitirá eliminar los gérmenes conflictivos de la actual Constitución. Será la Carta Magna de la Tercera República que deberá revisar el rol de las instituciones, la manera en la cual vemos Costa de Marfil no en los próximos cinco o diez años, sino en el próximo medio siglo. Tuvimos una buena Constitución desde 1960 hasta 1999, aunque esta fue modificada por motivos políticos basados en la mentira”.
Pocos días antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2015 en Costa de Marfil, Alassane Ouattara –quien ­finalmente fue reelegido– prometió que si volvía a ser presidente habría un cambio constitucional. Desde el mes de abril de este año la información al respecto cae a cuentagotas, generando polémica en el país. Es un asunto donde lo político y lo jurídico se entremezclan creando un mapa emborronado.

 

Félix Houphouët-Boigny, primer presidente marfileño

En esta página, e primer presidente marfileño y padre de la patria, Félix Houphouët-Boigny, en una cumbre de líderes africanos celebrada en Bamako (Malí) / Fotografía: Archivo Mundo Negro

 

El polémico artículo 35

En diciembre de 1999 un golpe de Estado puso fin al Gobierno de Henri Konan Bédié, quien sucedía desde hacía seis años al padre de la independencia, Félix Houphouët-Boigny. A raíz de este acontecimiento se reemplazó en el año 2000 la Constitución del 60. En el artículo 35, entre otros asuntos, se indica quién puede ser presidente y se deja bien claro que “debe ser marfileño de origen, nacido de padre y madre marfileños de origen”.

Esta cláusula surgió a raíz del afán de Bédié de conservar la presidencia e intentar eliminar a todo candidato que quisiera arrebatarle el puesto. Así, por un lado, estaba Laurent Gbagbo, el opositor histórico del padre de la nación y presidente de 2001 a 2010. Pero por otro, y sobre todo, ­Alassane Ouattara, primer ministro de Houphouët-Boigny. Para desbancar a Ouattara, Bédié impulsó una reforma de la Ley Electoral en 1994 por la que para presentarse a los comicios hacía falta que tanto el padre como la madre fueran de origen marfileño, una norma que se inscribió más tarde en la Constitución de 2000, en el artículo 35, basándose en el concepto de ivoirité, que en español podría traducirse como marfileñidad. Esta cláusula se convierte a partir de ese momento en un símbolo de la exclusión de los habitantes del norte, muchos de ellos procedentes de Burkina Faso y Malí. Es, además, uno de los factores de la crisis que tendrá lugar desde 2002 a 2011, cuando tanto Gbagbo como Ouattara (del norte y musulmán, con uno de sus padres de origen burkinés) se proclaman ganadores de las elecciones, permaneciendo finalmente este último en el poder y siendo Gbagbo enviado al Tribunal Penal Internacional.

Por otro lado, se ha convertido en una moda en África subsahariana cambiar las constituciones para eliminar o aumentar el número de mandatos. Es por ello que una de las preguntas que primero surgieron al plantearse la posibilidad de cambiar la marfileña fue si tendría lugar para que ­Ouattara pudiera mantenerse en el poder tras terminar su segundo y último mandato en 2020. A ello respondió el portavoz del Gobierno, ­Bruno Koné, diciendo que Ouattara “no tiene la intención de tocar” la limitación del mandato presidencial, también inscrita en el artículo 35. Sin embargo, Williams Ateby, miembro del equipo de juristas del principal partido de la oposición, el Frente Popular Marfileño (FPI), no lo tiene tan claro y advierte que el presidente podría excusarse en que al ser “una nueva República, con la nueva Constitución se recomenzaría de nuevo y para él sería legal volver a presentarse como candidato”.

Son muchos los que señalan este artículo como el desencadenante de la reforma de la Constitución marfileña. Sin embargo, no sería el único cambio que el presidente quiere realizar. De hecho, el citado artículo 35 es, paradójicamente, el menos polémico en esta revisión de la Ley Fundamental marfileña. Así, como señala Ateby, “Ouattara aún no ha dicho qué y cómo va a modificar el artículo, pero no hay problema por el momento. Hay que tener presente que el 27 por ciento de la población de Costa de Marfil es extranjera. El artículo 35 se ha convertido en un detalle, porque el verdadero problema es la separación de poderes”.

 

El actual presidente del país, Alassane Ouattara /Fotografía: Getty Images

El actual presidente del país, Alassane Ouattara /Fotografía: Getty Images

Multiplicación de instituciones

A finales de mayo, el presidente creó un comité de diez expertos encargados de hacer proposiciones en el plazo de un mes. Para ello, Ouattara se reencontró con reyes, jefes tradicionales y guías religiosos del país, así como con la sociedad civil, mujeres y jóvenes para tener en cuenta sus proposiciones para el proyecto de ley que creará el comité de expertos y que se someterá a referéndum. Al cierre de esta edición aún no se han presentado tales proposiciones, pero algunos cambios que quieren realizarse ya han sido comunicados por el presidente. En este sentido, ha señalado que se creará la figura del vicepresidente y que será él, y no el presidente de la Asamblea Nacional, como hasta ahora, quien sustituya al presidente si este muere o queda incapacitado para gobernar.
Hay quienes señalan que esta sería una manera de alejar al presidente de la Asamblea, ­Guillaume Soro, de la presidencia del país en caso de ausencia de poder, debido no solo a problemas internos del Gobierno, sino por el posible ­desacuerdo de los marfileños con que Soro gobernara el país, teniendo en cuenta sus problemas con la Justicia y su estatus de exjefe de los rebeldes durante la crisis.

El vicepresidente “normalmente, debería ser elegido al mismo tiempo que el presidente, pero este ya está elegido y como no vamos a tener elecciones hasta 2020 es Ouattara quien va a nombrarle”, explica ­Ateby. Así, según señalaron 23 partidos de la oposición que a finales de junio firmaron una declaración común mostrando su desacuerdo con este proyecto, la nominación del vicepresidente por parte de Ouattara “le permite elegir a su sucesor”. Además, “vamos a ser el único país del mundo que tendrá un presidente, un vicepresidente y un primer ministro, todo eso solo para el Ejecutivo”, se alarma ­Ateby.

Otra de las reformas que ya ha anunciado Ouattara es introducir el bicameralismo creando el Senado. En este, un tercio de los miembros será nombrado por el presidente, algo que tampoco ha sido del agrado de la oposición, que ha criticado la falta de separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay que tener en cuenta, además, que según la Constitución el presidente rige el Consejo Superior de la Magistratura y nombra a los magistrados.

Esta multiplicación de las instituciones se critica también porque “va a aumentar el personal político pagado por el Estado y eso no es un gasto necesario para un país pobre. El dinero debe servir para hacer cosas que nos permitan desarrollarnos como la educación, la salud y las infraestructuras”, señala Ateby.

Entre otras reformas se encuentran bajar la edad de acceso a la magistratura suprema de 40 a 30 o 35 años, poder postularse a la presidencia desde los 35 años, en lugar de los 40 actuales, y que el presidente tenga el poder de disolver la Asamblea Nacional.

 

 

 

“Una Constitución hecha por el pueblo, no por Ouattara”
El modo en que Ouattara quiere llevar a cabo la reforma constitucional está siendo muy cuestionado. Antes de llevarse a cabo el referéndum, el proyecto de ley debe pasar por los expertos y ser presentado al Consejo Gubernamental, al Consejo de Ministros y a la Asamblea Nacional. No solo se critica el escaso tiempo que ha dado Ouattara al comité de expertos, sino que la misión asignada a la Asamblea “no es ni más ni menos que aprobar las medidas adoptadas por el propio presidente de la República”.

“Nosotros queremos una nueva Constitución, pero escrita por el pueblo, no por Ouattara”, dice Ateby. Así, la oposición propone una asamblea constituyente o una comisión constitucional que elaboraría el proyecto de Constitución y estaría formada por diversos grupos de la sociedad.

El profesor Francis Wodié, ­expresidente del Consejo Constitucional, subraya que estamos hablando de cambiar el texto más importante del Estado y quienes tienen que elegir son los ciudadanos en su conjunto. Asimismo, se pregunta “si la gente está en situación de plantearse estos problemas, comprenderlos bien y encontrar soluciones” teniendo en cuenta “el nivel de alfabetización, de conciencia y la pobreza”. Advierte además que, en estas condiciones, el pueblo es manipulable. “No creo que sea imposible, pero hay que tener tiempo para explicárselo a la gente y que tomen una decisión con conocimiento de causa”. Así, considera que es un período muy breve tanto para elaborar una nueva Constitución como para presentar y hacer comprender el texto que deberá votarse antes de fin de año.

Entre las críticas presentadas por los 23 partidos señalan que el momento es, además, inoportuno y que no se dan las condiciones necesarias para ello. Según declaró el presidente del FPI, Pascal Affi N’Guessan, “el país aún no ha salido totalmente de la crisis de 2010-2011”. Este argumento no convence al portavoz del Gobierno quien señaló que “en diez años podremos continuar diciendo que no es el momento oportuno porque aún habrá problemas no resueltos. No hay ninguna nación que haya resuelto todos sus problemas antes de trabajar sobre una ­Constitución”.

 

 

Un hombre en Abiyán

Un hombre con el traje tradicional en el barrio de Bolkossi, en Abiyán / Fotografía: Archivo Mundo Negro

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