Una sentencia y un helicóptero

El Tribunal de Casación francés, la más alta instancia judicial gala, equivalente al Supremo español, ha dictado sentencia. Teodoro Nguema Obiang, conocido como Teodorín, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente Teodoro Obiang, fue condenado en 2017 a tres años de cárcel exentos de cumplimiento, una multa de 30 millones de euros y la confiscación de todos sus bienes en suelo francés. Y desde el pasado 28 de julio, dicha condena es firme e inamovible.

Los intentos del régimen ecuatoguineano por enredar y apelar a la diplomacia no han dado ningún resultado, y el Alto Tribunal francés confirma su condena por desvío de fondos públicos de las arcas ecuatoguineanas y blanqueo de hasta 150 millones de euros en Francia mediante la compra de distintas propiedades, la más importante un palacete situado en una céntrica calle de París, con un valor estimado en 107 millones y en cuyo interior había una colección de coches de lujo. En un intento de escapar a la acción de la justicia, Malabo la convirtió en su embajada, pero el Tribunal Internacional de La Haya rechazó esta maniobra y validó su confiscación.

El varapalo judicial a los Obiang ha sido un auténtico terremoto para las relaciones entre ambos países. El régimen ecuatoguineano ha acusado a Francia de injerencia en sus asuntos internos y ha lanzado un aviso al embajador galo en Malabo. Para mostrar su malestar, apenas unas horas después de la confirmación de la condena, seis militares franceses fueron retenidos durante varios días en el aeropuerto de Bata después de que su helicóptero aterrizara para repostar combustible en su viaje entre Camerún y Gabón. El aparato de propaganda del régimen lo presentó casi como un intento de invasión y el asunto se zanjó con unas disculpas oficiales del embajador francés, quien admitió que no se cumplieron ciertos protocolos.

Pero los problemas no se acaban aquí para Teodorín. El pasado 22 de julio, el Gobierno británico dictó una serie de sanciones contra el vicepresidente ecuatoguineano –-acusado también allí de corrupción y desvío de fondos públicos–, que incluyen la congelación de todos sus bienes y la prohibición de entrada en este país europeo. Acto seguido, Malabo ordenó el cierre de su embajada en Londres, alegando, al igual que en el caso francés, injerencia británica en sus asuntos internos.

La tormenta judicial que amenaza a Teodorín por una vida de excesos y despilfarro a costa del tesoro ecuatoguineano no es sino la punta del iceberg de un régimen esencialmente corrupto. Una punta brillante y lustrosa, sin duda, pero bajo cuya superficie hay auténticas oscuridades. Tras 42 años de mandato de Teodoro Obiang, Guinea Ecuatorial sigue encallada en una total ausencia de libertades que castiga a quienes intentan alzar la voz y en la sistemática violación de los derechos más fundamentales.

En la imagen: Emmanuel Macron y Teodoro Obiang se saludan en El Elíseo en noviembre de 2019.