¿Un genocidio visto para sentencia?

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda termina sus trabajos en medio de las dudas

 

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda cerraba sus puertas de manera formal el 31 de diciembre de 2015 después de 21 años de juicios a los responsables del genocidio y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 1994. Los resultados son 93 personas acusadas, 61 condenadas, 14 absueltas y 9 en busca y captura bajo una recompensa de cinco millones de dólares. ¿Se ha sacado algo en claro durante el proceso?

 

Por Sebastián Ruiz

 

Cruzaba los dedos de las manos y miraba al abismo. Pero el vértigo y las náuseas de Jean-Paul Akayesu se disiparon inmediatamente al escuchar el veredicto: pasar el resto de sus días en una prisión en Malí. Tenía entonces 45 años y le esperaba la perpetua. El 2 de septiembre de 1998, Akayesu, el que fuera alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, muy cerca de la capital, Kigali, se convertía en el primer condenado internacional por participar –e incluso supervisar– el genocidio ruandés entre abril y junio de 1994. Sus cinco hijos, sus antiguos alumnos de la escuela –que le tenían en alta estima– y su propia comunidad, se desvanecían en silencio.

La herida todavía sangraba por reciente. Las víctimas, tutsis y hutus moderados, asistieron metafóricamente al juicio junto al taimado, manipulador y brutal Akayesu. Durante la vista celebrada en la sede del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en Arusha (Tanzania), los magistrados sentenciaron que el joven alcalde cambió el traje ejecutivo por el de militar durante su mandato para garantizar su futuro político a costa de los suyos. Se estima que 800.000 ruandeses fueron asesinados, 200.000 ruandesas fueron violadas y dos millones de ciudadanos huyeron del país. Aparte del imaginario –tatuado a fuego en las retinas– sobre la crueldad humana y la brutalidad con la que se produjo, que permanecerá para siempre.

 

Desplazados en la República Democrática de Congo / Fotografía: Archivo Mundo Negro
Desplazados en la República Democrática de Congo / Fotografía: Archivo Mundo Negro

 

Fuera de Ruanda, las imágenes que llegaban parecían confirmar los tópicos de los conflictos tribales en África resueltos por la vía cruel. Una guerra sin sentido. No obstante, un genocidio no se produce en un contexto de anarquía. Lo que ocurrió en Ruanda estaba perfectamente orquestado por un grupo extremista hutu, un ejército compuesto por personas desempleadas, conocidos como interahamwe –“los que trabajan juntos”– o impuzamugambi –“los que comparten un objetivo común”–. Además, según los documentos desclasificados hace unos años, tanto Bill Clinton, el entonces presidente de Estados Unidos, como su homólogo francés, François Mitterand, tenían pleno conocimiento de la situación antes de los fatídicos 100 días de 1994. Ambos países, además, mantenían claros intereses en ese escenario que supone la frontera con República Democrática de Congo (RDC), rica en recursos minerales.

La noche del 7 de diciembre de 2015, de forma casi mediática y a pocos días de que el TPIR anunciara su cierre después de 21 años persiguiendo a los intelectuales del genocidio, la Interpol detenía en Goma (RDC), ciudad fronteriza con Ruanda, a otro alcalde implicado. Se trataba de Ladislas Ntaganzwa. Envejecido y demacrado, la Justicia le hacía revivir sus días más oscuros. De acuerdo con la acusación, el TPIR subrayó que Ntaganzwa participó en la planificación, preparación y ejecución de la matanza de más de 20.000 tutsis en la parroquia de Cyahinda entre el 14 y 18 de abril de 1994. Durante esos días las campanas enmudecieron ante la partitura que se interpretaba. Tanto el juicio de Ntaganzwa, como el de otras nueve personas que siguen en busca y captura, con una recompensa de 5 millones de dólares para quien las encuentre, pasarán por los banquillos ruandeses sin que la justicia internacional, hasta el momento, haya zanjado la historia.

Ruanda bajo el mandato de Kagamé simboliza un desarrollo económico al ritmo que marcan Occidente y los donantes internacionales, cuyas ayudas suponen la mitad del PIB del país. Sin embargo, no queda claro si las medidas adoptadas para garantizar la reconciliación social, incluyendo los juicios internacionales y nacionales de los implicados en el genocidio, han tenido éxito y han conseguido abordar las causas por las que este se produjo.

 

Imagen del juicio contra Jean-Paul Akeyesu / Fotografía: Archivo Mundo Negro
Imagen del juicio contra Jean-Paul Akeyesu / Fotografía: Archivo Mundo Negro

 

La ¿reconciliación? social

Más de 120.000 personas fueron detenidas en los años posteriores al genocidio, con pruebas escasas o nulas, por su papel en la violencia. Prácticamente todos hutus. Y si bien la comunidad internacional y el Gobierno de Ruanda consideraron los procesamientos como un paso crucial hacia la recuperación del país, el elevado número de detenidos hizo que la reconciliación resultara difícil en los planos social y legal. El TPIR fue establecido en noviembre de 1994 por la ONU para juzgar a los responsables del genocidio. Sin embargo, la labor de la Corte ha sido socavada por la falta de apoyo del propio Gobierno de Kagamé, que siempre ha manifestado su rechazo por tres elementos claves relativos a su ubicación (Tanzania), su jurisdicción temporal (solo atendía a los hechos de 1994 y no consideraba la violencia contra los tutsis previa al genocidio) y a la ausencia de sentencias de muerte.

Para acelerar el proceso, el Ejecutivo ruandés estableció los gacaca, tribunales comunitarios, elegidos por el pueblo. Aunque en el inicio no eran profesionales, fueron ampliamente alabados por la comunidad internacional. Cerca de 12.000 gacaca trataron más de 1,2 millones de casos en todo Ruanda. Tenían, a priori, una misión reparadora, aunque no lo fueron ni por los procesos ni por las sentencias que de allí salieron. Como explica Lars Waldorf, investigador sobre el genocidio, “dos tercios de estos casos tenían que ver con delitos contra la propiedad. Ningún otro país recién salido de un conflicto ha llevado a juicio a tantos delincuentes de poca importancia y acusados circunstanciales. ¿Sirvieron estos juicios masivos para fomentar la justicia y la reconciliación étnica?”.

Pero es solo una parte de la historia. La otra es que hubo un segundo genocidio. Mientras que los tutsis y algunos hutus moderados fueron las claras víctimas del genocidio, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), en su origen guerrilla liderada por Kagamé, mató a entre 25.000 y 45.000 civiles hutus durante su marcha hacia Kigali. Un informe de 2010 de la ONU sugirió que durante los diez años posteriores a 1994, el FPR había sido culpable de delitos graves. El propio juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Andreu Merelles, imputaba al presidente ruandés en 2008 bajo los cargos de “delitos de genocidio y de lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, integración en organización terrorista y actos terroristas”.

 

Refugiados en la iglesia de la Sagrada Familia, en Kigali / Fotografía: Archivo Mundo Negro
Refugiados en la iglesia de la Sagrada Familia, en Kigali / Fotografía: Archivo Mundo Negro

 

De cara a la galería y a la opinión pública internacional, Kagamé ha establecido programas sociales y legales con el objetivo de eliminar las divisiones étnicas. En Ruanda hoy por hoy nadie se define como hutu, tutsi o tua, sino como ruandés. Además de los juicios, se han aprobado nuevas leyes para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Estas se han introducido junto con los programas de educación para la paz. Sin embargo, la estabilidad y la reconciliación han tenido un precio. Diversas ONG como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han elaborado una serie de informes que detallan el control autoritario de Kagamé en el poder. Los críticos dicen que no hay libertad de prensa y las figuras de la oposición han sido intimidadas, acosadas y encarceladas. Incluso antiguos aliados tutsis han sido expulsados cuando han mostrado una voz crítica contra el Gobierno.

En enero de 2014, el ex jefe de Inteligencia de Ruanda, Patrick Karegeya, fue encontrado muerto en Johannesburgo (Sudáfrica), donde se le había concedido el asilo. Después de servir al Gobierno ruandés durante diez años, Karegeya acusó a Kagamé y su séquito de estar detrás del ataque, en 1994, contra el avión en el que viajaba el presidente ruandés, Juvénal Habyarimana, atentado que se considera como el inicio del genocidio. En marzo de 2014, el general Kayumba Nyamwasa, ex jefe del Ejército de Ruanda, sobrevivió a un tercer intento de asesinato. Otro ejemplo es Victoire Ingabire Umuhoze, figura de la oposición hutu a quien encarcelaron después de ser interrogada y reconocer públicamente que hubo hutus moderados que murieron junto a los tutsis.

Un caso también muy relevante es el del cantante Kizito Mihigo, condenado a diez años de cárcel en febrero de 2015 por conspirar para atentar contra el presidente y por incitación al odio. Kizito, uno de los más populares intérpretes ruandeses, reconoció haber intercambiado mensajes con el opositor en el exilio Congreso Nacional de Ruanda (RNC, por sus siglas en inglés), paradójicamente cofundado por Patrick Karegeya. Mihigo es el intérprete del tema Igisobanuro cy’urupfu, que recordaba los 20 años del genocidio y abogaba por la reconcilición y el perdón entre los ruandeses. Sin embargo, considerado por el Gobierno como revisionista, fue prohibido.

Y, mientras, la historia se encuentra en vilo. El 18 de diciembre de 2015, un 98 por ciento de la población ruandesa votaba “sí” a la reforma constitucional decidida en noviembre, en la que se abarcaban varios artículos, entre ellos el 101 y el 172, que harán posible que Kagamé, de 58 años, pueda mantenerse en el poder 17 años más. La justicia del vencedor en Ruanda parece más comprensiva “porque los crímenes del vencedor parecen pequeños al lado de los del perdedor, tanto por la gravedad como por escala”, sentencia Waldorf.

 

Barack Obama habla con Paul Kagamé durante la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas / Fotografía: Getty Images
Barack Obama habla con Paul Kagamé durante la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas / Fotografía: Getty Images

 

La geopolítica de la estabilidad

Durante el genocidio y la ocupación  de Kigali por el FPR, más de 2 millones de hutus fueron expulsados ​​de Ruanda, incluyendo unos 50.000 combatientes interahamwe que huyeron a RDC. Se cree que después del genocidio, la presencia de grupos armados de Ruanda en la frontera y las incursiones militares subsiguientes han causado directa e indirectamente al menos 3 millones de muertos en territorio congoleño. Bajo el pretexto de querer evitar otro genocidio, Kagamé dirigió dos incursiones militares en 1996 y nuevamente en 1998.

Los conflictos entre el Gobierno de Ruanda y sus oponentes en RDC se han mantenido de forma ininterrumpida alimentando guerrillas armadas como el movimiento tutsi M23, derrotado a finales de 2013 por las fuerzas de paz de la ONU y las tropas congoleñas. Mientras tanto, Kagamé ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en acabar con las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), fundadas por los autores principales del genocidio. Entre sus miembros se encuentran grupos que al haber tenido pocos incentivos para regresar a Ruanda han permanecido del otro lado de la frontera con ciertas oportunidades económicas, en particular en la industria del carbón o las minas de cobalto.

A comienzos de 2015 la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en República Democrática de Congo (MONUSCO) daba un ultimátum a las FDLR para rendirse. Sin embargo, la iniciativa no se ha consumado. Mientras, la guerrilla sigue aterrorizando a la población local en la región de Kivu Norte y Kivu Sur.

En los años transcurridos desde el genocidio, muchos líderes de Gobiernos nacionales y de instituciones internacionales han expresado su pesar por las respuestas a la crisis en Ruanda. En 1998, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se disculpó por no haber actuado y, en 2004, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, explicaba que él personalmente podría haber hecho más para detener el genocidio. En 2005, la ONU reconoció por unanimidad que tenía una “responsabilidad de proteger” a colectivos amenazados por genocidio y otros crímenes en serie.

A pesar de las declaraciones, el genocidio sigue coleando y el sentimiento de culpa, manipulado por el Gobierno ruandés, está latente en las actuaciones de la comunidad internacional. Junto a esta realidad, otros tres factores contribuyen a una connivencia geopolítica: el lenguaje diplomático de Kagamé con los donantes, el discurso de éxito empresarial que supone Ruanda en la región de los Grandes Lagos, y el apoyo casi incondicional al Frente Patriótico Ruandés, partido en el poder desde 1994, por parte de Reino Unido y Estados Unidos. El TPIR cerraba sus puertas en diciembre pero el país continuará sin el visto para sentencia de una sociedad que permanece entre la represión y la espera de la restauración de la verdad.