Con permiso de Michael Ende

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La reforma constitucional y las elecciones legislativas auguran la continuidad de Gnassingbé en Togo


La historia interminable, título de la novela más conocida de Michael Ende, podría poner nombre al desempeño de la dinastía Gnassingbé en Togo. Con la reforma de la Carta Magna aprobada en abril, padre e hijo podrían dirigir los designios del país durante casi seis décadas. 



Togo, el pequeño país de África occidental (8,8 millones de habitantes), solo ha conocido cuatro presidentes desde su independencia en 1960: Sylvanus Olympio (60-63), Nicolas Grunitzky (63-67), Eyadema Gnassingbé (67-05) y Fauré Gnassingbé, que ostenta el cargo desde 2005. Los pocos cambios de presidente han estado, además, marcados por golpes de Estado en los que la dinastía Gnassingbé, ha sido fundamental [en 2005, tras la muerte de Eyadema Gnassingbé, el Ejército impuso a su hijo, el actual presidente y entonces ministro de Infraestructuras. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Oumar Konaré, dijo que «lo que está ocurriendo en Togo es una toma del poder por parte del Ejército»]. Además, en este período, también se han aprobado cuatro Constituciones: 1960, 1963, 1979 y 1992. Esta última, modificada en 2002, 2007 y 2019, ha vuelto a ser objeto este año de una profunda reforma por la que Togo ha pasado de ser un régimen presidencialista a uno parlamentario. La oposición denuncia que esta no es sino una maniobra más del presidente para perpetuarse en el poder y continuar así la senda de su padre, que estuvo 38 años al frente del país. José Manuel Maroto y Kwami Agbeve en su reciente Historia de Togo señalan que «la gestión del país bajo Fauré Gnassingbé no ha diferido, en la práctica, de la de su padre».

Aunque la Asamblea Nacional debería haberse disuelto en diciembre de 2023, las elecciones legislativas se pospusieron en varias ocasiones. Esto provocó que su mandato fuese prorrogado, entre otros motivos para discutir una reforma constitucional que fue aprobada, finalmente, el pasado 25 de marzo con 89 votos a favor, uno en contra y una abstención. La abrumadora mayoría se explica por el resultado de las legislativas de 2019, boicoteadas por la oposición, en las que el partido oficialista, Unión por la República (UNIR, por sus siglas en francés), consiguió la práctica totalidad de los escaños en disputa. El pasado 6 de mayo se promulgó la reforma de la Carta Magna a través de la Ley 2024-005, lo que ha puesto fin al proceso, a falta de que el nuevo texto sea publicado, algo que se espera que suceda en breve.

Fotografía: Emile Kouton / Getty. En la imagen superior, Fauré Gnassingbé, en el centro, con el presidente de la CEDEAO, Omar Touray (izqda.), y el ministro nigeriano de Exteriores, Yussuf Tuggar (dcha.), el pasado 24 de febrero. Fotografía: Guerchom Ndebo / Getty



Un cambio relevante

El cambio de la Carta Magna, por el que Togo pasa a ser una república parlamentaria, implica, al menos, dos cambios clave en el funcionamiento del Estado togolés. En primer lugar, resignifica la figura del presidente, que pasa a tener un papel simbólico como jefe del Estado. Frente a la pérdida de poder de esa figura, se crea una nueva, la del presidente del Consejo de Ministros, que tendrá las funciones de un primer ministro y aglutinará la mayoría del poder. En segundo lugar, la elección de la persona que dirigirá el Consejo de Ministros no tendrá lugar por elección directa, sino que serán los parlamentarios los encargados de la misma.

La Presidencia de la República, a través de un comunicado de prensa, señaló que la reforma marca «una nueva etapa en la vida institucional de nuestro país y en el refuerzo de la democracia». Sin embargo, la visión de la oposición es la contraria. La activista Farida Nabourema, de la Liga Civil Togolesa y cofundadora del movimiento Fauré Must Go –Fauré tiene que irse–, afirmaba en Al Jazeera que se trata de «un movimiento [de Gnassingbé] para permanecer en la presidencia de Togo el resto de su vida, tal y como su padre gobernó Togo hasta su muerte», y que «este cambio constitucional fue diseñado específicamente para este objetivo». 

Los partidos políticos de la oposición también denuncian que el objetivo de Gnassingbé es perpetuarse en el poder más allá de las elecciones previstas para 2025. Inciden, también, en que todo este proceso es un «golpe constitucional contra el que el pueblo togolés al completo se está levantando», según afirmaba Adjamagbo-Johnson, del partido Dinámica para la Mayoría del Pueblo (DMP), a Deutsche Welle.

Además de las voces de la sociedad civil y de la oposición, la Conferencia Episcopal de Togo publicó un comunicado el pasado 26 de marzo, tras la aprobación de la reforma constitucional. Los obispos remarcaban que la Asamblea Nacional se encontraba en un período de prórroga de su mandato en el que «solo debería gestionar los asuntos urgentes y de actualidad, a la espera de los resultados de las elecciones [se celebraron el 20 de abril] y de la toma de posesión de los nuevos miembros electos». Para el episcopado togolés, un tema tan importante, con implicaciones en la vida política del país, debería estar precedido de una amplia consulta y un debate nacional inclusivo. El pasado 20 de abril también se pronunció Estados Unidos. Lo hizo a través de la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado para manifestar su «preocupación por que la Asamblea Nacional de Togo haya aprobado un significativo cambio constitucional sin divulgar el texto a la población togolesa». Así mismo, urgían al Gobierno «a permitir un debate abierto e informado, asegurar la inclusividad y transparencia, y respetar el derecho de reunión pacífica».

Sin embargo, actores continentales o regionales como la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) no se han posicionado. Nathaniel Olympio, presidente del Círculo de Estudios Estratégicos de África Occidental, afirmó que hablaron con el embajador de la CEDEAO en Togo para «trasladarle nuestra preocupación por su silencio», pero los comunicados de la UA y la CEDEAO se han referido solo a la jornada electoral del pasado mes de abril, resaltando «su satisfacción por la buena organización». El representante de la UA en el país, Calixte Aristide Mbari, manifestó su deseo de que «los resultados puedan contribuir a afianzar la democracia y a consolidar la paz y la estabilidad en el país».

Una mujer togolesa vende algunos productos en una calle de Lomé. Fotografía: Halil Sagirkaya / Getty




Doble convocatoria electoral

El 20 de abril, en este contexto de reforma constitucional, se celebraron las elecciones legislativas y regionales. Los resultados definitivos confirman una amplia victoria de la UNIR, con una participación por encima del 60 %, según los datos oficiales. En esta ocasión, la oposición no ha llamado al boicot y han sido varios los partidos de oposición que se han presentado. Sin embargo, UNIR ha obtenido 108 de los 113 asientos del Parlamento, lo que reduce a mínimos la presencia de la oposición. Es un resultado que, además, garantiza de facto la presencia de Fauré Gnassingbé en el poder si decide seguir liderando a su partido  en las elecciones del próximo año.

Togo se encuentra, por lo tanto, nuevamente en una encrucijada. Gnassingbé cumplirá en 2025 20 años en el poder. Sumados a los 38 que estuvo su padre, significa que la dinastía va a gobernar 58 de los 65 años de Togo como país independiente. La persecución política, la falta de derechos fundamentales, la ausencia de alternancia en el poder, una economía debilitada, junto con las recientes maniobras del presidente para mantenerse en el poder, están provocando cada vez más movilizaciones por parte de la sociedad civil del país. Entre ellas destacan las que han protagonizado las togolesas, infrarrepresentadas en las instituciones, que tienen como objetivo conseguir la paridad de género en el Parlamento y un cambio de régimen.

El momento político no es solo relevante a nivel interno, sino también en las dinámicas regionales de los últimos años. Según el analista José Gonçalves, de RTP, Togo está ganando importancia estratégica porque supone una de las salidas al mar para el nuevo bloque que se está conformando en torno a la Alianza de los Estados Sahel (compuesta en 2023 por los regímenes militares de Malí, Burkina Faso y Níger). Esto, sin duda, afecta también a la encrucijada política que vive el país a nivel interno. La sociedad togolesa se enfrenta a un momento decisivo, pues todos los cambios políticos que está experimentando el país en estos últimos meses van a marcar, irremediablemente, su futuro en los próximos años.

 

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