El jazmín marchito

Con una participación inferior al 30 %, Kais Saied ha revalidado su mandato en Túnez

El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi se inmolaba en Sidi Bouzid (Túnez). Su acción fue el detonante de las revoluciones que se expandieron por el norte de África y Oriente Próximo. La ciudadanía buscaba poner fin a gobiernos dictatoriales y alejados de las necesidades de la población. En el caso del pequeño país norteafricano, la revolución popular consiguió expulsar a Ben Ali quien, durante casi un cuarto de siglo, había estado al frente de un gobierno marcado por la corrupción, la represión política y la pobreza para la gran mayoría de los tunecinos. La transición hacia la democracia buscaba marcar el camino para otros países de la región que también atravesaban situaciones similares.

La deriva autoritaria

Tras las primeras elecciones después de la caída de Ali, en 2011, la situación en el país no mejoró y en los comicios de 2019 dio la sorpresa un por entonces bastante desconocido Kais Saied, profesor universitario de Derecho Constitucional que ganó en segunda vuelta a Nabil Karoui. Sin embargo, tras dos años de mandato decidió disolver el Parlamento y destituir al primer ministro, Hichem Mechichi, en medio de una crisis económica, política y social, lo que fue denunciado como un autogolpe de Estado. Junto a ello, promovió también una reforma constitucional que dio como resultado en julio de 2022 una nueva Carta Magna que le otorgaba muchos más poderes, confirmando la deriva autoritaria que, desde entonces, ha sufrido el país norteafricano (ver MN 693, pp. 20-25). 

Durante el primer mandato de Saied volvió la persecución política a opositores, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Para ello, el régimen tunecino se ha amparado en el conocido como decreto 54, aprobado en 2022, que criminaliza el uso de equipos electrónicos para compartir información falsa. Según denunciaba Human Rights Watch en diciembre de 2023, «las autoridades lo han usado [el decreto 54] para detener, acusar o poner bajo investigación al menos a 20 periodistas, abogados, estudiantes y otros críticos por sus declaraciones públicas en Internet o en los medios de comunicación». Publicaciones como Jeune -Afrique, que en su número de septiembre dedicó un artículo a analizar críticamente el contexto político de Túnez, han sufrido la censura del régimen de Saied.

La cuestión migratoria

En los últimos años, el Gobierno de Túnez ha endurecido su discurso contra la inmigración subsahariana. A pesar de que es un país en el que, durante los últimos años, ha crecido la emigración, Saied ha adoptado las fórmulas presentes en los discursos de la derecha occidental, acusando a «las hordas de migrantes ilegales» de actos criminales y de formar parte de «un deseo de hacer de Túnez simplemente otro país africano y no un miembro del mundo árabe e islámico». Estas palabras, pronunciadas en febrero de 2023, adhiriéndose a la teoría del gran reemplazo, provocaron un aumento de la violencia contra los migrantes que, según varias oenegés en el país, constituyen una comunidad oscilante de entre 30 000 y 50 000 personas (ver MN 694, pp. 26-31). El pasado mes de mayo, la policía tunecina arrestó a la activista Saadia Mosbah, presidenta de la asociación contra el racismo Mnemty, en una muestra más de cómo la Administración de Saied ha convertido el discurso contra la inmigración en uno de los pilares de su Gobierno. Esta política antimigratoria ha encontrado el apoyo de los países europeos, que han visto en la figura del político tunecino a un aliado en sus políticas migratorias. 

Esta aproximación de los socios europeos resulta paradójica, pues el presidente de Túnez se ha esforzado durante el primer mandato por alejarse de la órbita occidental, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el aspecto económico. Saied ha buscado reducir la dependencia económica de sus contrapartes occidentales desde 2019, en especial en las cuestiones vinculadas a la deuda externa, pero lo cierto es que la economía tunecina se encuentra en una situación crítica. Ello ha afectado al debilitamiento del sistema de salud pública y al abastecimiento de medicamentos. El abandono escolar es de casi 100 000 alumnos cada año y las empresas públicas están en una situación precaria, tal y como denuncia Frida Dahmani en el artículo citado de Jeune Afrique.

Las elecciones del 6 de octubre

En este contexto se celebraron las elecciones el pasado 6 de octubre. A pesar de que hubo 17 solicitudes para presentar una candidatura, solo tres rostros aparecieron finalmente en las papeletas. De ellos, uno, el empresario Ayachi Zammel, fue condenado poco antes del inicio de la campaña electoral a 12 años de prisión. Aun así, los resultados oficiales le otorgaron alrededor del 7 % de los sufragios. El segundo, Zouhair Maghzaoui, con apenas un 2 % de las papeletas, fue uno de los que apoyó el autogolpe de Estado en 2021, aunque últimamente se había distanciado de Saied. Con la oposición debilitada, el presidente tunecino ha revalidado su mandato con cerca del 90 % de los votos, aunque la participación en estas elecciones no ha llegado a un tercio del censo.

Las revueltas que tuvieron lugar entre diciembre de 2010 y enero de 2011 se bautizaron como la Revolución de los Jazmines, un apelativo que, como analizó la periodista Rosa Meneses en 2011 para El Mundo, fue muy criticado por sectores populares que protagonizaron aquella revuelta, porque «el símbolo de la belleza del norte de Túnez no puede apropiarse de un movimiento popular iniciado por las clases marginadas». Hoy, casi 15 años después de que esas clases marginadas iniciaran aquella sublevación, el efecto de las políticas de Saied, tal y como afirma Dahmani en Jeune Afrique, «ha sido una clara despolitización de la sociedad, sin reducción significativa de la pobreza ni impulso al crecimiento económico». Para la corresponsal de esta publicación en el país norteafricano, «lo que Túnez necesita es la reconciliación nacional, sin la cual ningún proyecto será viable». De momento, tal cosa parece difícil bajo el mandato de Saied.