El Camerún anglófono se agita

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Chema Caballero     Por Chema Caballero

 

Desde hace bastante tiempo, son muchos los ciudadanos de la parte anglófona de Camerún los que denuncian estar marginados con respecto a la mayoría francófona del país. Pero en los últimos meses ha habido un aumento de la tensión en la zona y las redes sociales, la mejor arma de los activistas, se han disparado. En un intento de cortar el ciberactivismo, el Gobierno ha enviado un mensaje a todos los poseedores de un teléfono móvil, en francés e inglés, con el siguiente aviso: “Estimado abonado, incurrirá en una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cinco a diez millones si publica o difunde en las redes sociales información que no puede probar”. Lo firma el ministerio de Telecomunicaciones.

Todo se precipitó el pasado 17 de enero, cuando dos de los principales líderes del movimiento que pide mayor autonomía para las regiones anglófonas, Felix Agbor Nkongho y Fontem Neba fueron arrestados. El suceso disparó las protestas en las redes sociales y condujo a un corte de los servicios de internet, especialmente en esta zona del país.

Camerún tiene dos regiones, Noreste y Sureste, que tienen como idioma oficial el inglés. El país fue colonia alemana, pero tras perder este país la Primera Guerra Mundial, el territorio se dividió en dos: el Camerún francés y el británico. Francia se asentó en la zona, mientras que Londres administraba su parte desde Nigeria y la dividió en Camerún del Norte y Camerún del Sur. Muchos nativos de estos territorios se quejaron de ser una colonia de una colonia.

En 1960, el Camerún francés adquirió la independencia. En el mismo año también se independizó Nigeria y surgió la cuestión, que ya se debatía desde 1959, de qué hacer con el Camerún británico. Al final se optó por convocar un referéndum el 11 de febrero de 1961. La zona norte, de mayoría musulmana, decidió unirse a Nigeria, y el sur a Camerún.

Desde la reunificación del país en octubre de 1961, los habitantes de la zona siempre han acusado al Gobierno de beneficiar a la mayoría francófona y a las otras ocho regiones del país en detrimento de ellos.

Los líderes de la zona dicen que  son tratados como ciudadanos de segunda clase, que están marginados en asuntos como el acceso a la educación o al sistema judicial, que carecen de la adecuada representación en el Gobierno del país y que no están beneficiándose de los dividendos del petróleo extraído en la región.

Todas estas quejas dieron lugar a la formación, en 1993, del Southern Cameroons National Party (SCNC), que en la actualidad defiende la autodeterminación de la zona anglófona de Camerún, por lo que en 2001, el partido fue declarado ilegal.

En los últimos meses, las demandas de los líderes de la región van más encaminadas a reclamar un referéndum que abra paso al federalismo, adquiriendo  las regiones anglófonas mayor autonomía, que a pedir la independencia.

Según African Arguments, la escalada de tensión en la región comenzó en mayo de 2015, cuando The Common Law Lawyers Association  (asociación de abogados anglófonos) envió una carta al presidente del país, Paul Biya, oponiéndose al nombramiento de jueces educados en la zona francófona por no entender el sistema legal británico que es el que impera en esa parte del país. Pedían la retirada de los magistrados y demandaban la restauración del federalismo al que se puso fin con la constitución de 1972.

Ante la no respuesta del gobierno, en octubre de 2016 los abogados organizaron una huelga y manifestaciones.

El 21 noviembre, la campaña se intensificó cuando cientos de profesores se unieron a la huelga de los abogados para protestar contra la imposición del francés en las escuelas.

Ese mismo día, un periodista de la mayor ciudad de la zona, Bamenda, Mancho Bibixy, recorrió sus calles con un ataúd para protestar por el mal estado de las carreteras. Muchos moto-taxis y público en general se le unió. Las fuerzas de seguridad intervinieron y hubo enfrentamientos que se saldaron con la muerte de uno de los manifestantes. La tensión seguía creciendo.

El 29 de noviembre, los estudiantes de la Universidad de Buea (la más importane de la zona) también empezaron una protesta que fue fuertemente reprimida por las fuerzas de seguridad. Los jóvenes subieron rápidamente vídeos y fotos a las redes sociales para denunciar la fuerza de la represión: denunciaban palizas, uso de botes de humo e incluso violaciones.

El 8 de diciembre, Paul Atanga Nji, ministro del gobierno, que ya había enfadado a la población anglófona desestimando sus quejas, organizó un mitin del partido gubernamental en Bamenda. Grupos de opositores invadieron el lugar donde se celebraba y empezaron a atacar a los participantes. Se necesitó la intervención del ejército para sacar de allí a las autoridades. Murieron cuatro manifestantes por disparos y docenas de ellos fueron arrestados.

Ante los arrestos y la gravedad que está tomando la situación, algunos organismos internacionales han manifestado su preocupación. Así, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derecho Humanos ha pedido al Gobierno que investigue el “uso de fuerza desproporcionada” por parte de las fuerzas de seguridad. En términos similares se manifiesta Amnistía Internacional. Igualmente lo ha hecho la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en un comunicado muy crítico en el que se condena “el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, la violencia y la represión mortal de manifestantes pacíficos”.

A mediados de enero, miembros del llamado Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (CACSC), la organización que agrupa a todas las organizaciones que están detrás de las recientes protestas, decidieron reunirse con el Gobierno para dialogar.

La organización reconoció que las conversaciones “fueron francas y casi cordiales” . Pero mientras estas tenían lugar, las fuerzas de seguridad siguieron “reprimiendo a la población, disparando a jóvenes desarmados e hiriendo a varios de ellos”, por lo que CACSC decidió retirarse y organizar una acción pacífica llamada “pueblo fantasma” (ghost town) el 16 y 17 de enero, pidiendo a sus seguidores que se quedaran en casa.

Durante esos dos días, muchas personas no salieron de sus hogares y muchos negocios permanecieron cerrados. Sin embargo, algunos manifestantes ocuparon las calles y varios de ellos bloquearon las carreteras para impedir el tráfico de camiones transportando petróleo o madera a zonas francófonas. Este tipo de acciones fueron contestadas por las fuerzas de seguridad de nuevo.

El 17 de enero, el Gobierno anunció la ilegalidad del CACSC calificándolo de secesionista y aliado del SCNC, y le acusó de hacer el trabajo de este. Fue entonces cuando se produjo la detención de Feliz Agbor Nkongho y Fontem Neba, presidente y secretario general del Consorcio respectivamente, al mismo tiempo que el Gobierno ponía fin a la oferta de diálogo.

Los activistas han designado a dos personas que viven fuera del país para liderar la organización en sustitución de los detenidos: Mark Bara, residente en Bélgica, y Tapang Ivo Tanku, en los Estados Unidos, al mismo tiempo que reiteraban su lucha no violenta.

El 18 de enero, dos abogados: Akere Muna y Bernad Muna, lideraron un grupo de 30 abogados que se dirigió a Yaundé para pedir la liberación de los activistas detenidos.

Las últimas detenciones de destacados activistas, la prohibición del Consorcio y el cierre de internet han supuesto el culmen de meses de tensión entre el Gobierno y los defensores de los derechos de la población anglófona de Camerún.

El Ejecutivo camerunés parece esperar que la presión sobre los manifestantes lleve a los activistas a ceder en sus pretensiones pero, hasta ahora, el movimiento no muestra signos de estar desfalleciendo. De hecho, ha renovado su llamado a que las “ciudades fantasmas” se extiendan a más poblaciones y se convierta en un acontecimiento semanal.

Mientras, el presidente del país ha creado una Comisión para el Bilingüismo y Multiculturalismo con el fin de estudiar el problema.

Tendremos que estar pendientes para ver cómo evoluciona la situación en el Camerún anglófono, visto que ninguna de las dos partes muestra signos de ceder a las demandas de la otra.

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