¿Está en peligro la lucha contra la impunidad en África?

chema    Por Chema Caballero

 

El pasado 28 de enero, daba inicio en La Haya el juicio contra el ex presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo acusado de crímenes contra la humanidad (asesinatos, violaciones y persecución) por la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Este juicio es todo un hito en la historia de la justicia internacional porque es la primera vez que se juzga a un presidente. Una buena noticia que afianza la idea de que nadie está por encima de la ley y reafirma los esfuerzos hechos a nivel mundial, y muy especialmente en África durante las últimas déadas, para luchar contra la impunidad.

Además, es la primera vez que en este tribunal se están utilizando como pruebas fotografías y vídeos grabados por los ciudadanos, muchas veces con sus teléfonos móviles. Otro gran avance a la hora de traer justicia a las víctimas y facilitar la reconciliación de un país.

Lo que desde hace tiempo chirría a algunas personas es que la CPI esté haciendo historia a costa de África. Todos los momentos claves desde que este tribunal empezó a funcionar en 2002 están relacionados con el continente. Así, al igual que el primer presidente de la historia en ser juzgado a nivel internacional proviene de África, el primer proceso que celebró la Corte también tenía que ver con el continente. En 2009 la CPI abrió su primer juicio contra el señor de la guerra de la República Democrática del Congo, Thomas Lubanga. Lubanga fue también el primer detenido por una orden del tribunal, y su primer condenado.

Además, la mayoría de los casos que el tribunal ha investigado desde sus inicios, o investiga en la actualidad, tienen que ver con África, muy por encima de los que afectan a otros continentes. Se pensó que este desequilibrio cambiaría con el nombramiento de la gambiana Fatou Bensouda, como fiscal jefe del tribunal en 2012. Pero no fue así, y el continente africano ha seguido aportando el mayor número de investigaciones llevadas a cabo por la CPI.

Esta es la principal razón por la que desde hace tiempo muchos dirigentes y políticos africanos acusan a la CPI de parcial y abogan, bastantes de ellos, por la retirada de los países africanos del tribunal internacional.

En 2013, la Unión Africana (UA) celebró una reunión extraordinaria para debatir la salida de la CPI. En ella, los 54 países miembros del organismo reiteraron sus acusaciones al tribunal de perseguir, prácticamente, solo casos africanos. Se propuso que los 34 países africanos que admiten la jurisdicción de este tribunal por haber firmado y ratificado el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo del organismo, se retirasen conjuntamente de él.

La propuesta recibió muchas críticas tanto de dentro como de fuera del continente y, al final, no prosperó. En varias ocasiones posteriores el tema volvió a salir en las reuniones de los jefes de estado y gobierno de la UA. En la última cumbre, la 26, celebrada en Adís Abeba los días 30 y 31 de enero del corriente año, el asunto ha regresado a la asamblea, impulsado, como en la mayoría de las ocasiones anteriores, por el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, que fue acusado de crímenes contra la humanidad por la CPI aunque más tarde el caso se cerró.  Al final de la reunión,Kenyatta anunciaba, en su cuenta oficial de Twitter, que “la UA ha aprobado mi propuesta para que la UA desarrolle una hoja de ruta para la retirada de las naciones africanas del Estatuto de Roma”. La noticia ha sido confirmada por el diario Daily Nation.

Se trata de una triste noticia ya que de llevarse a cabo, aislaría a África del resto del mundo y arrojaría sombras sobre la verdadera intención de los dirigentes africanos y su compromiso con la lucha contra la impunidad, el respeto de los derechos humanos y la ley internacional.

Hace tiempo que se está ejerciendo una especie de boicot a las ordenes emanadas de la CPI por parte de la mayoría de los países africanos. El ejemplo más claro se produjo cuando el 14 de julio de 2015, el presidente de Sudán Omar al-Bashir consiguió burlar la orden del Tribunal Supremo de Sudáfrica de salir del país, en cumplimiento de la orden de busca y captura emitida por la CPI que pesa sobre él, tras asistir a una reunión de la UA, posiblemente con la aquiescencia del Gobierno sudafricano.

Es esta falta de cooperación la que ya en diciembre de 2014 había obligado a Fatou Bensouda a suspender la causa sobre el genocidio de Darfur, en la que están imputados Omar al-Bashir y varios altos cargos de su gobierno. Pocos días antes, como señalábamos anteriormente, la fiscal jefe de la CPI también se vio forzada a retirar los cargos por crímenes contra la humanidad presentados contra el presidente Uhuru Kenayatta. En esa ocasión, la señora Bensouda acusó al Gobierno de Nairobi de intimidar a los testigos del caso, lo que consiguió que estos se negaran a dar testimonio. Kenyatta estaba acusado de asesinato, persecución y deportaciones, como cooperador indirecto en la violencia que se desató tras las elecciones de 2007, que dejó más de 1.000 muertos.

Podríamos decir que este movimiento de boicot contra las decisiones de la CPI se ha compensado con dos tendencias que han empezado a cobrar fuerza dentro del contiene desde no hace mucho tiempo. Son buenas noticias de cara al respeto a la justicia y la lucha por los derechos humanos, pero que en ningún caso deberían ser excluyentes de la jurisdicción de la CPI, sino, por el contrario, complementarias.

La primera de ellas tiene que ver con la justicia doméstica. Recientemente, los tribunales de distintos países africanos han empezado a juzgar casos que podrían corresponder al tribunal internacional. El ejemplo lo tenemos en la República de Guinea, donde en julio de 2015, el tribunal que investigaba las masacre y violaciones que tuvieron lugar en el estadio de la capital, Conakry, en septiembre de 2009, tomó la valiente decisión de imputar al ex autoproclamado presidente tras el golpe de estado de ese mes, el capitán Moussa Dadis Camara, como responsable de aquellos crímenes. Así asistíamos a  la primera vez que un panel de jueces africanos se atrevía aplicar la justicia a un alto mandatario.

También en la República Democrática de Congo (RDC) se producía un acontecimiento similar cuando en  noviembre de 2014, el Tribunal militar superior de Kinshasa condenó al general de brigada del ejército congoleño Jérôme Kakwavu  a 10 años de prisión tras encontrarle culpable de crímenes de guerra por violación, asesinato y tortura cometidos en Aru, Ituri (Provincia oriental) entre 2003 y 2004. Además ordenaba indemnizar a varias víctimas con altas sumas de dinero.

Es una muy buena noticia esta valentía mostrada por algunos tribunales para garantizar la lucha contra la impunidad que desde hace años propugnan los líderes africanos al mismo tiempo que critican las decisiones de la CPI.

La segunda tendencia tienen una relación más directa con la idea de terminar con lo que algunos dirigentes del continente tildan de injerencia de la CPI en los asuntos africanos. Se trata del resurgimiento de la idea de crear la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos (CAJDH), que daría lugar a un sistema de justicia totalmente africano para juzgar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra o contra la humanidad que tengan lugar en África. La propuesta también la presentó el presidente keniano en la 24 cumbre de la UA celebrada el 30 y 31 de enero de 2015.

En 2004, los líderes africanos decidieron que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, creada en 1998, se fusionase con la Corte de Justicia de la Unión Africana, establecida en 2003, para crear la CAJDH, también conocida como  la Corte Africana.

El organismo resultante sería un tribunal regional, semejante a los que existen en otros continentes, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.

Siempre cabe la duda de saber si la verdadera intención de los dirigentes africanos a la hora de impulsar la Corte Africana es contrarrestar el poder de la CPI y controlar los casos que pudieran llegar a él.

Sin embargo, la insistencia de la UA y de la mayoría de los líderes del continente, manifestada en repetida ocasiones, de querer luchar contra la impunidad de la que se ha acusado a los políticos africanos, ha de tomarse en serio. Podríamos considerar como un gran paso adelante, el hecho de que se estableciera un organismo africano que ofreciera soluciones enraizadas en la tradición continental, sin despreciar las leyes internacionales. Solo que, al igual que sucede en Europa o Iberoamérica, este organismo no debería excluir la jurisdicción de la CPI. Debemos ser cautos con respecto a este tema porque, un año después de la propuesta, todavía la Corte Africana sigue sin ser establecida.

No podemos olvidar que desde hace tiempo algo se está moviendo en África en el campo de la lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos humanos. No solo la presión internacional, que como bien sabemos se ejercen según los intereses de las grandes potencias, que en este continente son muchos, sino, sobre todo, el trabajo de la sociedad civil tiene mucho que ver con este cambio de actitud.

Cada vez son más los grupos y movimientos que en el continente luchan por la causa de la justicia y los derechos humanos. Ellos son los verdaderos responsables de que estos temas empiecen a tomarse en serio en África. Muchos de ellos criticaron en el pasado la intención de sus líderes de abandonar la CPI y habrá que ver cómo reaccionan a la decisión adoptada en la última cumbre de la UA. Esperemos que sean ellos los que hagan entrar en razón a sus dirigentes para así no aislar a África de la justicia que puede impartir la CPI.