La República Centroafricana vuelve a incendiarse

Chema Caballero   Por Chema Caballero

 

 

En los últimos meses, la República Centroafricana ha caído en una nueva espiral de violencia poniendo fin a las esperanzas de paz que habían surgido tras la elección del presidente Faustin-Archange Touadera, en febrero de 2016.

Los grupos armados que luchan por el control de las provincias del centro de la República Centroafricana atacan a civiles en una especie de represalia contra los miembros de los grupos rivales. Así lo denuncia Human Rights Watch (HRW), que afirma que estos ataques han dejado al menos 45 muertos y más de 11.000 desplazados, hasta el momento.

La nueva ola de violencia estalló a finales de 2016 en las provincias centrales del país entre dos facciones pertenecientes a los rebeldes Seleka, que en marzo de 2014 entraron en la capital desatando la guerra.

Uno de los contendientes responde al nombre de Unión por la Paz en la República Centroafricana (UPC) y está compuesto, principalmente, por combatientes de etnia peul. Esta facción surge como una escisión del Frente Popular para la Restitución (FPR), un grupo de rebeldes, en su mayoría chadianos, dirigido por Abdelkader Baba-Laddé (que fue detenido en la República Centroafricana y extraditado a Chad en enero de 2015 tras años luchando en distintos países del continente). Su lugar, al frente del FPR lo ocupa ahora Ali Darassa Mahamant, que tomó la decisión de separarse de Seleka y formar el UPC en 2014.

Su oponente es el Frente Popular para el Renacimiento en la República Centroafricana (FPRC), liderado por el ex Seleka Michel Djotodja (autoproclamado presidente del país tras la entrada de los rebeldes en Bangui en 2013) y Noureddine Adam (que el 14 de diciembre de 2015 proclamó la República de Logone o Dar El Kuti -como el histórico sultanato que existió en el norte y noroeste de la actual República Centroafricana desde principios del siglo XIX hasta 1912-, con capital en  Bambari; República o Sultanato que no es recocido por ningún estado). Curiosamente, el FPRC está alineado con sus antiguos enemigos, los anti-Balaka.

Los enfrentamientos entre los dos grupos se están produciendo en la provincia de Ouaka, en el centro-sur del país, cuya capital es Bambari, la que Noureddine Adam ha proclamado capital de su  República. El problema, como siempre, es que los civiles están expuestos a los ataques de los grupos armados que lanzan acciones de castigo contra los territorios controlados por sus enemigos.

La Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) ha desplegado cerca de mil de sus 12.870 efectivos en la provincia de Ouaka, pero no consigue frenar los ataques.

En abril, HRW visitó esta provincia del centro del país y entrevistó a 20 personas en Bambari que habían huido de los enfrentamientos. Los testigos dieron el nombre de 45 civiles asesinados por ambas partes (17 hombres, 13 mujeres y 15 niños), lo que hace pensar que las víctimas pueden ser muchas más.

La República Centroafricana tiene un largo historial de regímenes autoritarios, rebeliones armadas y golpes militares junto a la impunidad de violaciones flagrantes de los derechos humanos. La penúltima crisis fue la desatada por la guerrilla Seleka y la contestación recibida por parte de los anti-Balakas que provocó miles de muertos y que cientos de miles de personas se vieran obligadas a abandonar sus hogares y casi un millón tuviera que refugiarse en otros países. Y ahora, los habitantes del centro del país tienen que enfrentarse a esta nueva crisis.

A pesar de esta sangrienta historia, en la República Centroafricana pervive una cultura de la impunidad jalonada de leyes de amnistía que han perdonado sucesivamente todas las violaciones de derechos humanos. El no castigar a los criminales y la sensación de injusticia por parte de algunos colectivos se ha ido convirtiendo, sucesivamente, en el gatillo que provoca la siguiente crisis, hasta la actual.

Para poner fin a esta situación, el 7 de agosto de 2014, el ministro de justicia de la República Centroafricana y el Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas en el país firmaron un memorando de intenciones por el que el Gobierno de Bangui se comprometía a crear un Tribunal Especial, con jurisdicción en todo el territorio de la República Centroafricana y mandato para realizar investigaciones preliminares y diligencias judiciales para juzgar “delitos graves, incluyendo las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la violencia sexual relacionada con el conflicto, así como violaciones graves de los derechos de los niños, que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad o la seguridad”.

El tribunal fue establecido, finalmente, en junio de 2015, como un “híbrido” integrado por jueces y funcionarios nacionales e internacionales que pueden investigar los crímenes de guerra cometidos desde 2003, es decir con anterioridad al actual conflicto, remontándose al régimen del presidente François Bozizé (2003-2013).

Pero ha habido que esperar hasta febrero de este año para que el presidente Touadera nombrase al fiscal jefe del nuevo tribunal. Se trata de Muntazini Mukimapa, de la República Democrática de Congo, coronel y juez militar en el Tribunal Supremo de su país. Como tal ha sido responsable de varias condenas por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, que en la RDC pertenecen a la jurisdicción militar.

La demora en la puesta en marcha de este tribunal hace dudar sobre las intenciones del Gobierno de Bangui. Todo puede quedarse una vez más en una declaración de buenas intenciones que no termine con la cultura de la impunidad.

Este Tribunal Especial no es el primer intento de responsabilizar a los perpetradores de los crímenes cometidos en la República Centroafricana a lo largo de los años. En 2004, el gobierno de Bozizé, que había llegado al poder un año antes gracias a un golpe de Estado, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara los crímenes cometidos a partir de julio de 2002 (cuando empezó la lucha entre los rebeldes y el gobierno del entonces presidente Ange-Félix Patassé). Y en mayo de 2014, los líderes centroafricanos pidieron nuevamente a la CPI que investigara los crímenes de la última crisis desde su inicio en 2012.

A pesar de todo ello, la realidad es que en la República Centroafricana miles de víctimas de violaciones de derechos humanos siguen esperando a que se haga justicia, mientras que los responsables de los asesinatos, las torturas o las violaciones continúan moviéndose libremente por el país y se permiten comenzar nuevos conflictos que solo benefician a los que los promueven.

Y si este nueva crisis no fuera poco para la sufrida República Centroafricana, en los últimos días se han producido fuertes combates en Bangassou, en el sureste del país, originados por los anti-Balaka, que han atacado la base de la MINUSCA y han producido la muerte de varios cascos azules. Nuevamente, cientos de desplazados se han refugiado en el recinto de la mezquita y de la iglesia de la localidad huyendo de la violencia. Soldados portugueses pertenecientes a las tropas de Naciones Unidas, entraron en la localidad el pasado domingo 14 para proteger a estas  personas.