Nuevas constituciones, mismos presidentes

Chad y Burundi votan por la permanencia

A Idriss Déby, presidente de Chad, no le basta con haber gobernado desde hace 28 años. A Pierre Nkurunziza, presidente de Burundi, 13 años tampoco le parecen suficientes. Al menos eso sugiere que en ambos países se haya modificado recientemente la Constitución y que uno de los principales cambios sea la duración de los mandatos presidenciales que permitiría a Déby estar en el poder hasta 2033 y, a Nkurunziza, hasta 2034.

El 30 de abril se votó en la Asamblea Nacional de Chad una nueva Carta Magna con 132 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. La oposición, organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia habían pedido que su aprobación fuera a través de un referéndum, pero el Gobierno respondió que el presidente era «el único habilitado para decidir celebrar un referéndum». Días después se llevó a cabo la votación que dio como resultado el inicio de la IV República en Chad y que refuerza los poderes del actual presidente.

Entre otras medidas, la nueva Constitución elimina la figura del primer ministro, quien tuvo que dimitir antes de la promulgación del texto. Sin embargo, no recupera la figura del vicepresidente, que sí existió en Chad entre 1975 y 1982 y entre 1990 y 1991. La Iglesia ha calificado el resultado de estas reformas como un «régimen presidencial integral» del que Déby podrá disfrutar teóricamente hasta sus 81 años, cuando termine su quinto mandato en 2021 y vuelva a ser elegido por dos más, de seis años cada uno. Además, solo tras la aprobación de la Carta Magna, Déby se ha reunido con los partidos políticos para establecer un diálogo de cara a las próximas elecciones.

Por su parte, el 17 de mayo se celebró en Burundi un referéndum para aprobar el cambio de la Constitución de 2005. Las principales modificaciones son que el mandato presidencial pasa de 5 a 7 años, manteniendo el límite de dos mandatos, y que, en lugar de dos vicepresidentes habrá uno y se reintroducirá la figura del primer ministro.

La aprobación de este proyecto da vía libre a Nkurunziza para presentarse a las elecciones que deberían celebrarse en 2020, cuando finalice su controvertido tercer mandato. Fue en 2015 cuando decidió continuar en su cargo, a pesar de haber cumplido ya el máximo permitido. Él argumentó que en 2005 no había sido elegido por el pueblo, sino por la Asamblea Nacional, por lo que tenía derecho a ser elegido por los ciudadanos otra vez. Esta decisión generó una grave crisis política en la que murieron al menos 1.200 personas, según las cifras oficiales, y más de 400.000 personas se desplazaron por la violencia, según Naciones Unidas.

Tras la campaña a favor del referéndum, que se desarrolló bajo un «clima de intimidación y represión», según denunció la Unión Europea, los resultados provisionales, conocidos al cierre de esta edición, dan por ganador al «sí», con un 73,2% de los votos a favor y una tasa de participación del 96,4%. La oposición habla de fraude masivo.