Última promesa incumplida

El retraso «por razones técnicas» de las elecciones presidenciales complica la transición en Malí

La viñeta de Glez en el número de marzo de Jeune Afrique resume la compleja deriva de Malí. El coronel Assimi Goïta, presidente del Gobierno de transición desde junio de 2021, aparece sentado frente al recién inaugurado Centro Científico de la Brujería Africana junto a tres hechiceros que le preguntan: «¿Qué quiere que apartemos? ¿Los malos espíritus, a los yihadistas o los rebeldes?». A lo que Goïta responde: «Las elecciones».

Casi cuatro años después de que Ibrahim Boubacar Keita, IBK, fuera destituido por el Movimiento 5 de junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP, por sus siglas en francés) en connivencia con el Ejército maliense, y de que este diera un posterior golpe de Estado, Malí parece sumido en un callejón sin salida. El último retroceso es el incumplimiento de los plazos para transferir el poder a los civiles.

Se cumplieron los primeros 18 meses sin que se convocase a las urnas y solo se consultó a la ciudadanía la reforma de la Constitución, en junio de 2023, en un referéndum muy cuestionado y boicoteado por la oposición. Quedan lejos las sanciones que la CEDEAO impuso a Malí a principios de 2022, cuando el país ya había pasado por dos golpes de Estado en menos de un año (agosto de 2020 y mayo de 2021). En julio de 2022, la CEDEAO confió en la promesa de la Junta militar, que presentó un calendario electoral en el que, tras el referéndum, convocaría las presidenciales para los días 4 y 18 de febrero de 2024.  

La Junta asegura que Goïta pretende «que se vuelva a la paz y la seguridad en el orden constitucional», y el portavoz del Gobierno, Abdoulaye Maïga, aseguró a finales de febrero en Bamako que «el Gobierno de transición especificará las nuevas fechas de las elecciones presidenciales más tarde, tras discutirlo con la Autoridad Independiente de Gestión Electoral. Las razones por las que los comicios han sido «pospuestos ligeramente por razones técnicas» son la adopción de la nueva Constitución, la revisión de las listas electorales y el cuestionamiento de la empresa francesa Idemia, a la que la Junta acusa de involucrarse en la base de datos del Registro Civil a través de los pasaportes biométricos.

De colaborar para combatir a IBK a convertirse en la voz más crítica con el autoritarismo de la Junta militar, el M5-RFP denunció la «decisión unilateral» y la «falta de respeto a los compromisos» hacia la sociedad civil. También la Liga Democrática para el Cambio condenó «de forma unívoca el intento de la Junta de secuestrar la democracia en Malí». La formación política Parena recordó que convocar elecciones «es una cuestión de voluntad política», y el partido Yéléma apuntó a la «incompetencia» de las autoridades. «Hace meses que pedimos una transición civil porque la militar ha mostrado sus límites», aseguró su presidente, Youssouf Diawara.

El imam Mahmoud Dicko, que lleva desde diciembre en Argelia recuperándose de un «intento de envenenamiento», según él mismo afirmó, fue acusado el 6 de marzo de «desestabilizar y de ser una amenaza para la seguridad pública». Autoridad moral del M5-RFP en la contestación popular contra IBK, Dicko es la principal causa del distanciamiento entre Argelia y Malí. Ambos países llamaron a consultas a sus embajadores por «actividad subversiva» después de que el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, recibiera a figuras de la rebelión independentista y facilitase el cuidado médico de Dicko. 

«La Coordinadora de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes del Imam (CMAS, por sus siglas en francés), creada para promover la estabilidad y la paz social, se ha transformado en un órgano político de -desestabilización y una amenaza para la seguridad pública», justificó el Consejo de Ministros maliense tras su disolución. Youssouf Diawara, miembro del consejo nacional de CMAS, respondió en las páginas de Jeune Afrique: «Vamos a explorar todas las vías de recurso posibles […]. Nos lo esperábamos, teniendo en cuenta la situación del país, con las restricciones a la libertad de expresión y de la libertad de asociación. No nos sorprende».

Divisiones

En Malí también se mira con atención la división en el M5-RFP, que quedó expuesta al decidir una parte del movimiento destituir a Choguel Maïga de la presidencia por no haber «estado a la altura de sus responsabilidades» ni haber sido capaz de «traer la paz y la cohesión» al movimiento.

La corriente representada por el imam Oumarou Diarra, Mountaga Tall y Jeamille Bittar, que ya habían criticado antes la «gobernanza vertical» de Maïga, dirigió la petición. Pero la disputa aumentó en marzo, porque el Comité Estratégico (del que forman parte Diarra y Bittar) no es reconocido por la otra facción del movimiento, encabezada por Boubacar Karamoko Traoré o -Abdel Kader Maïga, fieles al primer ministro de la transición. Mientras, el propio Maïga acusó a «ciertos militares» de estar detrás de «esta maniobra para desestabilizar al movimiento». En concreto, señaló al coronel Malick Diaw, presidente del Consejo Nacional de la Transición, y al coronel Abdoulaye -Maïga, portavoz del Gobierno, como principales instigadores del enfrentamiento.

Aunque el deterioro del M5-RFP se concretó en 2022, la división actual ha debilitado a las figuras que deben presionar y negociar con la Junta para que el poder pase de los militares a los civiles.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en Malí se traducía en 8,8 millones de personas que requerían asistencia humanitaria y más de 575.000 personas que habían abandonado sus hogares hasta agosto de 2023, según Human Rights Watch (HRW).

Además, la violencia se ha disparado desde la retirada de las tropas francesas, en 2022, y el comienzo de la salida de la Misión de la ONU, cuyo término está previsto para finales de 2024. Los ataques de grupos islamistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico en el Gran Sahara están haciendo peligrar el acuerdo de paz de 2015 entre el Ejército maliense y la Coordinadora de Movimientos del Azawad. Esta es la causa principal de que el grupo mercenario ruso Wagner se haya comprometido a reducir la violencia interna a cambio de 10,9 millones de dólares al mes. Según HRW, desde que Wagner actúa en el país se han registrado más de 300 incidentes de abuso de derechos humanos contra civiles.

Con este aumento de la tensión interna, la competencia entre grupos armados para dominar el país y las consecuencias desastrosas que está padeciendo una población ya muy castigada, Malí parece estar en la senda de una guerra civil.