Sudáfrica no permitirá la afrofobia

Los ataques ponen en jaque al Gobierno de Zuma

Por Carolina Valdehíta / Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

[Fotografía superior: Un policía dispara a un grupo de sudafricanos en una manifestación contra los inmigrantes en situación irregular en el país, el 24 de febrero / Getty Images]

“Todos los problemas de Sudáfrica, desde la violencia hasta las violaciones a las mujeres no son cometidos por los sudafricanos, sino por los inmigrantes que llegan de otros países”, me aseguraba con firmeza uno de los pocos taxistas sudafricanos que he conocido tras varios meses en Ciudad del Cabo. Su conjetura, lejos de ser veraz, es el opio de muchos sudafricanos que, impotentes por la dificultad del acceso al mercado laboral y unas tasas de paro superiores al 27 por ciento, exacerban en el extranjero su rabia contra el sistema y les inculpan de todos los males que padece la sociedad.

A mediados de febrero, más de 20 comercios regentados por la diáspora nigeriana, pakistaní y somalí residente en ­Johannesburgo y sus alrededores, fueron asaltados en ­Atteridgeville, a 120 kilómetros de Pretoria, mientras que 12 viviendas fueron atacadas en Rosettenville, al sur de Johannesburgo. Algunos sudafricanos les acusan de perpetuar el crimen y de robar el trabajo a los lugareños. Tras días de enfrentamientos, el punto final lo marcó una doble manifestación el 24 de febrero. En la primera, varias personas se dirigieron hasta el Ministerio de Asuntos Internos exigiendo medidas contra los indocumentados. Otra manifestación, conformada por ciudadanos de diferentes nacionalidades, marchaba contra la xenofobia. La policía disuadió a ambos bandos cuando comenzaron a enfrentarse utilizando gases lacrimógenos y balas de goma. Decenas de personas fueron detenidas durante toda la semana.

Esta ola de xenofobia no es nueva, sino que parte de una herida que lleva años sin curar. En 2015 una oleada de ataques acabó con siete muertos. En 2016 una veintena de nigerianos perdió la vida como consecuencia del odio interracial, según las autoridades nigerianas. Sudáfrica no quiso determinar la veracidad de la cifra alegando que las muertes podrían no responder a una cuestión racial sino a enfrentamientos vinculados a actividades delictivas. En cualquier caso, los ataques son habituales, siendo el más sangriento el que se produjo en 2008 en ­Johannesburgo, donde 60 personas murieron.

Durante una entrevista con el portavoz de la comunidad somalí en Johannesburgo, el joven Omar Kiyow sostiene que este grupo “siempre es el más afectado” cuando hay ataques xenófobos en Sudáfrica. “Hay un constante ataque contra todos los extranjeros africanos y mi comunidad se siente deses­perada y muy vulnerable cuando se cometen estos atroces crímenes”, cuenta a Mundo Negro. Parte de la diáspora somalí se siente traicionada por el Gobierno sudafricano, que otorgó el estatus de refugiado a muchos de los que llegaron a principios de los años 90, cuando una terrible hambruna azotaba al país.

También denuncian la labor de la policía local, a la que consideran corrupta e incapaz de protegerlos. “Una veintena de ciudadanos somalíes han muerto desde que comenzó 2017, y al menos 12 de estos asesinatos han ocurrido en el área de Khayelitsha –uno de los suburbios de Ciudad del Cabo–”, asegura Kiyow. “Cada año perdemos a cerca de 100 somalíes en todo el país y la mitad de esa población se encuentra en Ciudad del Cabo, específicamente en asentamientos informales”, lamenta mientras expone que el deseo de los somalíes es el de regresar a su país cuando las condiciones de vida mejoren.

Arriba, varias mujeres rezan, el pasado 12 de marzo, en Eldorado Park (Soweto), por el fin del conflicto / Fotografía: Getty Images

Restricciones en inmigración

Nigeria y Sudáfrica son las economías más fuertes del África negra. Rivales en lo económico, los recientes ataques contra nigerianos hicieron temer una brecha política entre ambos. Es por eso que el Gobierno de Buhari pidió a la Unión Africana (UA) que interviniese para detener los “ataques xenófobos”. Incluso el presidente sudafricano, Jacob Zuma, condenó las agresiones recordando que “no es correcto considerar a todos los extranjeros traficantes de drogas o de personas”, y transmitió a los sudafricanos que la mayoría de los inmigrantes colabora de manera positiva al desarrollo económico del país y acata las leyes.

El 13 de marzo, la ministra de Relaciones Internacionales sudafricana, Maite ­Nkoana-Mashabane, y su homólogo nigeriano, Geoffrey Onyeama, se reunieron para evitar un problema a mayor escala. El plan consiste en lanzar un sistema de alerta temprana que permita localizar y disuadir los ataques xenófobos. Nkoana-Mashabane aseguraba que de esta manera se “ayudaría a prevenir la violencia contra los extranjeros y sus negocios”. Este organismo se reunirá cada tres meses y estará compuesto por representantes de ambos países, además de funcionarios de inmigración, asociaciones empresariales y grupos de la sociedad civil.

El portavoz de la Unión Nigeriana ­Sudáfricana (NUSA) aseguró que hay cerca de 800.000 nigerianos residiendo en el país, gran parte de ellos en Johannesburgo. Sin embargo, una reciente comprobación de datos concluyó que la cifra aportada por la NUSA distaba mucho de la realidad. Los datos sobre población extranjera en Sudáfrica más recientes facilitados por Statistics South Africa en 2016, estiman que los nigerianos en el país austral son poco más de 30.000 (cerca de un 2 por ciento de los extranjeros). El mismo informe indica que hay cerca de 2 millones de migrantes internacionales (el 4,2 por ciento de la ciudadanía) en todo el país, aunque es una cifra imperfecta ya que gran parte se encuentra en situación de irregularidad.

El país más desarrollado de África ­subsahariana, cuyo pasado arrojó sobre los sudafricanos negros décadas de sufrimiento y maltrato, juega las mismas cartas hacia otros africanos que han abandonado sus países con perspectivas de mejorar el nivel de vida. Sudáfrica es lo más parecido al sueño americano, y eso se aprecia en el número de extranjeros que viven en él. Durante años, la llegada de ciudadanos de Nigeria, Somalia, Zimbabue y Mozambique, donde el paro es notorio, no ha sido aceptada con agrado por los sudafricanos, que ven en ellos un rival laboral.

Desde los Servicios de Inmigración de Sudáfrica emitieron un comunicado después de los ataques de febrero en el que aseguraron que la mayor preocupación es que los inmigrantes en situación de ilegalidad están ocupando puestos de trabajo que podrían ser ocupados por los sudafricanos desempleados, especialmente en hostelería y transportes. “Existe el consenso de que los ciudadanos de los países vecinos son más propensos a ser más productivos, ya que están agradecidos de estar fuera de la crisis que viven sus propios países”, dice el comunicado mientras que apunta a los empresarios como cómplices de esta práctica. El Departamento de Inmigración ha asegurado que endurecerá las condiciones para otorgar visados y realizará más controles en lugares donde se sospeche que se están empleando a trabajadores ilegales. Mientras tanto, la tensión hacia los extranjeros es un problema lejos de estar solventado.