Tres focos africanos entre los conflictos más críticos a vigilar en 2026

El International Crisis Group ha identificado tres conflictos africanos dentro de los diez más críticos a nivel mundial que, tras un 2025 plagado de violencia, se espera que continúen y que reciban la mayor atención en 2026. La lista del ICG de conflictos a tener en cuenta incluye los que afectan a Sudán, Etiopía y Eritrea, así como a Malí y Burkina Faso.

International Crisis Group es un centro de estudios independiente (think-tank) que investiga y alerta sobre crisis y conflictos violentos en todo el mundo para ayudar a prevenir guerras y promover soluciones pacíficas. Cada año, elabora listas de los conflictos más importantes a vigilar por sus posibles efectos humanitarios, de seguridad regional y global, así como por el riesgo de escalada o de consecuencias duraderas si no se actúa a tiempo.

En su último informe de 10 conflictos a observar en 2026, ICG incluye específicamente Sudán, el tensísimo vínculo Etiopía-Eritrea y los conflictos en Malí y Burkina Faso, porque estos escenarios presentan crisis con alto potencial de violencia, impacto humanitario grave y capacidad de desestabilizar regiones completas si no hay una atención y gestión efectiva. A continuación, un resumen de la situación en cada país:

Sudán

La guerra civil en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 por un enfrentamiento interno dentro de los militares que habían tomado el poder tras un golpe de Estado en 2021. Enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), el ejército oficial, con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar surgido en Darfur y dirigido por el general Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Ambos grupos luchan por controlar el país. Hasta ahora se han enfrentado en distintas regiones estratégicas como Darfur y en grandes ciudades como Wad Madani o El Obeid, además de la capital Jartum. En la práctica, Sudán está dividido en dos con cada grupo controlando una parte del territorio.

Como consecuencia de este enfrentamiento, millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por todo el país, lo que constituye una de las mayores crisis de desplazados del mundo. Además, bombardeos y ataques, a menudo con drones, han matado a cientos de civiles. Ciudades como El Fasher han quedado virtualmente desiertas tras ser escenarios de masacres y combates intensos. Finalmente, esta guerra ha generado niveles extremos de inseguridad alimentaria, desnutrición y desorganización de servicios básicos como educación y salud.

La UNESCO, por su parte, está alarmada por la destrucción y saqueo masivo del patrimonio cultural en Sudán debido al conflicto armado, con informes de pillaje en el Museo Nacional de Jartum y otros sitios. Esto ha llevado a la organización a advertir al mercado del arte sobre el tráfico ilícito de antigüedades, destacando el riesgo de pérdida irreparable de la identidad sudanesa y la necesidad de proteger sitios como las Pirámides de Meroe.

La falta de acuerdo político entre ambas partes, la división del poder entre las dos fuerzas, sin confianza mutua ni incentivos sólidos para negociar, y con la interferencia de intereses externos de países como Emiratos Árabes o Rusia complican cualquier salida clara al conflicto.

Todo ello lleva a ICG a afirmar que existe un riesgo real de escalada y extensión del conflicto. La violencia podría, incluso, extenderse a países vecinos y complicar aún más los esfuerzos regionales de paz.

Etiopía y Eritrea

La enemistad entre ambos países viene de largo, incluyendo una larga guerra que terminó en el año 2000 y un conflicto fronterizo feroz. En 2000, firmaron el Acuerdo de Argel para la paz, aunque muchos temas quedaron sin resolver. En 2018, tras el nombramiento de Abiy Ahmed Ali como primer ministro hubo un acercamiento entre las dos naciones, con apertura de fronteras y mejora de relaciones que duró unos años. Hechos que pesaron en la concesión de Premio Nobel de la Paz a Ali en 2019.

En los últimos años, las tensiones entre los dos países han aumentado. Cuando Eritrea se independizó en 1993, Etiopía se quedó sin una salida al mar. El primer ministro etíope ha planteado en los últimos años, y de manera repetida, que su país necesita acceso al mar Rojo, algo que Eritrea percibe como una amenaza directa a su soberanía. A raíz de ello, ambas partes han desplegado tropas cerca de la frontera, y hay señales de movilización militar y preparativos que preocupan a expertos e instituciones internacionales. Además, el tono de los discursos oficiales se ha vuelto beligerante, con insultos públicos y amenazas mutuas entre los dos países.

La guerra en la región de Tigray (entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022) ha sido, también, un motor indirecto de las tensiones. Eritrea intervino militarmente junto a las fuerzas federales etíopes en esa guerra y no se retiró completamente tras el acuerdo de paz. Esto ha creado resentimiento tanto dentro de Etiopía como en grupos tigraynos, lo que complica las relaciones internacionales entre ambos países y podría desencadenar nuevos enfrentamientos indirectos.

Aunque aún no se ha declarado una guerra formal, varios analistas internacionales colocan esta relación entre las que corren mayor riesgo de estallar en un conflicto a gran escala debido a: la falta de resolución de cuestiones fronterizas antiguas, el acceso al mar que busca Etiopía, la militarización de las fronteras, la posibilidad de que los conflictos internos etíopes se desborden hacia el exterior y el aumento de la retórica hostil entre los líderes.

Una escalada de estas tensiones puede desestabilizar aún más el Cuerno de África, donde ya hay otros focos de violencia y fragilidad.

Malí y Burkina Faso

La situación en el Sahel, especialmente en Malí y Burkina Faso, es una crisis multidimensional que combina conflictos armados, inseguridad política, crisis humanitaria y desplazamientos masivos. Esa es precisamente una de las razones por las que ICG la considera un foco de inestabilidad que hay que observar de cerca en 2026.

En Malí, grupos armados yihadistas, como Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) —vinculado a Al Qaeda— y facciones del Estado Islámico han incrementado ataques contra fuerzas del Estado y civiles. Esto ha llevado incluso al asedio de la capital, Bamako, y a un aumento significativo de objetivos civiles y militares. En varios puntos del país, estos grupos controlan zonas rurales extensas e imponen su autoridad por la fuerza.

Por su parte, la junta militar gobernante, liderada por Assimi Goïta, ha seguido una deriva antidemocrática tras el golpe de Estado de 2021, restringiendo partidos políticos y estrechando vínculos con actores externos como Rusia para apoyo en la seguridad. Estas dinámicas han generado tensiones internas y debilitado la legitimidad del Estado frente a una población cada vez más vulnerable.

La violencia ha provocado miles de muertos, desplazamientos internos y crisis de seguridad alimentaria, con millones de personas que necesitan asistencia básica.

Burkina Faso enfrenta una insurgencia armada que comenzó hace años y se ha intensificado con grupos como el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) y otras facciones transfronterizas que también operan en Malí y Niger. Esta violencia ha provocado ataques mortales en comunidades civiles —como la masacre de Solenzo en 2025 o la de Nondin y Soro en 2024— perpetrados por milicias o fuerzas progubernamentales en represalia y en las que murieron centenares de civiles.

Una junta militar, bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, gobierna el país desde octubre de 2022. Sin embargo, el control estatal más allá de la capital y grandes centros urbanos sigue siendo débil, con amplias zonas bajo control de grupos armados o inseguridad permanente.

Todo esto ha provocado el desplazamiento forzado de más de dos millones de personas y una gran escasez de alimentos y servicios básicos.

En toda la región del Sahel central, la combinación de inseguridad, debilidad estatal, crisis humanitaria y desplazamientos masivos convierte la situación en una de las más complejas y urgentes de África.

En definitiva, estas tres crisis, además de su gravedad intrínseca, pueden intensificarse si no se prioriza la prevención, la mediación diplomática y la respuesta humanitaria. Afectan a millones de personas, generan desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos y alteran el equilibrio de seguridad en el continente y más allá, con posibles repercusiones en flujos migratorios, redes extremistas y tensiones interestatales.

De no ser así, corren el riesgo de desbordarse y convertirse en un desafío no solo regional, sino también internacional.

En la imagen, sudaneses que se vieron obligados a huir y buscaron refugio en Egipto debido al conflicto esperan los autobuses en una estación de El Cairo mientras se dirigen a su país de origen en mayo de 2025. Fotografía:  Mohamed Elshahed /Getty