Salud en venta

El Gobierno malauí prohíbe que los médicos del sistema público de salud trabajen en la sanidad privada.

Por Gonzalo Vitón y Boniface Gbama, desde Lilongüe (Malaui)

El Gobierno de Malaui ha prohibido que los trabajadores del sistema público de salud sean propietarios o trabajen en centros sanitarios privados. Con esta medida, el Ejecutivo de Mutharika busca restablecer la confianza de la ciudadanía y que los recursos públicos no favorezcan a intereses privados.

Esta iniciativa ha llegado poco después de que la Plataforma para la Investigación Periodística (PIJ) publicase un artículo en su web sobre prácticas de corrupción en varios de los grandes hospitales y clínicas públicas malauíes. La investigación, que ha tenido una gran repercusión en los principales medios de comunicación del país, ha obligado a mover ficha al Gobierno, con poco tiempo en el poder.

La PIJ, creada en 2019, ha publicado ya más de 200 investigaciones. Su objetivo es fortalecer la verdad y la democracia a través del periodismo de investigación, como lo demuestra este trabajo que han desarrollado diez periodistas y que dio forma al artículo «Paga o muere: las redes de corrupción en la sombra que controlan los hospitales públicos de Malaui».

El equipo de reporteros denunció la existencia de redes delictivas presentes en los centros públicos de salud, cuyo objetivo era cobrar por tratamientos gratuitos. Estas prácticas ponían en riesgo, sobre todo, a las personas de más bajos recursos, pues en muchas ocasiones no podían hacer frente al dinero exigido, lo que provocaba largas esperas, empeoramiento de su estado de salud e incluso, en algunas ocasiones, la muerte.

Aunque los hospitales públicos de Malaui ofrecen asistencia sanitaria gratuita universal, la PIJ destapó un sistema de tarifas invisible que funcionaba «como una economía sumergida que recompensa a quienes pueden pagar y abandona sin piedad a quienes no pueden». La investigación, llevada a cabo durante varios meses en siete centros públicos, puso de manifiesto un «ecosistema de corrupción coordinado» que convertía las «salas de espera en un mercado donde el precio de la supervivencia oscilaba entre 4 000 y 260 000 kuachas [entre 2 y 130 €]».

Entre las prácticas denunciadas, se encuentran casos de cómo tras pagar una cantidad de dinero, el nombre de una persona que llevaba más de 24 horas esperando aparecía en la lista del doctor. El informe denunciaba también el pago que tuvo que realizar una familia para que un paciente accediera a las pruebas médicas necesarias para  realizar una intervención quirúrgica, o cómo otra familia tuvo que hacer un gran desembolso para acceder a una ambulancia que llevase a su hijo al hospital. Bouba Jalloh, en un artículo para el portal DW, recoge la opinión de varios especialistas, que temen que la decisión del Ejecutivo obligue al personal sanitario a abandonar el sector público, «lo que agravaría la crisis de personal que ya sufren los hospitales del país».

Este caso subraya la importancia del trabajo de investigación periodística para luchar contra las desigualdades e injusticias presentes en el día a día de países como Malaui, así como la necesidad de proteger el trabajo de los profesionales de la salud.

En la imagen superior, varios pacientes solicitan una consulta en el Kamuzu Central Hospital de Lilongüe. Fotografía: Lucas Oleniuk / Getty