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por Sebastián Ruiz-Cabrera
Durante las últimas semanas, los partidos de la oposición en Kenia han organizado protestas públicas en todo el país para exigir cambios en la Comisión Electoral Independiente (IEBC) y en el organismo electoral dependiente del Gobierno. Cada lunes, cientos de personas toman las calles de las principales ciudades, incluidas las de la capital, Nairobi, donde los disturbios han dejado hasta el momento cuatro víctimas a manos de policías antidisturbios.
Una gran parte de la sociedad keniana ha perdido la confianza en la IEBC desde que en el período previo a las últimas elecciones de 2013, saliera a la luz que varios miembros estaban implicados en casos de corrupción con una serie de empresas británicas. Sin embargo, actualmente un elevado número de estos cargos mencionados en los documentos de tribunales del Reino Unido se mantienen en activo, incluido su presidente, Issack Hassan. Y esta es una de las causas que defienden los organizadores de las protestas: mantenerlas hasta que se produzcan dimisiones y se organice un nuevo comité.
Kenia es una de las naciones más prósperas del continente africano y con avances importantes en muchas áreas relativas al desarrollo. No obstante, las elecciones no han sido su piedra angular, el elemento creador de unidad nacional. En los últimos 25 años, casi todas las carreras por el sillón presidencial se han visto afectadas por la violencia; la peor, con diferencia, tuvo lugar entre diciembre de 2007 y los primeros meses de 2008. Las rivalidades étnicas, instrumentalizadas desde el Gobierno y la oposición, se agrietaron provocando que al menos 1.300 personas fallecieran y unas 600.000 se vieran obligadas a desplazarse. Precisamente, el presidente, Uhuru Kenyatta, y su vicepresidente, William Ruto, se sentaron en el banquillo del Tribunal Penal Internacional acusados por crímenes de lesa humanidad durante la ola de violencia, aunque se desestimó la causa por falta de pruebas.
Pasarían varios años para que el país curara, de algún modo, sus heridas y se recuperara de la desestructuración social provocada. Y así fue. En las elecciones de 2013 y a pesar de la desconfianza internacional, los comicios se celebraron en un clima de total normalidad. A un año vista de las próximas elecciones presidenciales –que a priori se convocarán para noviembre de 2017– la tensión política en Kenia se agudiza poniendo en jaque la imagen difundida de ser un bastión en la estabilidad regional.
Kenyatta era hace unos meses el favorito en las encuestas de cara a la futura contienda electoral, pero la presión en las calles para modificar el IEBC y el Tribunal Supremo son signos reveladores de que la clase política vivirá tiempos convulsos. Desde un punto de vista estrictamente político, el presidente tiene razones para ser cauteloso sobre el potencial de abrir una caja de pandora relativa a las reformas constitucionales.
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