Contrato leonino: un caso práctico

«Contrato leonino» es una expresión que puede evocar la corrupción a gran escala por la malversación de millones de dólares de las arcas del estado. El término «leonino» procede del latín y significa «parte del león»: la mejor de las partes que uno de los socios se adjudica en un contrato al obtener más beneficio del que le corresponde. Fue el fabulista latino Fedro de Tracia (región que comparten actualmente Bulgaria, Grecia y Turquía), nacido hacia el año 14 a.C. y fallecido alrededor del año 50 d.C., quien acuñó esta expresión en una de sus fábulas, retomada siglos después por Jean La -Fontaine: La vaca, la cabra y la oveja, en compañía del león.

Fedro cuenta historias de animales, pero indirectamente escenifica la maldad humana. Esta personificación tenía la intención de corregir los errores de los hombres y provocar en ellos un cambio de actitud. En esta fábula, el león se concedió el derecho, por su fuerza y malicia, de quedarse con el ciervo que habían cazado todos juntos, cuando lo justo habría sido compartirlo por igual entre los cuatro socios.

La expresión «contrato leonino» se usa a menudo para denunciar robos estatales a través de contratos y acuerdos que, en África y en el mundo, favorecen a una de las partes contratantes, frecuentemente con la complicidad de los otros firmantes y a expensas de la nación. En la gestión de los asuntos públicos en África, esta práctica contribuye en gran medida a la volatilización de las riquezas de los países.

Por poner un ejemplo entre otros tantos, en República Democrática de Congo, justo después de la controvertida elección del presidente Félix Tshisekedi, se estableció un programa de 100 días que buscaba provocar un fuerte impacto social. En la mente del presidente, el proyecto tendría que haber servido para dar visibilidad, desde el inicio de su mandato de cinco años, al cambio radical que quería llevar a cabo. Al principio generó una gran euforia. El objetivo era construir 1.500 viviendas sociales prefabricadas en cinco provincias del país con un presupuesto de 57 millones de dólares. Pero este proyecto emblemático sufriría la malversación de su gestor, que no fue otro que Vital Kamerhe, director del gabinete del presidente. Kamerhe se hizo cómplice de la Sociedad Samibo, del libanés Jamal Samih, que debía llevar a cabo el proyecto. Por cada vivienda, cuyo valor rondaba los 5.000 dólares según las estimaciones del fabricante, se fijó un montante de 35.000 dólares, sabiendo además de la exención de impuestos aduaneros de la que gozarían.

Como los trabajos se demoraban, se abrió una investigación judicial por la presión popular. Las investigaciones revelaron que antes de la firma del ahora desaparecido contrato, se realizó un desembolso del Banco Central de casi 37 millones de dólares en efectivo, sin dejar rastro de su uso, para ocultar toda evidencia de corrupción. Un plan bien elaborado que permitió a Kamerhe y al presidente de la sociedad libanesa Samibo sustraer, de manera astuta, millones de dólares de las arcas del Estado. De hecho, la licencia de importación remitida a la banca por la propia Samibo indicaba que el coste total de las viviendas era de 12,5 millones, en lugar de los 57 acordados en el supuesto contrato entre el Estado congoleño y la sociedad.

Casos como este muestran la corrupción endémica que arruina las economías de los países e hipotecan a las generaciones futuras, que tendrán que vivir en la pobreza. Sin embargo, «la moral común condena más severamente todavía cualquier tipo de contrato leonino en el que una de las partes es explotada por la otra, porque es la parte más débil y no recibe el justo precio a su pena», dijo el sociólogo francés Emile Durkheim.