Donald Trump puede frustrar las esperanzas de justicia de las víctimas del expresidente gambiano Yahya Jammeh

La buena noticia para los gambianos llegó el 15 de diciembre de 2024. Ese día, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), reunidos en Abuja, capital de Nigeria, aprobaron el Estatuto del Tribunal Especial para Gambia (GSC, por sus siglas en inglés), un órgano híbrido con personal gambiano e internacional que tiene como mandato enjuiciar crímenes contra la humanidad, tortura y otros delitos graves cometidos durante el régimen del expresidente Yahya Jammeh (1996 – 2017). Entre los acusados se encuentra el propio Jammeh, señalado por la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación (TRRC, en inglés) gambiana de asesinato, tortura y violación durante su gobierno. El exmandatario se vio obligado a dimitir tras perder las elecciones en diciembre de 2016 y las grandes manifestaciones que siguieron ante su negativa de abandonar el poder. En la actualidad, vive exiliado en Guinea Ecuatorial.

La mala noticia llegó recientemente, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió congelar todos lo programas de asistencia gubernamental. Aunque todavía hay muchas dudas sobre el alcance de la medida, la nueva administración ha indicado que la mayoría de esos programas, financiados por USAID y el Departamento de Estado, serán clausurados. Y como consecuencia, lo más seguro es que el GSC no pueda ponerse en marcha por falta de fondos.

No fue fácil conseguir la decisión de Abuya. Después de más de 870 días de testimonios, que abarcan horribles detalles de abusos de 392 testigos, incluidas víctimas, perpetradores y expertos, la TRRC presentó su informe final al presidente Adama Borrow el 25 de noviembre de 2021. En él recomendaba que Jammeh y 68 exfuncionarios, entre ellos miembros de las fuerzas armadas y de la policía, fueran juzgados por su presunto papel en múltiples delitos. Sin embargo, las esperanzas de las víctimas de conseguir justicia de manera rápida se veían frustradas por la supuesta falta de voluntad política del gobierno. Esta se manifestaba en la lentitud para procesar a los presuntos perpetradores. Las autoridades gambianas culpaban reiteradamente del retraso a problemas jurisdiccionales y procesales.

Con la aprobación del Estatuto del GSC esos problemas quedan resueltos. El tribunal tendrá jurisdicción para juzgar crímenes internacionales (de guerra y contra la humanidad), independientemente de que fueran delitos o no, según la legislación gambiana, en el momento de cometerse.

Posiblemente, llegar al acuerdo de Abuya y aprobar el Estatuto del GSC haya sido la parte más fácil de la puesta en marcha de este tribunal, y eso que ha llevado tres años. La tarea más difícil será financiarlo. Se calcula que su costo pueda ascender a 60 millones de dólares. Sin dinero no se podrá contratar el personal necesario y ponerlo en funcionamiento. Y eso, sin plantearse todavía si Guinea Ecuatorial extraditará a Jammeh. 

Las expectativas están puestas en que la comunidad internacional aporte los fondos necesarios para que las víctimas del régimen del expresidente encuentren justicia. Hasta ahora, Estados Unidos ha sido el mayor donante individual de Gambia. En el último año del que se disponen datos completos, 2023, donó 35.9 millones de dólares al pequeño país de África occidental. Pero todo apunta a que con la decisión tomada por la nueva administración estadounidense esas cifras desaparecerán. Sin embargo, la Unión Europea en su conjunto aporta mucho más anualmente. Pero hasta el momento, no parece que la idea del GSC haya despertado gran entusiasmo en ella.



En la imagen, familiares de las víctimas del régimen del expresidente de Gambia Yahya Jammeh manifestándose en Banjul el 17 de abril de 2018 para exigir respuestas sobre el estado de la investigación sobre la desaparición de sus seres queridos. Fotografía: Claire Bargeles / Getty