En busca de la diáspora

El Gobierno de Senegal busca la estabilidad financiera con unos bonos de deuda dirigidos a los expatriados

Por Jaume Portell Caño



2025 será un año clave para los planes del Gobierno senegalés. Tras llegar a la presidencia en marzo y consolidar la mayoría legislativa en noviembre, Bassirou Diomaye Faye quiere reforzar de forma estructural los lazos económicos con los expatriados. Busca hacerlo a través de los «bonos de la diáspora», un instrumento financiero que permitiría al país financiarse vendiendo deuda a los senegaleses en el extranjero, que en 2023 enviaron 2 940 millones de dólares en remesas. El politólogo senegalés Saiba Bayo cree que la cifra es más alta: «Hay flujos de dinero que no quedan registrados, pero que llegan a Senegal a través de canales informales. El reto será, precisamente, captar ese dinero extra».

La ley de finanzas de 2025 menciona estos bonos como una herramienta para sustituir «a medio y largo plazo» los préstamos externos en dólares por «deuda en moneda local, con todas las ventajas en términos de menor exposición al riesgo de cambio y de tipos de interés variables». El mercado de deuda doméstico, «con una buena capacidad de absorción», está cifrado en la actualidad en 1,5 billones de francos CFA (unos 2 300 millones de euros). 

La idea de captar el dinero de la diáspora no es nueva. En 2019 intentaron percibir 30 millones de euros a través del Banque de l’Habitat du Senegal. La participación mínima era de 10 000 francos CFA –15 euros– y el tipo de interés anual del 6,25 % durante sus cinco años de duración. Aunque hubo demanda suficiente, las aportaciones de la diáspora fueron del 43 % –se habían marcado el 60 % como objetivo–. El resto fue comprado por instituciones financieras. 

La financiación ha sido el talón de Aquiles del Ejecutivo senegalés en su primer año de gobierno: tras una auditoría anunciaron que el déficit y la deuda que había dejado el gabinete de Macky Sall eran más altos de lo previsto: entre 2019 y 2023 no había sido del 5,5 % anual, sino del doble. La deuda era del 83 % del PIB, diez puntos más alta de lo que se había anunciado hasta entonces. En consecuencia, sus planes más ambiciosos quedaban en peligro. El acuerdo con el FMI, firmado en junio de 2023 –y cancelado tras la publicación de la auditoría–, prometía financiación periódica a cambio de ajustes. Ese programa –1 850 millones de dólares repartidos en tres años–, recomendaba al Gobierno de Dakar una reducción de los subsidios energéticos, una medida impopular para el nuevo Gobierno, cuya campaña se basó en prometer bajar el coste de la vida a los senegaleses más humildes. El digital Seneweb vincula la idea de los bonos de la diáspora a la voluntad del Ejecutivo de desobedecer las peticiones del FMI. 

De momento, la vida sin el dinero del FMI, a la espera de conseguir un nuevo acuerdo de financiación, no ha sido sencilla. La ruptura del programa llevó a Senegal a pedir un préstamo de 300 millones de dólares en octubre al 6,33 %. Esto, unido al eurobono (750 millones de dólares) que el país vendió en junio al 7,75 %, han sido una muestra de la delicada situación fiscal del país. La agencia de calificación Moody’s rebajó la nota de la deuda senegalesa poco después de la auditoría y anunció que lo haría de nuevo si se supiera que «las presiones de liquidez del Gobierno son superiores a lo esperado actualmente». En este escenario, el éxito de los bonos de la diáspora será vital para la credibilidad del Ejecutivo ante su electorado.



En la imagen, el primer ministro senegalés, Ousmane Sonko (d.), compareció el pasado 26 de septiembre con el ministro de Justicia, Ousmane Diagne, para presentar el plan económico del Gobierno. Fotografía: Seylou/Getty