Migrar en tiempos de miedo

Naciones Unidas estima que más de 280 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen, de los cuales, unos 40 millones han emigrado de manera forzada. En Europa, esta realidad ha desatado un discurso cada vez más polarizado sobre la migración, que se extiende desde los medios de comunicación hasta los parlamentos y las conversaciones cotidianas, consolidándose como uno de los temas centrales del debate público.

Aunque el derecho a migrar está reconocido en los principales tratados internacionales de derechos humanos, la criminalización de las personas migrantes crece y se propaga como una epidemia. Mientras muchos africanos que llegan por vías irregulares se enfrentan a muros y alambradas, el discurso de odio que los señala circula sin barreras ni límites.

Prueba de ello son las numerosas movilizaciones antiinmigrantes que, a lo largo de 2025, han derivado en violencia en varios países europeos: en el Reino Unido, más de 100 000 personas marcharon contra las políticas migratorias de la Unión Europea (UE); en Polonia, miles protestaron contra la acogida de personas refugiadas; en España y los Países Bajos se registraron disturbios y ataques impulsados por grupos de extrema derecha, con un claro componente islamófobo.

Mientras la desinformación sobre una supuesta «invasión» se expande como la pólvora por el continente, la Organización Internacional para las Migraciones estima que, en la última década, más de 30 000 personas han muerto intentando llegar a las costas de Europa. Aunque cada año escuchamos declaraciones políticas de preocupación por los fallecimientos en el Mediterráneo y el Atlántico, la política migratoria securitarizada de la UE es la que empuja a miles de personas que huyen de la violencia hacia rutas cada vez más peligrosas.

La respuesta europea a la guerra en Ucrania demostró que es posible un sistema de migración y asilo justo, eficiente y humano. Millones de refugiados accedieron a vías humanitarias y recibieron apoyo para rehacer sus vidas en Estados miembros. Sin embargo, cuando se trata de personas africanas, en lugar de ofrecer protección, se construyen cárceles flotantes y centros de detención extraterritoriales que buscan frenar la inmigración, incluso a costa de la legalidad internacional.

Tras la aprobación en 2024 del Pacto de Migración y Asilo, que consolida la externalización del control fronterizo, el racismo estructural que atraviesa la política migratoria europea volvió a hacerse evidente al año siguiente. En 2025, la Comisión Europea presentó la propuesta de Reglamento de Retorno, que amplía la detención y deportación de personas migrantes, incluidos niños y niñas, con un impacto desproporcionado sobre quienes proceden de países africanos.

La solución a la «crisis migratoria» no pasa por levantar más muros, perfeccionar las tecnologías de vigilancia o firmar acuerdos de contención con Gobiernos africanos, sino por fortalecer las condiciones que permitan a las personas vivir con dignidad en su continente. Así, los liderazgos panafricanistas y antiimperialistas que emergen en diversos países africanos aportarían soluciones efectivas a las causas estructurales de la movilidad forzada.

Esta nueva generación de líderes, que reclama el derecho a definir el destino de sus pueblos sin injerencias externas, tiene ante sí la oportunidad histórica de construir un futuro en el que migrar sea una elección, no una necesidad. Para lograrlo, deberán recuperar el pleno control de sus economías y trabajar desde la convicción de que el porvenir del continente se forja en el ­empoderamiento y la participación activa de su juventud.



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