Publicado por Chema Caballero en |
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El nombre de Johnson apareció el primero en la lista elaborada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia de ‘perpetradores notorios’ durante las dos guerras civiles del país (1989-2003). Sus crímenes, según la Comisión, incluyeron asesinato, extorsión, masacre, destrucción de propiedad, reclutamiento forzoso, asalto, secuestro, tortura, trabajo forzado y violación. Además del uso de muchos menores como soldados. Uno de sus actos más notorios fue la tortura y asesinato del presidente liberiano Samuel K. Doe el 9 de septiembre de 1990. En un vídeo que circuló intensamente por el país y vecinos, se podía ver a Johnson sentado, bebiendo tranquilamente una cerveza, y a una mujer que le abanicaba, mientras contempla cómo sus hombres mutilan y asesinan al presidente.
Aunque en 2009 el Gobierno liberiano elaboró un informe que destacaba las atrocidades de Johnson en las dos guerras civiles, e instaba a que fuera llevado ante la justicia, nunca fue procesado. En cambio, fue elegido como senador desde 2005 por su condado natal, Nimba, cargo que ocupó hasta su muerte. Los dos expresidentes del país, la Premio Nobel de la Paz, Ellen Johnson Sirleaf, y George Weah, acudieron a su capilla ardiente a prestar respeto a sus familiares. Mientras, las víctimas del largo conflicto siguen esperando justicia y compensación por las atrocidades que sufrieron.
En mayo de 2024, el actual presidente de Liberia, Joseph Boakai, estableció un Tribunal de crímenes de guerra y económicos. Pero muchos piensan que esta medida llega demasiado tarde. La muerte de Johnson, sin haber sido llevado ante la justicia, así lo demuestra. De ahí, que tras décadas de impunidad de los señores de la guerra y sus seguidores, los liberianos tengan pocas esperanzas de que esta vez se haga justicia. Sin embargo, la creación de este tribunal ha sido una reivindicación recurrente de la sociedad civil liberiana. Cansada de la indiferencia que mostraban los dirigentes y políticos del país hacia las víctimas del conflicto, en varias ocasiones presentó ante el Parlamento una petición para que se estableciera un tribunal de crímenes de guerra y económicos. Agrupadas bajo la denominación ‘Ciudadanos de la República de Liberia’, las asociaciones ciudadanas y de derechos humanos que impulsaban esas propuestas estaban convencidas de que hasta que los instigadores de la guerra y los perpetradores de las atrocidades cometidas durante la contienda no se enfrentasen a la justicia, no se podrá hablar de reconciliación verdadera en Liberia.
La guerra de Liberia fue muy atroz. Registró más de 250.000 muertos, miles de heridos, desplazados y refugiados. Cientos de niñas y niños fueron utilizados como soldados y toda la infraestructura del país resultó destruida. Pero la mayoría de los responsables de estos crímenes nunca han pasaron por los tribunales, se reintegraron directamente en la vida civil, llegando a ocupar cargos relevantes en el Parlamento y en la sociedad. Solo dos señores de la guerra se han enfrentado a la Justicia: el expresidente Charles Taylor, que fue condenado por el Tribunal Penal Especial para Sierra Leona a 30 años de prisión, que cumple en Reino Unido, por crímenes de guerra y contra la humanidad; y Mohamemed Jabbateh, más conocido por su apodo, Junggle Jabbah, condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, donde huyó al final de la contienda, por mentir sobre el papel que desempeñó durante el conflicto al solicitar asilo en el país. Los testigos llegados desde Liberia para el juicio dieron testimonio sobre matanzas, violaciones, mutilaciones y actos de canibalismo ordenados o en los que participó Jabbateh.
A diferencia de su vecino Sierra Leona, los acuerdos de paz de Liberia no contemplaron la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra, solo una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que presentó un informe sobre las causas y consecuencias de la contienda al Parlamento en junio de 2009. Sin embargo, sus recomendaciones nunca han sido tenidas en cuenta. Entre ellas figuraban la de establecer un Tribunal penal espacial para juzgar las graves violaciones de los derechos humanos, reparar a las víctimas e inhabilitar a ciertas personas para ejercer cargos públicos por su papel en el conflicto, incluida Ellen Johnson Sirleaf, la presidenta en aquel momento. La sociedad civil siempre reclamó que también se juzgasen aquellos casos documentados de individuos que se apropiaron de propiedades públicas durante el conflicto o después de él. Una forma de perseguir a los funcionarios y gobernantes que se aprovecharon de la contienda para enriquecerse.
Ahora, por fin se ha creado el tribunal. Pero este se enfrenta a muchas dificultades, como conseguir pruebas que los señores de la guerra se han dedicado a borrar estos años, o la paulatina desaparición de estos, como el caso de Johnson, y de algunos testigos. Al final, pocas víctimas, si alguna, conseguirá la reparación que lleva buscando desde hace más de dos décadas.
En la imagen, Prince Johnson en la base de Caldwell, rodeado de un niño armado en octubre de 1990 en Liberia. Fotografía: Roger JOB/Getty
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