Un panorama preocupante

La fundación ACN constata un aumento significativo de los ataques contra la libertad religiosa en África

El pasado 5 de octubre tuvo lugar en Madrid la presentación del Informe 2023. Libertad religiosa en el mundo, elaborado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés). Durante el período analizado –enero de 2021 a diciembre de 2022–, se constata un aumento de la vulneración de la libertad religiosa en todos los continentes, pero sobre todo en Asia y África, además de un menor interés e implicación por parte de las instituciones, tanto estatales como internacionales, por defender este derecho fundamental. De hecho, como denunció el doctor José Luis Bazán en la presentación, existe una tendencia a desmembrar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para degradar «la libertad de religión a una libertad de “segunda clase”, asociada a la irracionalidad, la superstición y el sectarismo, fuente permanente de problemas».

El informe documenta la vulneración de la libertad religiosa en 61 países del mundo, de los que en 28 se alcanza el grado de persecución. En este último grupo se encuentran 13 naciones africanas: Malí, Níger, Nigeria, Libia, Chad, Sudán, RDC, Comoras, Mozambique, Burkina Faso, Somalia, Eritrea y Camerún. La situación se ha deteriorado gravemente debido en gran parte a la proliferación de grupos armados islamistas, cuyos focos de actividad se concentran en el Sahel, la cuenca del lago Chad, Somalia y Mozambique.

Radicalización

El análisis de ACN sobre la situación de la libertad religiosa en África subsahariana, firmado por Mark von Riedemann, diferencia el islam que profesan los miembros de los grupos armados del practicado por tantos millones de africanos que también están sufriendo, y a veces con mucha más intensidad, la violencia extremista. No obstante, el informe señala que «con la creciente radicalización islamista, los cristianos tienden a convertirse cada vez más en objetivo específico de los terroristas, eliminando el pluralismo religioso» y la armonía entre las diferentes religiones que siempre ha caracterizado al África subsahariana.

Por países, Burkina Faso se convirtió en escenario principal de la actividad de los yihadistas, sobre todo de los grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, que solo en 2022 asesinaron a alrededor de 3.600 personas y provocaron el desplazamiento forzoso de casi dos millones de personas. Malí sufre desde 2012 la presencia endémica de los grupos yihadistas, los cuales controlan amplias zonas del norte del país y en algunos lugares han impuesto la sharia o ley islámica y la obligación para toda la población de estudiar el Corán, incluidos los cristianos.

A pesar de la muerte en mayo de 2021 de Abubakar Shekau, líder de Boko Haram, el grupo y sus escisiones han continuado sus ataques contra militares y civiles en torno al lago Chad, el sudeste de Níger y el noroeste de Nigeria, país donde también está activo el autodenominado Estado Islámico-Provincia de África Occidental. El informe de ACN señala que en muchas regiones del norte de Nigeria hay una «discriminación sistémica» de las minorías cristianas en aspectos concretos de la vida cotidiana como «exclusión de los cargos gubernamentales, secuestro y matrimonio forzado de mujeres cristianas por hombres musulmanes, denegación de autorizaciones para construir iglesias o capillas, e imposición del hiyab islámico a las alumnas de todos los centros de enseñanza secundaria».

La situación de la libertad religiosa en Sudán tras el estallido del conflicto el pasado 15 de abril no se recoge en el informe, pero todo apunta a un empeoramiento de las perspectivas negativas señaladas. En el caso de la vecina Eritrea, desde su independencia de Etiopía en 1993 y la llegada al poder del presidente Isaias Afewerki sigue siendo «una dictadura en la que la mayoría de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, son inexistentes». Tampoco es halagüeña la situación en Somalia, donde Al-Shabab «controla amplias franjas de territorio e impone su propia interpretación del islam y la sharia tanto a musulmanes como a no musulmanes».

En Mozambique se han multiplicado los ataques del grupo islamista Ahlu Sunna wal Yamaa (ASWJ), afiliado al ISIS, que cuenta con «al menos 1.000 combatientes» y pretende establecer en la región norteña de Cabo Delgado un «régimen islamista separatista». También en la región de los Grandes Lagos persiste la violencia y la vulneración de los derechos humanos debido a la lucha por el control de los recursos minerales. El Informe 2023 habla de hasta 122 grupos armados activos en RDC que provocaron, solo durante 2022, el desplazamiento forzoso de 700.000 personas.

El panorama sobre el estado de la libertad religiosa en África subsahariana es muy preocupante, pero podría agravarse todavía más si persiste el actual ciclo de violencia, desplazamientos y hambrunas, trayendo como consecuencias «la profundización de las divisiones entre comunidades, el declive económico, la inestabilidad política y la miseria de millones de personas», alerta el documento de ACN.