Un patrón global

En 2025, Brasil fue escenario del mayor operativo policial contra el narcotráfico en barrios periféricos del país. La Operación Contención desplegó a 2 500 agentes de la Policía del estado de Río de Janeiro en los complejos de Alemão y Penha, dejando más de 120 personas muertas, en su mayoría afrodescendientes. La intervención convirtió estos territorios en escenarios de guerra, con denuncias de homicidios, allanamientos sin orden judicial o detenciones ­arbitrarias.

No es un hecho aislado. La militarización de zonas empobrecidas y habitadas mayoritariamente por personas afrodescendientes responde a un patrón global vinculado a la llamada guerra contra las drogas. En 2010, en Kingston (Jamaica), un operativo de seguridad antidroga en sectores populares dejó al menos 73 personas muertas tras varios días de asalto militarizado. 

El mismo esquema se observa en EE. UU., donde las leyes punitivas en materia de drogas han contribuido a la sobrerrepresentación de jóvenes afrodescendientes en las prisiones. Esto no se debe a mayores niveles de consumo o tráfico, sino a la aplicación selectiva de políticas antidroga en determinados barrios donde se concentra la población afroestadounidense.

En realidad, detrás de estas prácticas hay decisiones políticas sobre a quién vigilar, detener y encarcelar. La guerra contra las drogas opera como un mecanismo de control que utilizan la Policía y el sistema penitenciario para reproducir jerarquías raciales.

Aunque este fenómeno afecta en mayor medida a los hombres de ascendencia africana, las mujeres afrodescendientes son uno de los grupos que más crecen en los sistemas penitenciarios. El incremento responde al impacto desproporcionado de leyes severas en materia de drogas, aun cuando muchas están implicadas en los niveles más bajos de las actividades criminalizadas por estas políticas.

La guerra contra las drogas también se manifiesta en el endurecimiento de las leyes. En 2024, el Senado de Nigeria propuso agravar las sanciones por tráfico e incorporar la pena de muerte como condena máxima, en línea con una tendencia más amplia: más de 30 países mantienen la pena capital para delitos relacionados con drogas, aunque ello contradiga sus obligaciones internacionales en materia de derechos ­humanos.

A pesar de esta escalada punitiva, el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU concluye que el enfoque castigador no ha reducido ni el tráfico ni el consumo, pese a la enorme inversión de recursos. Por el contrario, ha tenido un impacto devastador sobre los derechos de las personas africanas y afrodescendientes, al consolidar el encarcelamiento masivo y el hacinamiento penitenciario, favorecer la propagación de enfermedades e impulsar condenas a muerte y la pérdida de vidas durante operativos antidroga.

Por ello, urge abandonar el castigo como eje central de las políticas antidroga. Debemos avanzar hacia enfoques que prioricen la prevención, el tratamiento y la reducción de daños para proteger la vida, la dignidad y la salud de las personas y comunidades afectadas. Esto exige revisar las sanciones penales actuales y considerar modelos que permitan un acceso controlado a determinadas sustancias bajo criterios de salud pública. Cuando el enfoque punitivo se aplica de forma desproporcionada sobre personas y territorios racializados, no se fortalece la seguridad, sino que se perpetúa un sistema que reproduce desigualdades bajo la retórica del control de narcóticos.



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