Golpe de Estado en Malí

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La consolidada revuelta popular celebra la caída de Ibrahim Boubacar Keita


Se repite el patrón de los golpes de Estado en Malí, que aprovechan la inestabilidad política, social y económica. Pero en el del 18 de agosto hay dos factores que juegan un papel interesante y que serán determinantes para la «transición política civil» –será gestionada por el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), presidido por el coronel Assimi Goita– que los militares golpistas anunciaron en un comunicado un día después de la asonada. El primer factor tiene que ver con el imán rigorista Mahmoud Dicko, principal referencia moral del Movimiento 5-Agrupación de las Fuerzas Patrióticas (M5-RFP) y de los jóvenes que han protagonizado las protestas de los últimos meses. Dicko ha sido capaz de aglutinar a líderes de diferentes tendencias, y si Malí no fuera una república laica en cuya Constitución no se permite la creación de partidos de corte religioso, sería una figura destacada. El segundo es la violencia yihadista e intercomunitaria en el norte, que no ha cesado desde el golpe de Estado de 2012, una situación que, además de inseguridad, acarrea una gran frustración y desafección entre la población porque las ayudas que ha recibido el país para combatir la violencia no han repercutido en el sur.

La corrupción, la mala gestión de la economía y el empeoramiento de la seguridad son los principales argumentos que han provocado la caída de Ibrahim Boubacar Keita, IBK. Dos mandatos en los que no ha habido una evolución positiva, y que acabaron explotando con los resultados de las elecciones legislativas de abril, celebradas en plena pandemia, en las que el Tribunal Constitucional habría favorecido al partido de IBK otorgándole 31 diputados más de los que le correspondían. Tras las manifestaciones de julio –la del día 13 acabó con la muerte de, al menos, 11 personas y 124 heridos–, el M5-RFP decretó una tregua durante la fiesta musulmana del Aid. Un tiempo en el que también hubo varios intentos fallidos de negociación entre las partes, auspiciados por la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África del Oeste) que, tras la detención de IBK, el primer ministro Boubou Cissé, varios altos cargos y personas cercanas al expresidente, se apresuró a condenar en un comunicado la intervención militar, suspendiendo a Malí de la institución. Una reacción que se convirtió en una cadena unánime –UA, UE, ONU, EE. UU. y Francia–, por temor a las consecuencias en la región de la caída de IBK. «La CEDEAO llegó con un guion preestablecido, con el único objetivo de salvar al soldado IBK. Con las elecciones previstas en Costa de Marfil, Guinea, Burkina Faso o Níger, los poderes de la región temen ver a sus pueblos en la calle, que Malí les sirva como ejemplo», pronosticaba pocos días antes del golpe Choguel Maïga, uno de los jefes políticos del M5-RFP. A lo que la investigadora Beatriz Mesa, experta en Malí, añade: «No creo que vaya a haber un efecto dominó porque las élites políticas están vigilantes, pero si la evolución de Malí es positiva, puede desencadenarse una movilización social. Todo dependerá de la relación entre los ejércitos y los presidentes» de estos países.

A principios de septiembre, el CNSP confirmó que el periodo de transición durará tres años, que concluirá con la proclamación de la Cuarta República, la gestión rigurosa de los bienes del Estado y la resolución rápida de las crisis sociales y de la crisis multidimensional en la que lleva sumido el país desde hace años. En total 17 puntos de transformación profunda que fueron publicados en la prensa maliense, y que van desde la reducción del presupuesto para las instituciones políticas más importantes del país y así como un tercio en las indemnizaciones parlamentarias; a la pérdida del estatus de los funcionarios del Estado durante la transición; la creación de un comité interministerial de defensa para preservar la defensa nacional; el cese de la inmunidad parlamentaria y ministerial para que la justicia haga un trabajo independiente a la aceleración de 800 proyectos financiados por el Banco Africano de Desarrollo (BAD); establecer una base de datos con los licenciados desempleados y establecer un diálogo social con los sindicatos para resolver sus reivindicaciones bajo el paraguas de la CEDEAO. También se analizará una posible colaboración con Argelia para resolver los problemas de las regiones de Mopti y Kayes; y se protegerá y potenciará la prensa privada y pública.

En el último punto de las medidas anunciadas, se asegura que al final de la transición, en 2023, Malí contará con un ejército republicano institucionalizado porque los grupos de autodefensa habrán desaparecido; contará también con un órgano único para la gestión de las elecciones, una nueva Constitución que disminuirá el poder del presidente; y el pueblo estará implicado en la gestión del país aprovechando una sociedad civil respetuosa con la práctica política, porque los recursos del Estado se repartiran de forma justa.




Fotografía: Un grupo de militares malienses es aclamado por ciudadanos de la capital, Bamako, el 18 de agosto, tras el golpe de Estado. Fotografía: John Kalapo / Getty

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