«La gente quiere la verdad»

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Una década después de la presentación del Informe Mapping de Naciones Unidas, que documentó la violación de derechos humanos cometida en República Democrática de Congo (RDC) entre marzo de 1993 y junio de 2003, especialmente por ejércitos extranjeros y sus aliados, la sociedad civil congoleña sigue esperando que se haga justicia.

Con motivo de este aniversario, ha convocado diversas manifestaciones por todo el país, con especial seguimiento en Bukavu y Kisangani, para pedir que se inicien los procesos judiciales contra los autores e instigadores de los 617 casos reconocidos en el informe, y que se tomen medidas para la reparación de las víctimas.

El arzobispo de Bukavu, François-Xavier Maroy Rusengo, ha señalado, según la Agencia Fides, que «la gente quiere saber la verdad, no para buscar venganza o cultivar el odio, sino para honrar mejor a sus muertos. Alentamos todas las actividades de derechos humanos para que examinen objetivamente los hechos en esta parte de RDC, desde el pasado hasta el presente. Conmemorar a nuestros muertos, pedir justicia y reparación es la mejor manera de promover la reconciliación sincera para que estos asesinatos, tanto masivos como individuales, nunca vuelvan a ocurrir». El arzobispo recuerda a las víctimas reconocidas en el Mapping, pero también que «hace 20 años de la muerte de monseñor Emmanuel Kataliko en circunstancias aún no aclaradas y, sobre todo, 24 años del asesinato del arzobispo Christophe Munzihirwa».

Ni el Informe Mapping ni los sucesivos Gobiernos de Kinshasa ni la intervención de Naciones Unidas han conseguido detener la violencia en el país, en especial en el este, donde se encuentran buena parte de los recursos minerales codiciados por multinacionales y países vecinos. En un reciente informe, la ONG Impact ha reconocido que la violencia en el este del país se entiende, entre otros factores, por la existencia de cerca de 2.700 minas de oro, de las que se extraen entre 15 y 20 toneladas de mineral cada año. La organización afirma que un tercio de esta cantidad pasa desde Bukavu a la vecina Ruanda. Según Fides, que cita este documento, en 2018 Kigali reconoció que había producido dos toneladas de oro, mientras que Emiratos Árabes Unidos declaró que había importado 12 toneladas desde el país centroafricano.

Pero la incidencia de Ruanda en la actual violencia en el este de RDC no se limita al oro, también se encuentran las comunidades banyamulege de origen ruandés que se han asentado en Kivu Sur. Una de ellas, Minembwe, se ha convertido incluso en un municipio administrado por los ruandeses que residen allí. El obispo de Uvira, Sébastien-Joseph ­Muyengo, ha lamentado que este hecho «lejos de propiciar una paz real en el altiplano, despierte mucha animosidad en toda la diócesis, en la región y también en el país. Tememos que el caso Minembwe favorezca la balcanización de Congo».

El presidente congoleño, ­Félix Tshisekedi, declaró en Goma el pasado 8 de octubre su deseo de «cancelar lo hecho hasta ahora en Minembwe».



Imagen superior: Un grupo de congoleñas lee el material distribuido por la MONUSCO para reducir la violencia comunitaria. Fotografía: ONU / Michael Ali

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