Un país a media asta

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Crisis política en Burundi

A pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para mayo de 2020, el país continúa inmerso en una crisis sociopolítica que comenzó en 2015.

Según World Poverty Clock el 77,2 % de los burundeses viven por debajo del umbral de la pobreza. El Índice de Desarrollo Humano sitúa al país en el puesto 185 sobre un total de 189. Si Burundi es hoy uno de los países más pobre del mundo es porque desde su independencia, en 1962, apenas ha conocido períodos de estabilidad social y política. Así lo muestran las repetidas violencias de carácter étnicopolítico entre tutsis y hutus, o la guerra civil iniciada en 1993, que dejó en el camino alrededor de 300.000 muertos, y que se cerró con los acuerdos de paz de 2005. El proceso de transición política puesto en marcha con la firma del Acuerdo de Arusha (Tanzania) del 2000 pretendía sentar las bases de un futuro de armonía que parece retrasarse. La llegada al poder en 2005 de Pierre Nkurunziza, su contestada reelección en 2010 y su deriva autoritaria no ayudan demasiado. En 2015 el presidente, desafiando la claridad del texto constitucional, decidió presentarse a un tercer mandato, lo que reactivó el ciclo de la violencia con un golpe de Estado fallido, más de 1.200 muertos y 430.000 personas que tuvieron que huir de su país. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ese año, 2015, cerca de 3,6 millones de burundeses necesitaron ayuda humanitaria.

Pero Nkurunziza y el partido gobernante, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia–Fuerzas para la Democracia (CNDD-FDD), no se bajaron del burro. En diciembre de 2017 anunciaron la celebración de un referéndum para abordar la reforma constitucional que hiciera posible la reelección de Nkurunziza hasta 2034. El nuevo ciclo de protestas y de polarización política no impidió que la votación tuviera lugar el 17 de mayo de 2018, con un 73 % de votantes a favor de la propuesta del Gobierno. Días después, Nkurunziza sorprendió con el anuncio de que no optaría a la Presidencia en 2020, decisión que ayudó a mitigar la crisis sociopolítica, pero no a acabar con ella.

El presidente burundés, Pierre Nkurunziza, durante la inauguración del nuevo Parlamento, construido con ayuda de China, el pasado 27 de septiembre. Fotografía: Getty
Sin puntos de encuentro

Así las cosas, la situación de Burundi genera opiniones fuertemente polarizadas. Por un lado está el Gobierno y, por el otro, todos los demás. El Ejecutivo insiste machaconamente en que el país ya ha recuperado la calma y la estabilidad tras las tensiones de 2015, mientras que la oposición, Naciones Unidas, organizaciones de Derechos Humanos o la misma Conferencia Episcopal insisten en que la situación continúa muy inestable.

Uno de los puntos de fricción es el informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Burundi, publicado en septiembre de este año. Antes del referéndum de mayo de 2018 se registraron numerosas agresiones e intimidaciones, sobre todo a opositores al Gobierno. Según el informe de la Comisión, «se siguen cometiendo en Burundi violaciones graves de los derechos humanos, en un clima general de impunidad (…). Sus principales autores son miembros de la liga juvenil del partido del Gobierno, los Imbonerakure.

Asimismo, con frecuencia se ha identificado como autores de esas violaciones a agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y de la Policía, así como a responsables de la Administración local (…). Esas violaciones de los derechos humanos tienen una dimensión esencialmente política, y la represión de las libertades públicas se acelera a medida que se aproximan las elecciones presidenciales y legislativas de 2020».

El Gobierno, que se limita a denunciar un complot de países extranjeros, considera que el documento «tiene un claro sesgo político, sin aportar argumentos sobre el fondo de sus acusaciones». Por su parte, el representante burundés en Naciones Unidas, Albert Shingiro, habla de «seguridad total» en el país y califica de «mito» las violaciones de derechos humanos.

La falta de entendimiento entre Naciones Unidas y el Gobierno burundés se ha vuelto a poner en evidencia con la dimisión, el pasado 30 de octubre, del enviado especial del Secretario General a Burundi, Michel Kafando, que no ha podido hacer nada para desbloquear el diálogo político interburundés después de que las últimas conversaciones, organizadas en octubre 2018 en Arusha, fueran boicoteadas por el Gobierno. Además han continuado las ­denuncias de la oposición política por ­abusos e ­intimidaciones a sus militantes. El Congreso Nacional por la Libertad (CNL), de Agathon Rwasa, un ­partido reconocido oficialmente en febrero de 2019 y que está aglutinando a buena parte de la oposición, es uno de los más atacados por los Imbonerakure. Térence Manirambona, portavoz del CNL, confirmó al portal dw.com que su partido es objeto de continuos «abusos, intimidaciones, arrestos arbitrarios, encarcelamientos ilegales, ataques contra sus militantes y desaparición de algunos de ellos». Desde el CNDD-FDD se niegan todas estas acusaciones y se presenta como un logro el hecho de que algunos líderes políticos en el exilio estén negociando su regreso al país. En efecto, a principios de octubre una delegación de la plataforma Cnared inició las negociaciones con el Gobierno en Buyumbura con este objetivo.

El Gobierno mantiene abierto otro frente con las oenegés internacionales. Suspendidas durante tres meses el 1 de octubre de 2018, se las obligó posteriormente a solicitar nuevas autorizaciones para operar en el país, a depositar una tercera parte de su presupuesto en el Banco Central de Burundi y a detallar el origen étnico de todos sus empleados burundeses. Esta última exigencia motivó que una de ellas, Handicap International, cerrara en enero su programa en Burundi, al rechazar ese requisito impuesto por las leyes del país.

Ntahombaye Melania saluda a su vecino, Misago Alexis, en la frontera de Gisuru el 3 de octubre. Misago fue uno de los miles de burundeses que huyeron en 2015. Fotografía: Getty
La Iglesia católica

Tampoco las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica son fluidas desde que los obispos se manifestaran en 2015 en contra de la posibilidad de un tercer mandato de Nkurunziza. Un nuevo episodio de este enfrentamiento tuvo lugar el pasado 22 de septiembre, después de que se leyese en todas las iglesias del país el mensaje del episcopado de cara a las elecciones de 2020. El texto criticaba la falta de respeto al multipartidismo, la existencia de actos criminales con fines políticos y la confusión entre el partido en el poder y la Administración, poniendo como ejemplo a los jóvenes del CNDD-FDD, que en ocasiones parecen sustituir a las fuerzas de seguridad. No obstante, el tono general del documento era conciliador, invitando al respeto y al diálogo como vía para resolver las diferencias. Por eso resultó chocante la respuesta airada de las autoridades. «Algunos obispos deberían ser expulsados porque se ha convertido en un hábito que en vísperas de las elecciones escupan su veneno de odio a través de mensajes incendiarios», escribió en Twitter el consejero presidencial Willy Nyamitwe.

Factores desequilibrantes

Entre septiembre de 2017 y finales de agosto de 2019, más de 75.000 refugiados que salieron del país durante la crisis de 2015 regresaron voluntariamente al país, pero según ACNUR, a principios de octubre todavía quedaban fuera 343.000 más, la mayoría en tres campos tanzanos: Nduta, Nyarugusu y Mtendeli. Las autoridades burundesas han apostado por el regreso con el objetivo de trasladar a la comunidad internacional una imagen de estabilidad. Para ello, en agosto de 2019 se comprometió con Tanzania a facilitar el regreso de 2.000 cada semana. Pero el proceso de repatriación transcurre no exento de dificultades.

Human Rights Watch denunció que el pasado 15 de octubre se forzó el retorno de 200 refugiados desde el campo de Nduta sin respetar el carácter voluntario del retorno que exigen las leyes internacionales. ACNUR también ha reconocido «la presión constante impuesta a los refugiados y a su personal –por parte de las autoridades tanzanas– para aumentar el número de personas que parten cada ­semana».

Otro asunto que podría desestabilizar el próximo proceso electoral en Burundi es el despertar del grupo armado Red Tabara, que llevaba inactivo desde 2017. Los rebeldes, radicalmente contrarios al régimen burundés, protagonizaron un ataque contra las fuerzas gubernamentales el pasado 22 de octubre en la provincia de Bubanza. Ese mismo día, cuatro periodistas del periódico independiente Iwacu, que cubrían la información del ataque, fueron arrestados sin cargos. Según Reporteros Sin Fronteras, la Policía podría haber sospechado que habían sido informados del ataque con anterioridad y que no trasladaron esa información a los servicios de seguridad. Al cierre de esta edición, los periodistas siguen detenidos. Este aspecto muestra otro de los puntos oscuros del régimen de Gitega, su poco respeto por la prensa libre, esencial para cualquier sistema democrático.

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