Adaptarse y subsistir

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Un estudio analiza cómo las mujeres afrontan la violencia y la influencia de las armas en el Sahel.


Por Carlos Nombela Gordo desde Ámsterdam (Países Bajos)


Las mujeres y los niños solo son los primeros cuando hay que evacuar un barco en una película. En los contextos de violencia que se suceden en el mundo, ellas suelen estar apartadas de los análisis y se las condena al rol de víctimas. Un estudio del XCEPT aborda la cuestión y pone en el foco el papel que juegan las mujeres peúles en los contextos de inseguridad sistemática que sufren Malí, Burkina Faso y Níger.



En los conflictos armados, las mujeres y los niños suelen ser quienes pagan el precio más alto. Desde la guerra de Tigré en Etiopía –donde se documentaron agresiones sistemáticas dirigidas específicamente contra mujeres– hasta episodios más recientes como la toma de la ciudad de Al ­Fashir, en Sudán, por las Fuerzas de Apoyo Rápido (ver MN 718, p. 11), la violencia de género y el sufrimiento civil se repiten como una constante trágica en los contextos de guerra y colapso estatal. Sin embargo, pese a la gravedad de estas dinámicas, la experiencia de las mujeres sigue ocupando un lugar marginal en los análisis de seguridad y conflicto.

El Sahel central no es una excepción. En Burkina Faso, Malí y Níger –los países que conforman la Alianza de Estados del Sahel (AES)–, la expansión de los grupos armados –cuya calificación se reduce a menudo de manera errónea a yihadistas–, ha transformado de manera profunda la vida cotidiana en las zonas que están bajo su control. Se habla cada vez más de su dominio territorial, de su capacidad militar y de su avance hacia el sur, impactando en países costeros que hasta hace no mucho parecían librarse de su influencia. Mucho menos, en cambio, de cómo el control y la gobernanza ejercida por estos grupos afecta y moldea la vida de las comunidades que viven en las zonas más vulnerables.

Entre ellas, las mujeres fulanis (peúles) se encuentran en el centro de una realidad compleja y poco explorada. Una investigación reciente de The Cross-Border Conflict Evidence, Policy and Trends (XCEPT) Research Programme se ha propuesto escuchar sus voces y la de otros actores comunitarios clave a partir de encuestas realizadas en Burkina Faso y Malí entre los meses de mayo y agosto del año pasado. El objetivo trata de comprender su percepción, el papel que juegan y cómo ha impactado en sus vidas la llegada y consolidación de grupos islámicos armados. La investigación se ha centrado de manera particular en Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, afiliado a Al Qaeda, ya que es la formación que está implantada en las zonas de procedencia de las personas preguntadas. Además, el estudio busca proponer enfoques adaptados que permitan diseñar políticas más eficaces para contrarrestar el avance de los ­fundamentalistas.

Los testimonios de las encuestadas dibujan una realidad más matizada que la imagen dominante que se tiene de estos grupos como meros actores violentos y depredadores. Sin negar la coerción y el miedo a los que someten a la población, algunas de las encuestadas señalan también cómo, en determinados contextos, la intervención del JNIM se ha visto de alguna forma como efectiva. Estos elementos ayudan a explicar por qué su presencia no siempre es percibida solo de forma negativa.

Escuchar y analizar este tipo de respuestas no significa en absoluto legitimar o aceptar la violencia de cualquiera de las partes, sino comprender mejor por qué en un Sahel marcado por algunas de las crisis más acuciantes del planeta y por la dificultad de sus Estados para proteger territorios y sus poblaciones, ciertos actores armados logran, en cierto modo, arraigar allí donde otros han fallado durante décadas.

Varios camiones esperaban el 31 de octubre de 2025 en la frontera entre Costa de Marfil y Malí después del bloqueo impuesto por el JNIM que dejó sin combustible a Bamako, la capital maliense. Fotografía: Issouf Sanogo / Getty



Los grupos armados y su expansión 

La inmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez en 2010 desen­cadenó las revueltas árabes: una ola de protestas que sacudió el norte de África y Oriente Próximo y provocó la caída de varios regímenes autoritarios, entre ellos el del dictador libio Muammar al Gaddafi en octubre de 2011. Su derrocamiento y asesinato marcó un punto de inflexión en la región: el colapso del Estado libio dio paso a la proliferación de milicias y a una masiva circulación de armas, agravada por una fragmentada intervención internacional.

En el suroeste de Libia, combatientes tuaregs que habían luchado del lado de Gaddafi huyeron hacia el Sahel tras su caída, en especial al norte de Malí. Allí, en 2012, la organización político-militar tuareg Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (­MNLA) se alió temporalmente con varios grupos yihadistas para enfrentarse al Estado maliense, logrando el control del norte del país en pocos meses. Sin embargo, esta alianza pronto se rompió, dando paso a una espiral de violencia entre antiguos aliados, marcada por conflictos intercomunitarios, disputas territoriales y economías ilícitas.

El avance de los grupos islamistas hacia el sur motivó una contundente intervención internacional liderada por Francia (Operaciones Serval y ­Barkhane) y respaldada por la MINUSMA, la misión de la ONU. Pese a ello, con el tiempo, los grupos armados lograron adaptarse y expandirse progresivamente, extendiendo su influencia más allá de Malí hacia Burkina Faso y Níger. 

El deterioro de la seguridad y la percepción del fracaso de las respuestas estatales e internacionales contribuyeron a una serie de golpes de Estado militares en los tres países, que en 2023 se agruparon en la Alianza de Estados del Sahel (AES) con el objetivo de reducir la inseguridad y de cortar lazos con los históricos aliados occidentales.

Sin embargo, el Sahel central se ha convertido en el epicentro mundial de la violencia yihadista. Grupos como el JNIM y el Estado Islámico del Gran Sahara han consolidado su control territorial y aumentado la intensidad de sus ataques. En Malí, donde algunas zonas llevan más de una década bajo su influencia, la amenaza al Estado es cada vez más evidente, mientras la violencia comienza a extenderse también a los países costeros del golfo de Guinea, ampliando el alcance regional de la crisis.

Una mujer desplazada amamanta a uno de sus hijos mientras prepara la comida en la parte trasera del patio de la casa en la que se ha instalado junto a su familia a las afueras de Sevaré, en la región central de Mopti (Malí). Fotografía: Juan Luis Rod



El resultado de las encuestas

En un contexto marcado por más de una década de violencia e inseguridad, XCEPT ha encuestado a 77 mujeres peúles –46 burkinesas desplazadas a Costa de Marfil y 31 malienses que viven en zonas bajo control del JNIM– y a 24 informantes clave –ancianos de aldeas, miembros de las fuerzas de seguridad, políticos y actores de la sociedad civil–. La elección de este grupo pastoral no es casual: los peúles, tradicionalmente poco integrados en las políticas y estructuras estatales por su propia idiosincrasia de grupo trashumante transfronterizo, han sido estratégicamente seleccionados por el JNIM para facilitar su arraigo local y expansión territorial, lo que, a su vez, los ha expuesto a acusaciones de connivencia, persecuciones y a una fuerte represión por parte de fuerzas estatales y paraestatales.

Los resultados extraídos del análisis invitan a revisar supuestos muy extendidos –como la idea de que las mujeres son únicamente víctimas pasivas o que el extremismo violento se explica solo por la ausencia de servicios estatales– y a promover enfoques antiterroristas más integrales. En particular, la evidencia subraya la necesidad de respuestas sensibles al género, que reconozcan el papel central de las mujeres en las familias y en la cohesión social; una mejor articulación entre enfoques civiles y militares inclusivos a nivel local y regional; y, por último, la implementación de políticas que refuercen la justicia social, la gobernanza y la relación entre el Estado y las comunidades como elementos clave para reducir la influencia de los grupos armados.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la ­marcada ambivalencia de muchas mujeres respecto a la presencia del JNIM. Por un lado, el grupo es percibido como una fuente de miedo y coerción que restringe sus libertades y transforma profundamente su vida cotidiana. Sin embargo, en determinados contextos, también es visto como un actor que introduce orden y previsibilidad en entornos que antes se caracterizaban por el abandono estatal, la inseguridad y la impunidad.

Las encuestadas coinciden en señalar que a lo largo de la historia se han sentido al margen del Estado, al que perciben como distante, a menudo corrupto o incapaz de garantizar protección frente al bandidismo y la violencia. Si bien existen diferencias entre Malí y Burkina Faso –con una percepción más negativa de los agentes estatales en el caso maliense–, la mayoría afirma que antes del conflicto su visión del Estado era neutral o incluso positiva. Solo a partir de las operaciones antiterroristas –que con frecuencia derivan en abusos cometidos por fuerzas gubernamentales, milicias aliadas y actores extranjeros– se ha producido una profunda erosión de la confianza en el Estado y de su legitimidad ante las comunidades locales. De hecho, tres de cada cuatro encuestadas describió –y en muchos casos afirmó haber vivido de forma directa– el horror de estas operaciones de lucha contra el terrorismo en las que se arrasaron pueblos enteros y familiares –hijos, padres o hermanos– y vecinos fueron asesinados extrajudicialmente o desaparecieron sin dejar rastro. En especial, las respuestas señalan a agrupaciones auxiliares como los grupos de autodefensa de base étnica como los Dozo y las milicias Dan Na Ambassagou, de base dogón, en Malí, o los llamados Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), en Burkina Faso. Además, el grupo ruso de mercenarios Wagner (hoy Africa Corps), fue también señalado como fuente de estas masacres indiscriminadas.

Un grupo de mujeres peúles en un campo de refugiados de Bamako en agosto de 2019. Fotografía: Michele Cattani/Getty



Violencias diferentes

Todas las mujeres encuestadas condenan la violencia del JNIM y describen una fuerte restricción de su libertad cotidiana –en la vestimenta, la movilidad o el trabajo– bajo su control. Sin embargo, muchas consideran que esta violencia es más predecible y menos indiscriminada que la ejercida por los Gobiernos y sus aliados en operaciones antiterroristas. Asimismo, el JNIM ha intervenido positivamente en algunos conflictos locales de larga duración, especialmente en Malí, donde su denominado «modelo de gobernanza» parece haber evolucionado con el tiempo hacia formas más dialogadas y estructuradas, a medida que las comunidades se adaptaban a su presencia. 

Esta situación genera, no obstante, una profunda preocupación entre las encuestadas –en particular entre las malienses que han vivido durante largos períodos bajo control del grupo– ante el riesgo de que sus hijos se acostumbren a esta presencia y terminen normalizándola o incluso adhiriéndose a parte de sus ideas y normas. En muchas zonas de Malí, varias generaciones han crecido sin conocer otra forma de autoridad o gobernanza que la impuesta por el grupo armado, lo que plantea importantes desafíos a largo plazo en términos de cohesión social, legitimidad estatal y prevención del extremismo. Esta situación contrasta con la experiencia más reciente de extrema violencia y coerción vivida en Burkina Faso, donde el JNIM se ha expandido de forma muy rápida en los últimos años y su presencia en las aldeas burkinesas es menos estable. 

La investigación del XCEPT muestra con claridad que los principios que guían a estas mujeres y a sus comunidades, sometidas a años de violencia y marginalidad, están muy marcados por la adaptación como estrategia de supervivencia. El estudio expone de forma especialmente reveladora hasta qué punto están dispuestas a tolerar la autoridad del grupo rebelde e incluso a valorar de manera positiva algunas de las medidas que impone siempre que ello contribuya a evitar nuevas violencias contra sus familias y a reducir la inseguridad.

Por otra parte, aunque el JNIM trata de imponer una interpretación estricta del islam allí donde está presente, la mayoría de las mujeres considera haber logrado esquivar esta exigencia en su vida cotidiana. No obstante, en las zonas en las que el grupo lleva más tiempo asentado, los investigadores sí creen detectar cambios sutiles pero significativos en determinadas creencias y prácticas religiosas, cada vez más alineadas con la visión de los fundamentalistas. En estos mismos contextos también se detecta una mayor implicación de las mujeres en actividades vinculadas al JNIM –como informantes o participando en actividades logísticas–, no (siempre) por convicción, sino por obligación y supervivencia, condicionadas por sus roles como esposas, madres o hijas de combatientes y la necesidad de proteger a sus familias. 

Los resultados de esta investigación trascienden el objetivo específico para el que fue concebida. Más allá de las medidas concretas propuestas para contrarrestar el avance e influencia de estos grupos armados, los testimonios recogidos permiten asomarse y empatizar con la dura realidad que viven millones de personas en el Sahel, donde la inseguridad permanente, una notable ausencia de los Estados y sus servicios, la presencia cotidiana de la violencia y la proliferación de estrategias de supervivencia obligan a tomar decisiones que a priori pueden parecer imposibles en numerosas comunidades.   



Una mujer y varios niños de la comunidad wodaabe, un subgrupo de los fulanis, en Bermo (Níger). Fotografía: Marco Longari / Getty
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