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Por Mohamed Ahmed Al-Kasalawi
Tras tres años y medio de conflicto, la capital de Sudán empieza a recuperar el pulso. Desde que las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) volvieron a controlar Jartum en marzo de 2025, la ciudad intenta recobrar la normalidad en medio de una destrucción generalizada y de una grave crisis económica. El pasado mes de enero, los ministerios dejaron su refugio en la ciudad costera de Port Sudan y ocuparon las dos torres que la compañía nacional de minas había construido antes del inicio de la guerra para sus oficinas. Las originales dependencias de algunos de estos ministerios, situadas en el centro de Jartum, han quedado parcial o totalmente destruidas por los combates. Solamente el Ministerio de Sanidad ha podido reacondicionar con rapidez su sede original.
La recuperación de los servicios esenciales avanza despacio, las infraestructuras eléctricas siguen muy deterioradas y numerosos edificios necesitan rehabilitación. El 1 de febrero, el aeropuerto internacional de Jartum recibió su primer vuelo comercial de pasajeros desde el comienzo de la guerra. Un avión de Sudan Airways procedente de Port Sudan aterrizó con unos 160 pasajeros, en un acontecimiento simbólico para una capital que trata de restablecer sus conexiones con el resto del país.
La recuperación de la actividad universitaria también se ha convertido en una prioridad. El 3 de junio, el ministro de Educación Superior e Investigación Científica, Ahmed Madawi Musa, emitió la Decisión n.º 83 de 2026, que obligaba a las universidades y entidades de educación superior a regresar a sus sedes autorizadas antes del 1 de agosto. La medida pretende restablecer la actividad académica, aunque muchas instituciones todavía necesitan reparar sus instalaciones y recuperar equipos destruidos o saqueados.
Los desafíos son enormes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que una parte sustancial de las instalaciones sanitarias de las regiones más afectadas por el conflicto permanece cerrada o apenas funciona [el 70 % de los centros sanitarios del país han sufrido daños]. En el estado de Jartum, hospitales y centros médicos han sido bombardeados, saqueados y han perdido equipos esenciales. La falta de medicamentos y de un suministro estable de electricidad limita la capacidad de atender a una población que necesita urgentemente asistencia. A esto se añade el déficit de personal cualificado. El 80 % de los enfermeros y enfermeras que trabajaban en el estado de Jartum no han regresado. Algunos han perdido la vida y otros han emigrado. Lo mismo sucede con el 60 % de los médicos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que el número de personas que han vuelto a Jartum alcanza los 2,5 millones. Muchos regresan a viviendas dañadas o inhabitables y se encuentran con servicios básicos insuficientes. Además, la recuperación económica no ofrece suficientes oportunidades: la guerra ha golpeado la industria, el comercio y las pequeñas empresas, mientras la inflación y la pérdida de ingresos agravan la vulnerabilidad de las familias.

Mientras tanto, El Obeid, capital de Kordofán del Norte, trata de consolidar su posición tras meses de presión militar. El pasado 5 de marzo, las SAF y sus aliados recuperaron la ciudad estratégica de Bara, en una vía importante para el abastecimiento de la región. Sin embargo, la lucha por asegurar las carreteras y las localidades circundantes continuó durante los meses siguientes. La recuperación de una posición militar no significa necesariamente que la población civil pueda regresar con seguridad.
Los combates no han terminado, sino que se han desplazado hacia otras regiones. Uno de los focos de tensión es el estado de Nilo Azul, cerca de las fronteras con Etiopía y Sudán del Sur. A comienzos de octubre, las SAF anunciaron que habían rechazado ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y acusaron a Etiopía de apoyar a estas últimas. La coalición insurgente, por su parte, afirmó haber conquistado posiciones estratégicas y amenazó con avanzar hacia Damazin, la capital regional.
Otro frente decisivo se encuentra en Kordofán del Sur, donde las RSF y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), dirigido por Abdel Aziz al-Hilu, mantienen la presión sobre localidades como Dilling y Kaduqli. La complejidad de las alianzas locales y las disputas por el territorio y los recursos naturales dificultan cualquier solución militar. En esta región, como en otras partes del país, el control de las minas de oro –del que hay numerosos yacimientos– y de las rutas comerciales constituye un factor importante de poder. Dilling y Kaduqli parecían a punto de caer, pero las luchas internas entre los miembros de la comunidad otoro, del SPLM-N, y los soldados fieles a Al-Hilu están debilitando sus capacidades. Los otoros son uno de los grandes pueblos que pueblan la región, que tiene a Kauda como capital. Se sienten maltratados por los tiras, que ocupan las posiciones más elevadas de la jerarquía dentro del SPLM-N y que ocupan territorios que los otoros consideran propios.
En cuanto al oro, se ha convertido en uno de los recursos que alimentan la economía de guerra. Los ingresos procedentes de su extracción y comercialización benefician a redes vinculadas a distintos actores armados. Los Emiratos Árabes Unidos son el principal destino del oro sudanés y, a la vez, el principal apoyo de las RSF. Aunque los datos comerciales muestran que el comercio oficial se ha desplazado parcialmente hacia otros destinos, entre ellos Egipto, esa realidad no acaba con las redes de contrabando. La relación entre el oro, las finanzas y el suministro de armas hace que el conflicto sudanés tenga importantes dimensiones internacionales.
En Darfur, las RSF mantienen una posición dominante en amplias zonas, mientras las fuerzas aliadas con las SAF intentan recuperar territorios. La violencia, los desplazamientos y las dificultades para acceder a la ayuda humanitaria continúan afectando gravemente a la población.
En el plano político, el general Abdelfatah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición, ha promovido iniciativas de reconciliación y diálogo con grupos armados. Sin embargo, los sectores vinculados al gobierno paralelo establecido en Nyala y la plataforma civil SUMUD cuestionan la inclusividad de estos procesos y su capacidad para conducir a una solución duradera.
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