A la sombra de las urnas

Las últimas elecciones generales en Zambia demostraron una vez más que es posible celebrar elecciones democráticas pacíficas en África. Sin embargo, lo ocurrido tras los comicios parece indicar que este historial democrático está ahora en el punto de mira.

En torno a esta convocatoria a las urnas sucedieron varias cosas, de las que cuatro merecen especial atención. La primera es que la Comisión Electoral (ECZ) suspendió el 14 de agosto el recuento durante seis horas y el anuncio de los resultados en todo el país. Algunas denuncias de robo de urnas más los ataques que sufrieron miembros de la ECZ en varios colegios justificaron la medida. Organizaciones de la sociedad civil condenaron la suspensión, mientras que la oposición advirtió del riesgo de un amaño. Si era necesario detener el proceso, advirtieron, debería hacerse solo en las zonas afectadas. Cuando se reanudó el recuento, la semilla de la sospecha ya se había sembrado. 

En segundo lugar está la detención de Brian Mundubile, principal líder de la oposición, y de Makebi Zulu, su compañero de candidatura, acusados de traición (ver pp. 24-28). Acogidos en un recinto de la ONU en la capital, fueron entregados a las autoridades estatales con la condición de que se les concediera un juicio justo y se les tratara de forma humana.

En tercer lugar, la victoria de Hakainde Hichilema no fue impugnada ante los tribunales. La Carta Magna contempla que cualquier partido que no esté satisfecho con los resultados electorales tiene derecho a impugnarlos ante el Tribunal Constitucional en un plazo de siete días después del anuncio de los resultados. 

Sin embargo, el séptimo día todos los tribunales de Zambia estaban cerrados. El Gobierno afirmó que lo había hecho por motivos de seguridad nacional. A ojos de muchos críticos, esta medida no solo privó a la oposición de su derecho democrático, sino que también socavó la legitimidad de Hichilema.

En cuarto lugar, el Boletín Oficial del Estado publicó el 7 de septiembre la anulación de los pasaportes de seis zambianos de la diáspora, todos ellos conocidos críticos del Gobierno. Entre ellos se encuentran un bloguero, un académico y varios miembros del Patriotic Front, el antiguo partido en el poder. El Gobierno argumentó que suponen una amenaza para la seguridad nacional. Aunque el pasaporte es propiedad del Estado y puede revocarse en cualquier momento, el momento en que se adoptó la medida sugiere un intento de castigar a los disidentes. Estos acontecimientos revelan una trayectoria que pone en tela de juicio el sistema democrático zambiano. 

Quizás el Parlamento Europeo haya sido la institución que se ha pronunciado con mayor firmeza tras las elecciones. El 17 de septiembre aprobó una resolución sobre la situación ­poselectoral del país. Aunque no es un vinculante y, desde luego, no anula el resultado electoral, la resolución pone a Lusaka en el punto de mira de la comunidad internacional. La forma de salir de esta situación, tal y como recomienda el documento, pasa por crear un organismo independiente para investigar las irregularidades en torno a las elecciones, hacer públicas sus conclusiones y promover que sus responsables rindan cuentas ante la Justicia.

Los llamamientos al diálogo y la reconciliación entre el Gobierno y la oposición son algo que también hay que considerar seriamente. No serán un signo de debilidad por parte del presidente, sino una muestra de transparencia y de preocupación por un espacio democrático saludable en Zambia.

En la imagen superior, un mercado callejero en la calle Patrice Lumumba, de la capital zambiana. Fotografía: Gianluigi Gercia / Getty