Bosques que desaparecen

Por Chimwemwe Padatha

En los últimos tres años, Malaui ha tenido que hacer frente a los efectos del cambio climático. El país se ha visto afectado por potentes ciclones, malas cosechas y sequías. En concreto, el ciclón Freddy causó en 2023 una destrucción masiva, sobre todo en los distritos de la región Sur, donde provocó la muerte de cientos de personas y dañó viviendas e infraestructuras públicas, como hospitales y carreteras.

Los ecologistas siguen presionando al Gobierno para influir en las políticas públicas, subsanar las carencias de financiación y reforzar la resiliencia frente a estas crisis. Además, otra cuestión que plantean los ecologistas es la proliferación de la minería ilegal de oro, a la que se atribuye un impacto significativo en las inundaciones, lo que suscita preocupaciones medioambientales y sanitarias entre la población.

Charles Mkoka, director ejecutivo de la Unión de Coordinación para la Rehabilitación del Medio Ambiente, achaca la culpa a la falta de conciencia sobre sus efectos en la destrucción del suelo y señala que tales actividades aumentan el riesgo de deslizamientos de tierra: «Debemos asegurarnos de que se adopten las medidas necesarias para abordar los problemas relacionados con la minería ilegal de oro, pero también concienciar sobre los peligros que surgen cuando la gente no respeta la normativa. Es muy importante que aumentemos la concienciación sobre las secuelas de este tipo de actividades, así como informar al público sobre las implicaciones del uso de productos químicos».

Las declaraciones de Mkoka reafirman las conclusiones del Informe Nacional sobre el Estado y las Perspectivas Medioambientales, de junio de 2026, que muestra que Malaui pierde unas 250 000 hectáreas de bosque al año, una situación que aumenta la vulnerabilidad del país ante inundaciones, sequías, olas de calor y ciclones. En el documento, los ecologistas reclaman compromisos colectivos para proteger el medioambiente y conservar la biodiversidad. Estas conclusiones se producen ante las advertencias de los meteorólogos de que Malaui podría verse afectado por un súper Niño durante la temporada agrícola de 2026-2027.

El Gobierno en Lilongüe ha respondido a esta advertencia elaborando un plan con el fin de reducir los riesgos de escasez de alimentos y fenómenos meteorológicos extremos, pero los expertos afirman que la estrategia debe ir más allá de la protección de las cosechas: «También debemos centrarnos en la seguridad alimentaria y la protección social, prestando especial atención a los más vulnerables para reducir los efectos del inminente fenómeno de El Niño», afirma Maloto Chinkhombero, experto en medioambiente. Los expertos sostienen que las intervenciones aisladas no serán suficientes. Recomiendan una aplicación más estricta de la legislación ambiental, una mayor inversión en energías limpias, la mejora de las infraestructuras de gestión de residuos y la restauración de los bosques degradados.

A pesar de los retos, hay señales alentadoras. Las administraciones y organizaciones de la sociedad civil están promoviendo la plantación de árboles y la gestión sostenible de la tierra, al tiempo que se invierte en tecnologías de energía renovable. Por otra parte, se está animando al Gobierno de Peter Mutharika a reforzar los sistemas de preparación ante desastres y de alerta temprana para mitigar los efectos derivados de las condiciones meteorológicas adversas. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra el apoyo a las comunidades vulnerables mediante medios de vida resilientes al cambio climático, programas de protección social, seguros para cultivos y ganado, además de acceso a créditos asequibles tras los desastres relacionados con el clima.